Sánchez enfurece a los funcionarios: deja sin vacuna prioritaria a personal de Justicia o Correos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a enfurecer a los empleados públicos. Su última decisión ha sido la de sacar al conjunto de los funcionarios centrados en servicios esenciales de la estrategia prioritaria para recibir la vacuna. La decisión de Sánchez permitirá el acceso urgente a estas vacunas sólo a determinados puestos de cada área y no de forma global. De ese modo, quedan fuera del plan de protección acelerada frente al Covid empleados de Justicia, de Correos (que estos días se han dedicado, por ejemplo, a garantizar el voto por correo en Cataluña), de la Administración General del Estado, Vigilancia Aduanera y Portuaria, agentes forestales y medioambientales, además de personas trabajadoras de otros servicios esenciales que desarrollan su actividad en entornos cerrados.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha dado ya la voz de alarma frente a esta decisión y ha anunciado que atenderá las quejas y consultas del personal esencial excluido. Eso sí, desde el sindicato advierten: “Lamentamos la improvisación y falta de interlocución de Sanidad y Función Pública”.

CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, está recibiendo ya las quejas y consultas de personal de diferentes ámbitos esenciales que han sido excluidos de la estrategia de vacunación frente al Covid adoptada por el Ministerio de Sanidad.

Se han quedado fuera personal de Justicia, Correos, Administración General del Estado, Vigilancia Aduanera y Portuaria, agentes forestales y medioambientales, y más trabajadores de servicios esenciales que desarrollan su actividad en entornos cerrados y, por lo tanto, especialmente peligrosos a la hora de los contagios.

Todos ellos se centrarán en atender labores que permanecen abiertas y donde puede entrar en contacto con focos de contagio. Pero, pese a ello, el Gobierno, ante la falta de vacunas, ha decidido prescindir de buena parte de cada uno de estos departamentos en sus planes de vacunación prioritaria.

Desde CSIF lamentan de nuevo “la improvisación y la falta de interlocución con los representantes de los trabajadores a la hora de determinar las profesiones esenciales, pese a que la semana pasada lo reclamó el sindicato de manera formal, tanto a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, como a las comunidades autónomas. Exigimos una reunión para redefinir estas profesiones”, añaden.

En el caso de la Administración de Justicia, se trata del primer colectivo de la administración que inició la desescalada, con un desconfinamiento gradual y progresivo de su personal, precisamente porque se consideró un servicio esencial. Pese a ello, parte de ese colectivo se ha quedado al margen.

Vacunación a través de Muface

Por otra parte, CSIF se ha dirigido a Muface para preparar la vacunación del personal funcionario acogido al sistema del mutualismo administrativo. El objetivo es garantizar que la vacunación se produzca evitando las incidencias que se dieron durante los varios meses de la pandemia con las PCR. En este sentido, la vacunación se producirá en los servicios de salud de las diferentes comunidades autónomas. Muface se ha dirigido a los mutualistas para actualizar datos y ha contactado con todos los responsables de vacunación de las comunidades autónomas para facilitarles la información.

La escena se repite. En fechas distintas, pero con pasajes similares. En junio, en plena finalización del estado de alarma, el Gobierno ordenó un retorno a la actividad de los empleados públicos y, en aquel momento, sin contar ya con las garantías mínimas. Ni test, ni mascarillas, ni guantes. Así ordenó el Gobierno que volvieran al trabajo los empleados públicos que habían estado confinados o teletrabajando. Las indicaciones fueron comunicadas a los empleados públicos por medio de una instrucción que publicó OKDIARIO. Y en ella el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que dirigía Carolina Darias -ahora ministra de Sanidad-, organizó la vuelta presencial al trabajo de cerca de 200.000 funcionarios en la Administración General del Estado (AGE). El problema fue que la planteó sin las más mínimas garantías sanitarias.

La instrucción fue dirigida a todos los departamentos ministeriales y organismos públicos de la AGE. Y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) mostró ya su total rechazo absoluto al plan. Desde CSIF señalaron que debía ser imperativa la «realización de la prueba diagnóstica PCR para garantizar que no se producen contagios y preservar así la salud de la ciudadanía que acude a las oficinas de la AGE y la de los/as empleados públicos».

El sindicato CSIF destacó que se debía hacer test a todo el personal, incluido los asintomáticos, a los que habían estado trabajando como servicio esencial y a aquellos que habían estado en aislamiento por contagio o sospecha.

Pero la misma Darias que ahora comanda el protocolo médico completo no lo consideró necesario en aquella circular.