Sánchez gastará 23 millones en instruir a los españoles sobre ciberseguridad pese a no revisar su móvil
El plan de comunicación institucional del Gobierno para 2022 reserva hasta 23 millones de euros para concienciar a los ciudadanos y empresarios sobre ciberseguridad. Se trata del mayor gasto presupuestado para una campaña institucional. La inversión adquiere especial significado pues se ejecutará precisamente tras la crisis por el espionaje a los móviles del presidente Pedro Sánchez y los ministros Margarita Robles (Defensa) y Fernando Grande-Marlaska (Interior).
El gasto previsto supera ampliamente al de la segunda campaña más cara para este año, que corresponde al Ministerio de Igualdad, con 10,7 millones de euros. También duplica la campaña de mayor gasto del año pasado, la que se realizó para sensibilizar sobre la vacunación contra el Covid, cuyo importe fue de 10,8 millones. La campaña, que corresponde al Instituto Nacional de Ciberseguridad, se difundirá a lo largo de todo este año. Según se indica, su objetivo es «impulsar el impacto de determinadas actuaciones y servicios públicos en materia de ciberseguridad para llegar a una mayor proporción de público ciudadano y empresarial». Se prestará especial atención «al colectivo de familias y menores de edad». En concreto, el coste previsto es de 22.918.750 euros.
Espionaje
Y todo ello, tras conocerse el espionaje con el sistema Pegasus a los móviles del presidente del Gobierno y de los titulares de Defensa, Margarita Robles, e Interior, Fernando Grande-Marlaska. El análisis encargado al Centro Criptológico Nacional (CNN) ha concluido que estos terminales fueron espiados entre mayo y junio del año pasado, en plena escalada de tensión con Marruecos por la inmigración y la acogida del líder del Frente Polisario Brahim Ghali en España. El informe del CCN ha constatado además un intento fallido de ataque al terminal del ministro de Agricultura Luis Planas.
El Gobierno instruirá así a los españoles sobre ciberseguridad pese a que, según la versión de Moncloa, durante un año no se percató del espionaje. Y ello, pese a que el Centro Nacional de Inteligencia advirtió convenientemente en julio pasado de la amenaza de Pegasus e incluso instó a los altos cargos a revisar sus dispositivos para comprobar si habían sido infectados.
Es más, el CNI llevaba advirtiendo en sus informes desde 2019 de la amenaza de este programa espía, utilizado por actores estatales para el robo de información altamente sensible. En concreto, como reveló este periódico, el documento Ciberamenazas y Tendencias, publicado en mayo de ese año, ya contiene una alusión a este sistema.
Pese a contar con estas alertas, el Gobierno anunció el pasado martes la destitución de la directora del CNI, Paz Esteban, que había sido reclamada por los socios separatistas de Pedro Sánchez. El Ejecutivo ha esperado a disponer del informe de los servicios secretos sobre el espionaje a los dispositivos de los ministros para fulminar a la jefa de los servicios secretos españoles.
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