Sánchez extiende la amnistía desde 2012 a la actualidad para que Puigdemont no sea juzgado por terrorismo

El acuerdo político suscrito por el PSOE con Junts para la investidura de Pedro Sánchez avanza que la ley de amnistía de los delitos cometidos durante el procés abarca desde 2012 hasta la actualidad para incluir el último caso que afecta a Carles Puigdemont. De este modo, las partes han introducido también aquí la imputación del ex presidente catalán por terrorismo -hecho conocido el lunes- en la causa del violento Tsunami Democràtic, plataforma puesta en marcha en 2019 para organizar protestas masivas contra la sentencia condenatoria del golpe del 1-O.

Tanto el texto del pacto de investidura como uno de sus negociadores, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, han confirmado tal extremo, a la espera de conocerse todavía el contenido e la proposición de ley de amnistía -no está cerrada- que será registrada por el PSOE y sus socios en el Congreso de los Diputados.

En una comparecencia en Bruselas, Cerdán ha manifestado que la proposición abarcará a encausados en el procés «desde el año 2012» hasta el momento actual. El negociador socialista ha revelado que la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de dirigir sus pesquisas sobre Tsunami Democràtic y contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont, algo que trascendió el lunes, llevó a Junts a «revisar» lo que estaba negociado ambos partidos sobre la ley de amnistía.

«Evidentemente, lo que ha sucedido durante la semana con las imputaciones por terrorismo a Carles Puigdemont les ha invitado también, a Junts, a hacer una relectura y volver a revisar todo lo que teníamos hablado. Por eso también se demoran las negociaciones», ha reconocido el colaborador del Sánchez sobre esta cuestión, en la que también ha cedido el PSOE.

El pasado lunes cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia dirigió las pesquisas contra Puigdemont e imputó a una decena de personas, entre ellas su mano derecha, Josep Lluis Alay, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, recoge Ep.

El magistrado ofreció al ex presidente catalán fugado y eurodiputado comparecer voluntariamente ante la Audiencia Nacional porque, para imputarle formalmente, antes debe recabar el permiso de la Eurocámara, a la que pertenece, y del Tribunal Supremo, ante el que está aforado.

Asimismo, el documento del acuerdo entre PSOE y Junts, difundido este jueves con la firma de Cerdán y el secretario general de Junts, Jordi Turull, dedica un apartado a la ley de amnistía para «procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato».

Amnistía para «4.000» encausados

«Esta ley -indica el texto- debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos». El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha venido reclamando una amnistía para «4.000» encausados en el procés.

En este sentido, añade el escrito, «las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto ‘lawfare’ o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».