Gobierno de España

Sánchez subvencionará casas para temporeros inmigrantes tras haber construido sólo 350 viviendas públicas

El Gobierno destaca la "precariedad" de las mujeres llegadas por la migración circular que fomenta el Ejecutivo

Sánchez prometió edificar 184.000 inmuebles de titularidad estatal esta legislatura para toda la ciudadanía

Sánchez inmigración
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

El Gobierno de Pedro Sánchez subvencionará las casas para los temporeros inmigrantes que están viviendo en asentamientos chabolistas. Un dato que choca con las apenas 350 viviendas públicas de titularidad estatal que ha entregado a la ciudadanía española, pese a haber prometido que edificaría 184.000 inmuebles desde el inicio de la legislatura, en septiembre de 2023.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, prepara un proyecto de orden ministerial para regular «la concesión de subvenciones para la erradicación de asentamientos irregulares de personas trabajadoras temporeras».

Las ayudas irán destinadas a los ayuntamientos, que tendrán que invertirlas en «la construcción de inmuebles ubicados en entornos no segregados para personas trabajadoras temporeras residentes en asentamientos irregulares». Es decir, levantar casas en otros lugares diferentes a los habituales en los que se suelen ubicar «los  asentamientos chabolistas» de los temporeros inmigrantes.

Además de su construcción, las ayudas también se podrán destinar a la «adecuación de inmuebles» en barrios diferentes a los de esas «infraviviendas», como las que describe la cartera de Bustinduy.

Para ello, si es necesario, también se sufragará la «adquisición de inmuebles» siempre que se destinen al «alojamiento de personas trabajadoras temporeras residentes en asentamientos irregulares».

«Planes de realojo» de temporeras

Para poder beneficiarse de estas ayudas, los consistorios tendrán, entre otras cosas, que entregar un «plan de realojo» de los temporeros que estén en esos asentamientos. Ese proyecto tendrá que priorizar la reubicación de las familias con niños menores, las personas con condiciones de salud precarias y los temporeros que permanezcan en el mismo municipio.

El texto de esta orden ministerial, aún en borrador, subraya que habría que tener en cuenta un «impacto por razón de género». Si bien asegura que la vida en «asentamientos irregulares impacta negativamente a todas las personas», la situación «afecta de forma desproporcionada a las mujeres, especialmente a las migrantes».

«Las mujeres tienen una mayor probabilidad de enfrentarse a situaciones de violencia de género, explotación sexual y condiciones extremas de precariedad», lamentan desde el Gobierno. Para ello, también exige «medidas de inclusión específicas para mujeres».

Sobre todo, según señala el propio texto, las «contratadas en origen para campañas agrícolas». «Pierden su alojamiento tras finalizar el contrato y acaban en asentamientos sin recursos ni protección, tratando de buscar ingresos para subsistir», recalcan.

Fomento de la llegada de temporeras

Sin embargo, la realidad es que ese tipo de contrataciones está siendo alentado por el propio PSOE. La principal formación del Ejecutivo de coalición pretende «ampliar programas como el Wafira», un proyecto de la conocida como migración circular. Hasta ahora, el Gobierno viene fomentando anualmente la contratación en origen, es decir, antes de llegar a España, de 250 mujeres marroquíes.

El PSOE presentó una proposición no de ley para la «puesta en valor del trabajo de las mujeres rurales, con especial atención a las trabajadoras migrantes, en el campo español». Esta medida persigue «seguir desarrollando y ampliando programas como el Wafira, para mujeres temporeras que cada año vienen a España a la recogida de frutos rojos».

Se trata de un plan de migración circular entre España y Marruecos para traer a 250 mujeres marroquíes a recoger la fresa a Huelva a cambio del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que está fijado en los 1.134 euros o 53,71 euros por jornada.

El salario para esos trabajos, según recoge el convenio colectivo del campo para la provincia de Huelva en 2024 es, para un recolector de la fresa, 47,08 euros, pero reciben un suplemento para llegar al SMI de 10,87 euros al día. En total, percibirán 57,95 euros al día, prácticamente el salario mínimo. Paradójicamente, la palabra wafira, nombre del proyecto, significa «abundancia» en árabe.

A pesar de los escasos ingresos que recibirían las temporeras marroquíes, se defiende que entre los objetivos de este plan de migración circular esté «empoderar a las temporeras». Además, tiene como meta impulsar la «migración legal, ordenada y segura» y «generar emprendimiento en zonas rurales de Marruecos».

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