Sánchez esquivó el dictamen del Consejo de Estado para despenalizar los piquetes violentos

El Gobierno ha logrado luz verde del Congreso, gracias a sus socios, para despenalizar los piquetes violentos con la derogación del artículo 315.3 del Código Penal. Se trata de una vieja reivindicación de los sindicatos que, a partir de ahora, verán satisfecha su aspiración de que impedir el derecho al trabajo mediante coacciones no sea castigado de manera específica.

El Ejecutivo tenía prisa por sacar adelante esa reforma, incluida en el acuerdo PSOE-Podemos, y la ha tramitado con la fórmula de la proposición de ley, lo que le ha permitido sortear informes -aunque no vinculantes- que podrían ser desfavorables, como los del Consejo de Estado o de expertos juristas. Una reforma del Código Penal suele tramitarse como proyecto de ley del Gobierno, pero en esta ocasión se ha recurrido a una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. La reforma para despenalizar los piquetes violentos pasará ahora al Senado, donde el PSOE solicitará su tramitación por la vía de urgencia, con el fin de que pueda estar en vigor el 1 de mayo, Día del Trabajador.

El derogado artículo 315.3 sobre los piquetes violentos establece que «quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses». La derogación impacta de lleno en el derecho fundamental al trabajo.

Además de la derogación del mencionado artículo relativo a sobre los piquetes violentos, el Ejecutivo obligará a la revisión de las sentencias firmes dictadas de conformidad con la legislación que se deroga.

Críticas

Partido Popular y Vox se han mostrado muy críticos con la iniciativa del PSOE, avisando de que va en contra del derecho a trabajar.

«Estamos inmersos en una crisis pavorosa. Ustedes que tanto dicen escuchar a la calle tienen miedo a la calle, a la reacción de los trabajadores ante su manifiesta incompetencia y necesitan comprar la paz social», ha señalado Jaime de Olano, diputado del PP. «Para pagar porque no se perturbe el sueño de Pedro Sánchez, lo que haga falta», ha añadido. El Gobierno ha incrementado este año un 56% las subvenciones a los sindicatos.

Desde el PP se han recordado los disturbios violentos en las calles españoles de las últimas semanas, alentados desde Podemos, y  se ha acusado al Gobierno de «aprobar una suerte de amnistía encubierta para los violentos». «Está en peligro la libertad», ha advertido el diputado.

Por su parte, desde Vox, Juan José Aizcorbe ha advertido también de que «la propuesta puede traer consecuencias indeseables sesgando la libertad de los trabajadores» y ha hablado de «barra libre para que algunos liberados coaccionen el derecho al trabajo», algo que, ha señalado, «no se puede tolerar».

Según Vox, el Gobierno «pretende dejar impune la violencia en la que la izquierda se mueve cómodamente». El PNV, socio prioritario del Gobierno, también ha presentado su propia enmienda, para mantener las penas, aunque rebajadas, al delito de coacciones en una huelga.

Desde Podemos, Aína Díaz ha señalado que el artículo fulminado «criminaliza un derecho fundamental» y se ha declarado una «orgullosa piquetera». Asimismo, ha señalado directamente al empresariado, señalando que «vulnera derechos fundamentales con total impunidad». Por parte del PSOE, Andrea Fernández ha admitido que es «una de las deudas históricas con el sindicalismo».

Cabe recordar la reciente polémica con el informe del Consejo de Estado sobre el decreto para el reparto de los fondos europeos para la reconstrucción de la economía tras la pandemia.

El dictamen fue ocultado por el Gobierno al Congreso de los Diputados durante el debate, un hecho que fue revelado por el líder del PP, Pablo Casado, quien, durante una sesión de control, acusó a Moncloa de haber sustraído el informe al conocimiento de los diputados.

El organismo censuró al Gobierno por «la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones» en el decreto, por el que se regirá el reparto de los 140.000 millones de euros que llegarán a España procedentes de Bruselas.