Sánchez quiere cerrar tres grandes centros científicos mientras habla de relanzar la investigación

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El ministro de Ciencia, Pedro Duque, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Carlos Cuesta

Pedro Sánchez afirma que está en pleno lanzamiento de un plan de apoyo a la investigación. Y la forma de celebrarlo no es otra que preparar el cierre de tres de los grandes centros de investigación públicos. Así lo ha desvelado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, que ya ha rechazado el denominado Pacto por la Ciencia del ministro Pedro Duque. Y lo ha hecho por las evidencias de que el Gobierno se prepara para debilitar y posteriormente cerrar el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y el Instituto Nacional de Investigaciones y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

La oposición de CSIF ha sido inmediata. El sindicato ha reclamado ya que el plan del Ministerio de Ciencia incluya una referencia al papel fundamental de las Universidades públicas, que realizan cerca del 70% de la investigación que se hace en España. “No parece justo ni razonable excluir de un Pacto por la Ciencia y la Innovación la magnífica labor de investigación, innovación y transferencia que realiza el Personal Docente e Investigador universitario, en unas condiciones muy limitadas y poco favorables”, señalan fuentes sindicales.

Pero CSIF va a más. “Exigimos garantías para el mantenimiento del actual sistema público de investigación en España. Es necesario mantener el actual estatus jurídico y administrativo de los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) como el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), el Instituto Español de Oceanografía (IEO) o del Instituto Nacional de Investigaciones y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), para que puedan seguir desarrollando la labor científico-técnica y de servicios que vienen prestando a la sociedad española desde hace más de 150 años”, denuncia el sindicato.

Y es que, como aclaran sin matices desde CSIF, «se hace preciso evitar su desaparición, que ha planteado el Ministerio de Ciencia e Innovación, poniendo en marcha un plan de absorción de estos OPIs por el CSIC, que entendemos perjudicial para el sistema público de investigación en España, puesto que eliminará estos organismos centenarios y no garantiza suficientemente el mantenimiento de los servicios que prestan actualmente a la sociedad”.

Desde el sindicato señalan que “este proceso no ha sido negociado en los cauces establecidos para la negociación entre Administración y sindicatos. Igualmente, consideramos que se deberían haber incluido también a estos tres OPIs, junto con el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), porque también son entidades financiadoras del sistema, a través de sus propios presupuestos. CSIF intentará modificar el Pacto proponiendo enmiendas a los grupos parlamentarios en el Congreso”.

La queja de CSIF incluye a otro sindicato: “Creemos también que es significativo que ninguna otra organización sindical, salvo UGT, haya suscrito tampoco el pacto. Las organizaciones sindicales somos los representantes legales de los trabajadores y trabajadoras, y al menos, habría que reflexionar sobre las razones de su ausencia entre los firmantes del Pacto por la Ciencia y la Innovación”.

Relanzar la investigación

Hay que recordar que este plan surge meses después de que el Consejo de Ministros haya aprobado la teórica gran propuesta del Ministerio de Ciencia e Innovación, con Pedro Duque a la cabeza, para relanzar la investigación española: un plan de 134,4 millones de euros que incluye un supuesto y muy alardeado impulso a los científicos. Eso sí, a aquellos científicos que quieran quedarse a trabajar en España y no partir camino de laboratorios que paguen mejor en otros países. Y es que las condiciones salariales parecen dignas de cualquier cosa menos de ser anunciadas como fichajes: 1.400 euros al mes.

El acuerdo del Consejo de Ministros permite al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) impulsar la convocatoria 2021 de subvenciones para la Acción Estratégica en Salud (AES). Todo ello tendrá un coste presupuestario de 134,4 millones de euros, un 33,2% más que en 2020. Y esta cantidad, además, podrá incrementarse en 55 millones de euros si efectivamente llega el volumen de dinero esperado procedente del plan de rescate a España de la Unión Europea.

Y esa convocatoria para 2021 ha incluido “importantes novedades en el ámbito salarial y en el impulso a la investigación en red y cooperativa”, según el Ministerio de Ciencia.

“La Acción Estratégica en Salud es la principal herramienta para la financiación de la investigación biomédica y sanitaria en España, a través de la concesión, cada año, de diferentes subvenciones para el desarrollo de proyectos de investigación y la contratación de investigadores”, señala la documentación del Gobierno. El objetivo global de la AES es contribuir a fomentar la salud y el bienestar de la ciudadanía, así como desarrollar los aspectos preventivos, diagnósticos, curativos, rehabilitadores y paliativos de la enfermedad, potenciando la competitividad internacional de la I+D+i del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Y, por todo ello, dice el Gobierno que apuesta por «resultados en cuatro grandes áreas de conocimiento: la atención primaria y la cronicidad; la inflamación y la inmunobiología; las terapias avanzadas y el ictus. Cada una de estas cuatro áreas, que reflejan algunas de la más importantes prioridades sanitarias del país, incluirán grupos de investigación procedentes de al menos 10 comunidades autónomas y se enfocarán en el logro de resultados relevantes y medibles en salud como consecuencia de su cooperación científica, en lo que va a ser uno de los mayores ejercicios de cohesión territorial orientada al aporte de valor de la ciencia del SNS hacia a los ciudadanos”.

¿Y quién debe reforzar esas áreas? Pues, según el programa de contratación que lanza el mismo Ministerio, científicos con sueldos brutos anuales de poco más de 20.000 euros. Es decir, de poco más de 16.000 euros netos al año: menos de 1.400 euros al mes.

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