Sánchez emula a Franco y pone en marcha un registro de medios con la excusa de «impulsar la democracia»

El Gobierno ha dado un paso más en su ofensiva contra la prensa, esta vez recuperando el registro de medios que existía en la época de Franco. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el denominado anteproyecto de Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación, con el que se prevé crear este registro estatal de medios. Lo controlará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Los medios deberán inscribir su estructura de propiedad y los fondos públicos que reciben en concepto de publicidad.

«Ese registro de medios, tal y como establece la legislación europea, tendrá que contener la propiedad de los medios, transparencia absoluta sobre la propiedad de los medios y también sobre la publicidad institucional que reciben esos medios», ha asegurado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López. Así, bajo el pretexto de garantizar la transparencia, este registro plantea interrogantes sobre el control que el Ejecutivo podría ejercer sobre los medios y su capacidad para influir en el relato informativo que llega a la ciudadanía. Un registro que presenta bastantes similitudes con la Ley de Prensa de 1966, donde se estipulaba que correspondía al Estado «la regulación del número y extensión de las publicaciones». Y no es la única de las medidas de Sánchez que se retrotraen a la época de Franco.

El ministro ha recalcado que los medios tendrán que «mantener actualizada» esa información en ese registro que tendrá la CNMC. Para el responsable de Transformación Digital, se trata de una ley «importante que refuerza a todos, a los derechos de todos los ciudadanos». «Y mucho más –indica– en un contexto como el actual, donde hemos visto retrocesos, por ejemplo, en sistemas de verificación, en redes sociales, en medios de comunicación».

López ha explicado que para acceder y para formar parte del registro hay que «tener transparencia sobre la propiedad, sobre la financiación pública y también sobre la concentración». «Europa dice que tiene que haber un registro donde se vea la propiedad y se establezcan esos límites», ha insistido el ministro, destacando que esos límites «se discutirán con Europa y se abordarán en la CNMC cuando se haga el reglamento». Es decir, que será el Gobierno, con el organismo encabezado por Cani Fernández, el que establezcan dichos límites.

En cuanto a los servicios digitales, la ley «avanzará en la protección de los derechos digitales y en la defensa de la calidad de la democracia». Para ello, se nombra a la CNMC coordinador de servicios digitales, con lo que colaborará con la Comisión Europea para velar por que los proveedores de servicios digitales (plataformas y buscadores) cumplan con el Reglamento europeo de servicios digitales; designar alertadores fiables, que son entidades acreditadas para alertar sobre contenidos ilícitos.

Asimismo, se encargará de propiciar que los proveedores de servicios de internet se doten de canales de denuncia de contenidos ilícitos; exigirles transparencia sobre los criterios de recomendación del algoritmo y sobre la publicidad presente en sus plataformas; y proteger a los consumidores cuando realizan contratos online.

Plan contra los medios

El Gobierno de Pedro Sánchez emula en su autodenominado Plan de Acción por la Democracia preceptos de la Ley franquista de censura de 1938, creada en tiempos de guerra para controlar a los periódicos de la zona del bando nacional. La creación de un registro de medios, la definición de quiénes son los «verdaderos profesionales» del periodismo, sistemas de control a la propiedad, regulación gubernamental de las rectificaciones o la persecución de informaciones anónimas son algunos de los puntos en los que coinciden ambas normativas, a las que separan 86 años de distancia.

En 1938, cuando España ya se acercaba al segundo aniversario del inicio de la Guerra Civil y el país seguía dividido en zonas controladas por los dos bandos, Franco encargó a su entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, la elaboración de un decreto para suprimir la prensa republicana. Una prensa que ya había experimentado una grave censura en los últimos años de la República. Las similitudes son llamativas y evidentes. La norma franquista, que estaría vigente hasta la muy posterior Ley de Prensa de Manuel Fraga (1966), contemplaba que el Estado podría decidir qué era y qué no un periódico.