La reforma chavista de PSOE y Podemos abre la puerta a controlar a los jueces que vigilan las elecciones

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, presentada por PSOE y Podemos, impacta también en la Junta Electoral Central (JEC). El control político del máximo órgano de los jueces acaba arrojando sombras sobre este organismo constitucional, encargado de velar por la transparencia de los procesos electorales y al que ha de atribuirse una exquisita neutralidad.

De acuerdo a su reglamento, cinco vocales de la JEC son designados por los partidos entre catedráticos de Derecho o de Ciencias Políticas y Sociología. Y otros ocho, por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Aunque el sistema de elección es aparentemente objetivo, el sorteo, el intento de sometimiento de los jueces al poder político por parte del Gobierno socialcomunista y el quebrantamiento del principio de separación de poderes acaba generando inevitablemente incertidumbres sobre otros organismos y contribuye a afianzar la sombra, en la opinión pública, de la falta de independencia judicial.

Una circunstancia que ya fue advertida desde los organismos europeos. El Consejo de Europa avisa a España en su último informe que cuando las estructuras de gobierno del Poder Judicial no se perciben como imparciales «hay un impacto inmediato y negativo en la prevención de la corrupción y en la confianza del público en la equidad y la eficacia del sistema jurídico del país». Ello, al margen de que, según señala el dossier: «No cabe duda de la independencia e imparcialidad de los jueces en el desempeño de sus funciones».

Cabe recordar, por ejemplo, que Pedro Sánchez fue el primer presidente del Gobierno sancionado por la Junta Electoral Central al hacer uso electoral de los salones de La Moncloa para una entrevista en La Sexta, en la precampaña de las elecciones del 10-N. La Junta concluyó entonces que el socialista se aprovechó de «los medios públicos de que disponía, en su condición de presidente del Gobierno y funciones» con el «consiguiente quebrantamiento del principio de neutralidad que todo poder público debe respetar durante el proceso electoral». El acuerdo, no obstante, contó con el voto discrepante de seis vocales, partidarios de archivar el expediente, y la sanción quedó rebajada a los 500 euros, pese a que la propuesta del instructor era de 2.800.

Ambiciones independentistas

Pero la JEC ha tenido además un papel esencial en las ambiciones políticas de los dirigentes independentistas, ahora determinantes para que la reforma ansiada por PSOE y Podemos prospere.  Así, este organismo determinó que Oriol Junqueras no podría ser eurodiputado al ser «inelegibles», de acuerdo a la ley electoral, «los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el período que dure la pena».

También fue la JEC la que ordenó a Quim Torra retirar los lazos amarillos de los edificios públicos, el hecho por el que fue inhabilitado como presidente de la Generalitat. El Supremo resolvió que Torra había desobedecido conscientemente y de forma «contumaz y obstinada» al órgano encargado de velar por la neutralidad de los procesos electorales.

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, registrada por PSOE y Podemos este martes, permitirá al Gobierno sortear todos los controles para designar a su conveniencia a los magistrados. El Ejecutivo pretende cambiar el sistema de elección actual de 12 de los 20 miembros del organismo, de forma que bastaría con mayoría absoluta del Congreso, si en una primera no se han logrado los tres quintos que actualmente se exigen.

Al presentarla como una iniciativa en el Congreso, y no por parte del Ejecutivo, los socios pueden acometer además una reforma exprés, sin controles -no se requiere por ejemplo el informe del propio CGPJ, como sucede en las iniciativas del Gobierno- reeditando, como es su intención, la mayoría de la investidura. Es decir, con el favor de independentistas y proetarras. El separatismo podrá contar así con una Justicia a la carta. En este sentido, a finales de septiembre, el bloque de la investidura, con el PSOE, lanzó un comunicado en el que pedía renovar la composición de instituciones como el CGPJ.

El Gobierno afrontará ahora un proceso de negociación para sacar esa iniciativa adelante, con las consiguientes cesiones. Los separatistas no dan su brazo a torcer a la primera, como este miércoles avanzó ya Gabriel Rufián. El portavoz parlamentario de ERC alertó al Ejecutivo del riesgo que, en su opinión, podría suponer esa reforma en un futuro Gobierno de «extrema derecha o derecha extrema».

El independentista catalán planteó si este debate puede ser «pan para hoy y hambre para mañana». «Dan miedo según qué reformas frente a un futuro Gobierno de extrema derecha o de la derecha extrema del PP, Vox y Ciudadanos si tienen este poder», advirtió.

Desde la oposición se ha alertado de la derivada de la reforma pretendida por Sánchez. «Se van a repartir los jueces el BNG, ERC o Bildu», señaló desde Edmundo Bal desde Ciudadanos.

Pablo Casado instó este miércoles a Sánchez a impedir que Iglesias elija a los jueces. «Hasta que no rectifique respecto al CGPJ no cuente con nosotros. E iremos donde haga falta. Si quiere volver a la legalidad, expulse a Podemos de esto, que defiende a batasunos y dictadores bolivarianos. Cese al señor Iglesias», reclamó el jefe de la oposición. Cabe recordar también que Iglesias está pendiente de conocer si el Supremo le imputa por tres delitos en el caso Dina-Iglesias.