Sánchez reconocerá hasta 23 tipos de víctimas de la Guerra Civil en pleno año electoral

Una de las medidas incluidas en la llamada Ley de Memoria Democrática -aprobada gracias a Bildu y que entró en vigor en octubre del año pasado- es la puesta en marcha de un «registro de víctimas» de la Guerra Civil y la dictadura. Para ello, el Gobierno pondrá a disposición de las víctimas, sus familiares y las «entidades memorialistas» un formulario en el que podrán remitir la «información relevante sobre la represión padecida, el fallecimiento o desaparición, así como el lugar y la fecha en que ocurrieron los hechos». Con esos datos se elaborará un censo público de víctimas, que incluirá tanto a las personas fallecidas y declaradas fallecidas como a las supervivientes. El formulario que prepara el Gobierno, y al que ha tenido acceso OKDIARIO, establece hasta 23 tipos diferentes de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Así, las víctimas o sus familiares tendrán que identificarse en una de las siguientes categorías, de acuerdo al extenso listado que ha elaborado Moncloa: desaparecido/a; ejecutado/a extrajudicial; ejecutado/a sumarísimo; exiliado/a; maquis/guerrillero antifranquista/persona que mostró apoyo; muerto/a en acción bélica distinta (civil y no combatiente en general); muerto/a en combate; menor sustraído/a y adoptado/a sin consentimiento de progenitores; persecución/violencia por pertenecer a masonería/sociedades teosóficas; persecución/violencia por razón conciencia/creencias religiosas; preso/a por sus ideas políticas; preso/a y muerte bajo custodia; preso/a y trabajos forzosos; preso/torturado/asesinado en campo de concentración nazi; represaliado/expulsado de Fuerzas Armadas por pertenecer a la Unión Militar Democrática; represaliado/a por prestar asistencia a víctimas; represión económica por sanción o por incautación de bienes; represión por su orientación o identidad sexual; represaliada por razón de género (humillaciones públicas, rapadas, violaciones); represaliado/a laboral; represaliado/a por uso/difusión de su lengua propia y torturado/a.

El formulario también pide identificar si se trata de una «víctima causada por republicanos o sublevados», así como describir el «hecho represivo», señalando en ese caso la «fecha de detención», el «centro de internamiento» y, en su caso, la «fosa». La víctima en cuestión se identificará con su nombre, constando también si es preciso el apodo, y consignará otros datos personales como la fecha y lugar de nacimiento, residencia y defunción, la profesión, la afiliación política/sindical y el rango y cargo. También se podrá reseñar una breve biografía.

«Consejo de Memoria»

El Gobierno prepara ya un real decreto para poner en marcha este registro de víctimas, así como la creación del Consejo de la Memoria Democrática, un organismo público que tendrá, entre sus funciones, la constitución de una comisión «académica» para investigar «las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra [Civil] y la dictadura, como forma de favorecer la convivencia democrática», según explicita en la norma.

Moncloa pretende «contribuir al esclarecimiento» de esas supuestas «violaciones de derechos humanos» pese a que la comisión no tendrá un carácter judicial. Para ello se recopilarán testimonios y documentos que permitan «con objetividad e imparcialidad» elaborar recomendaciones «para la reparación de las víctimas y evitar que tales hechos vuelvan a repetirse en el futuro». Estará formada por «personas de recogido prestigio en el mundo académico y en el ámbito de los derechos humanos».

La ley también obliga al Gobierno a designar una «comisión técnica» que elabore un estudio sobre la presunta vulneración de derechos «entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983» y señale «vías de reconocimiento» a las víctimas. Esta medida fue una de las imposiciones de Bildu para aprobar la ley.

Víctimas

La Ley de Memoria Democrática considera «víctima» de la Guerra Civil y la dictadura a «toda persona, con independencia de su nacionalidad, que haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales, o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante el período que abarca el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la posterior Guerra [Civil] y la dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978».

Pero, además, el Gobierno extiende esa consideración a sus familiares hasta el cuarto grado e incluso a «las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega». Ser víctima dará derecho a «obtener una Declaración de reparación y reconocimiento personal».

Campaña

En vísperas de un intenso ciclo electoral, Pedro Sánchez meterá una vez más a Franco en campaña. Aprobada la Ley de Memoria Democrática, quedan aún importantes medidas pendientes, como las exhumaciones del Valle de los Caídos, la expulsión de los monjes benedictinos o la prohibición de las asociaciones que hagan apología del franquismo.

Esta misma semana, Moncloa confirmaba la exhumación del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, cuyos restos saldrán este lunes del Valle de los Caídos. La familia ya ha advertido que su deseo es llevar a cabo el proceso en la más estricta intimidad y que éste no debe «convertirse en una exhibición pública propensa a confrontaciones de ninguna clase entre españoles», como era intención del Gobierno.