Sánchez ya prepara el decreto para reconocer como «víctimas» de Franco hasta a los primos de los maquis

El Ministerio de la Presidencia prepara el real decreto por el que creará el llamado Consejo de la Memoria Democrática y el registro estatal de entidades memorialistas. Además, el decreto ampliará el reconocimiento de  las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista a los familiares «hasta el cuarto grado», es decir, hasta primos, sobrinos y bisnietos.

La llamada Ley de Memoria Democrática, aprobada gracias a Bildu y que entró en vigor en octubre del año pasado, recoge que será reconocida como «víctima» de la Guerra Civil y la dictadura «toda persona, con independencia de su nacionalidad, que haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales, o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante el periodo que abarca el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la posterior Guerra y la dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978».

La ley recoge expresamente varios supuestos, como los fallecidos y desaparecidos por la Guerra Civil y la dictadura, quienes sufrieron torturas «como consecuencia de la guerra, la lucha sindical y actividades de oposición a la dictadura», los españoles deportados a campos de concentración nazis, exiliados, quienes «padecieron la represión económica con incautaciones y pérdida total o parcial de bienes, multas, inhabilitación y extrañamiento», los LGTB «que sufrieron represión por razón de su orientación o identidad sexual», los «depurados o represaliados profesionalmente por ejercer cargos y empleos o trabajos públicos durante la Segunda República o por su oposición a la dictadura» o aquellos que «participaron en la guerrilla antifranquista». También serán víctimas «las personas represaliadas o perseguidas por el uso o difusión de su lengua propia», las «personas represaliadas y expulsadas de las Fuerzas Armadas por pertenecer a la Unión Militar Democrática» o «por pertenecer a la masonería o a las sociedades teosóficas y similares». La ley advierte que «una persona será considerada víctima con independencia de que exista o no autoría conocida de la violación de sus derechos».

Pero, además, la norma reconoce como «víctimas» a los familiares de estos, «entendiéndose por tales a la persona que haya sido cónyuge de la víctima o persona ligada por análoga relación de afectividad, sus descendientes, sus ascendientes y sus colaterales hasta el cuarto grado». Y también «las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega».

Igualmente se indica que «los partidos políticos, sindicatos, las instituciones de autogobierno catalanas y vasca y las corporaciones locales, minorías étnicas, asociaciones feministas de mujeres, instituciones educativas, así como agrupaciones culturales y otras personas jurídicas represaliadas por la dictadura serán objeto de las medidas específicas de reconocimiento y reparación contempladas en la ley». Las víctimas tendrán derecho a obtener una «declaración de reparación y reconocimiento personal».

A lo largo de este año, de acuerdo con la ley, el Gobierno tendrá que designar una «comisión técnica» que elabore un estudio sobre las «medidas de reparación de carácter económico» para las víctimas. El objetivo es analizar su cobertura «y los déficits subsanables». Además, por imposición de Bildu, se constituirá otra comisión para indagar «los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos». Esta medida resultó especialmente polémica por extender su ámbito de aplicación hasta el 31 de diciembre de 1983, es decir, ya bajo el mandato de Felipe González.

El decreto que prepara Moncloa incluirá también la puesta en marcha del registro y censo de víctimas, así como la creación del Consejo de la Memoria Democrática, un organismo público que tendrá entre sus objetivos promover el desarrollo de la ley.

Campaña

Sánchez está dispuesto a enarbolar en campaña sus políticas contra Franco. Así, el programa marco para los candidatos autonómicos y municipales incluye abundantes referencias a la «memoria democrática», con medidas como la eliminación o retirada de vestigios que exalten el golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista o que enaltezcan a sus protagonistas. El socialista también promete la localización y exhumación de las víctimas.

Quedan aún varias medidas pendientes, como la «resignificación» del Valle de los Caídos, ahora renombrado como Valle de Cuelgamuros, o la expulsión de los monjes benedictinos de este lugar. Este lunes está prevista además la exhumación del líder de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, que, por expreso deseo de la familia, se desarrollará en la más estricta intimidad. Así lo expresaron ya en un comunicado, en octubre, en el que advertían también que la exhumación no debía «convertirse en una exhibición pública propensa a confrontaciones de ninguna clase entre españoles». Un mensaje implícito al Gobierno, que convirtió la exhumación de Francisco Franco en todo un acto propagandístico. De hecho, el propio Sánchez se declaró orgulloso de esa actuación y declaró que pasará «a la historia por haber exhumado al dictador de un gran monumento como el que construyó en el Valle de los Caídos».