Sánchez aprovecha la subida de la luz para recortar los ingresos de la nuclear y la hidroeléctrica

El recibo de la luz no deja de subir ante la decisión de Pedro Sánchez de no rebajar de inmediato y de forma sensible los impuestos que soporta la electricidad en España. Pero la acusación de inacción al Gobierno no es del todo cierta: la realidad es que Sánchez sí se mueve, pero con el fin de amoldar el modelo energético a sus planteamientos ideológicos: el último movimiento será un castigo a la energía nuclear y a la energía hidroeléctrica, a las que dejará de apoyar por su nula emisión de CO2. No hará lo exigido literalmente por Podemos, pero sí irá en esa dirección.

La medida se encuentra ya incorporada a un proyecto de ley que altera el actual sistema de retribución en concepto de CO2 no emitido en el mercado eléctrico. Se trata de un mecanismo que apoya a aquellos tipos de energía que no emiten CO2 con el fin de contribuir a un medioambiente más saludable. Pero, ahora, el Gobierno, prefiere buscar fuentes de financiación con las que aliviar su coste y, de ese modo, poder rebajar algo la factura de la luz de los consumidores sin que al Ejecutivo le cueste el más mínimo esfuerzo.

Inversiones de nucleares e hidroeléctricas

El Gobierno considera que las inversiones de nucleares e hidroeléctricas han sido ya amortizadas de sobra y que ha llegado la hora de cubrir costes del sistema con los “ingresos extraordinarios que obtienen las centrales de generación que no emiten CO2 y son anteriores al nacimiento del mercado europeo de carbono”, como recoge el proyecto de ley.

La futura norma se tramitará por la vía de urgencia para “reducir cuanto antes la factura de los consumidores”. Y plantea recortar los ingresos que reciben las centrales nucleares, el 80% de la potencia hidroeléctrica instalada y los parques eólicos anteriores a la publicación de la Directiva 2003/87/CE. Según la explicación técnica del Gobierno, “los elevados precios de este mercado se repercuten en el mercado mayorista de la electricidad y en la actualidad proporcionan a estas plantas unos beneficios extraordinarios que no se consideran adecuados”. Por ello, el Ejecutivo considera que ha llegado el momento de dejar de abonar a estas centrales los ingresos por no emitir CO2.

Uno de los grandes problemas técnicos para llevar a cabo este recorte de ingresos será la determinación de cuanto hay que quitarles a las energéticas afectadas. Pero el Gobierno asegura tener este asunto perfectamente delimitado en su norma: “Al objeto de determinar la cuantía del dividendo de carbono a detraer, el borrador normativo recoge una fórmula matemática que tiene en cuenta elementos como la producción eléctrica de las referidas instalaciones y el precio del CO2 en el ETS, a partir de su valor medio desde que el mercado se reformó en 2017 hasta la actualidad”.

Y, según esa fórmula, el recorte de ingresos puede oscilar entre los 199 millones de euros anuales con la tonelada de CO2 a 30 euros y los 1.691 millones con la tonelada a 100 euros. Con los actuales precios del ETS, el importe de la minoración sería de unos 625 millones, alrededor del 16% de la facturación media de las instalaciones.

No se trata de la única encerrona del Gobierno a las energéticas a costa de la presión política por el encarecimiento de la luz. Pedro Sánchez ha pensado en otra fórmula para sacudirse la polémica por la subida del recibo de la luz.

Las renovables

El Gobierno no quiere asumir grandes sacrificios renunciando a impuestos, pero quiere sacar del recibo de la luz el pago que corresponde al apoyo a las renovables. Para financiar esos pagos pretende crear un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema eléctrico. Y allí estarán las eléctricas para que asuman parte de ese abono, en muchas ocasiones, a ellas mismas.
El Consejo de Ministros aprobó en junio el Proyecto de Ley de creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). Los objetivos que se anunciaron en aquel momento para el fondo eran cuatro: «Dar las señales adecuadas para la electrificación de la economía, asegurar la sostenibilidad del sistema eléctrico, aportar certidumbre a las inversiones para la transición energética y conseguir reducir la factura para hogares y empresas».

Este último punto es el que más está centrando ahora la atención del Gobierno: porque pretende trasladar a ese fondo parte de los costes regulados que pagan ahora todos los consumidores en su recibo de la luz. Al quitar esa partida, en teoría, debería bajar el recibo (siempre que las eléctricas no repercutan los costes en el coste del kW), y quien pasaría a pagarlo sería el fondo citado, donde el Gobierno pretende que estén todas las energéticas -renovables y no renovables- para financiar ese coste sin que tenga que hacer ningún esfuerzo fiscal el Gobierno.