Sánchez gasta 1,5 millones en un programa informático para agilizar la acogida de ilegales
El Gobierno de Pedro Sánchez admite el "fuerte incremento de peticiones que se está produciendo" y considera que abordar la inmigración es un "desafío" por sus implicaciones para la seguridad del Estado.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha formalizado la contratación de los servicios informáticos para agilizar la gestión de solicitudes de acogida de inmigrantes. El contrato ha sido adjudicado a la empresa GMV Soluciones Globales Internet, S.A.U, por 1,44 millones de euros.
El Ejecutivo justifica el contrato en que «para resolver las solicitudes de protección internacional y del estatuto de apátrida se requiere disponer de una aplicación o sistema de información que gestione el ciclo de vida completo de los expedientes».
El Gobierno socialista asume que «las necesidades actuales requieren una mayor flexibilidad» en el sistema, entre cuyos objetivos está «atender el fuerte incremento de peticiones que se está produciendo» y «mejorar los tiempos de resolución de las solicitudes, reduciendo las listas de espera actuales».
En su memoria justificativa, el Ejecutivo admite además que las cifras de inmigración son de récord. Según los datos del Ministerio del Interior, 59.048 inmigrantes entraron en España de forma irregular en 2018, un 129% más con respecto al año anterior. El número total de entradas irregulares superó así las llegadas registradas en 2015, 2016 y 2017 juntos.
Seguridad del Estado
Pese a que en su discurso público el Gobierno insiste en una política de inmigración blanda, admite al mismo tiempo en sus documentos los riesgos que esto conlleva.
Así, en la misma memoria asume el «desafío» de abordar «los crecientes flujos migratorios» y reconoce que «constituye una cuestión esencial de interés público, puesto que influye en temas tan relevantes como la seguridad del Estado», entre otros. El Gobierno destaca además que «resulta de claro interés público proceder a su licitación de manera urgente». El procedimiento se inició en enero.
La cuestión migratoria es una de las prioridades para Sánchez, y así lo recoge en sus diferentes propuestas electorales. En el programa marco para el 26-M, por ejemplo, se admitía como referente la política de inmigración desarrollada durante los gobiernos de Rodríguez Zapatero, cuando «se impulsó la integración de inmigrantes como ciudadanos de pleno derecho, favoreciendo su incorporación al mercado laboral».
En este contexto, y entre otras medidas, los socialistas proponían, por ejemplo, un «esfuerzo de conocimiento» de las «lenguas y culturas» de los inmigrantes a fin de «propiciar» su «integración».
Para el PSOE, «hacer frente a la diversidad cultural es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo» y «una manera de preparar adecuadamente el futuro de nuestras sociedades».
El Ejecutivo prepara además un plan que implicará desde el «sistema educativo» a los «medios de comunicación» para trasladar una «información rigurosa» sobre las «condiciones de vida de las que huyen los inmigrantes, así como sobre su efectiva integración en nuestra sociedad, haciendo visibles ejemplos de éxito». Según el PSOE, «resulta urgente revertir el ‘miedo al diferente’ y la creciente falta de empatía mediante campañas de sensibilización y de implicación del voluntariado».
En este contexto, se promoverá la «penalización de cualquier delito de odio o cualquier forma de discriminación social o laboral» y se introducirá la tasa de empleados inmigrantes en las claúsulas sociales de los pliegos de condiciones para las licitaciones públicas.