La rebelión de los alcaldes por la expropiación de sus ahorros obliga a Montero a retrasar los Presupuestos

El objetivo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sigue siendo presentar el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso el próximo mes de septiembre. Por eso desde el departamento que dirige hace días que se instó al resto de ministerios a que hicieran llegar sus propuestas para lograr cuadrar un puzzle difícil de encajar. Sin embargo en los planes de Montero ha aparecido una piedra en el camino. Los alcaldes, furibundos con la decisión de Moncloa sobre la gestión de los remanentes, han obligado a la ministra a aparcar temporalmente la elaboración de las cuentas para centrarse en conseguir un nuevo acuerdo con el mundo municipal.

A la vuelta de las vacaciones el pleno del Congreso tendrá que dar luz verde al acuerdo suscrito hace unos días entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el alcalde socialista de Vigo y presidente de la Federación de Municipios y Provincias, Abel Caballero, por el cual los ayuntamientos otorgaban al Ministerio de Hacienda la gestión de los remanentes que han ido acumulando a lo largo de los últimos años. El pacto, que contaba solo con el apoyo de la mayoría de alcaldes socialistas, incendió a gran parte de los ayuntamientos del país.

La alta posibilidad de que el pleno de la Cámara Baja rechace los planes de Moncloa, entre otras cosas porque incluso sus socios de coalición de los Comuns han avisado de que votarían en contra, ha obligado al Gobierno a replantearse el acuerdo y volver a negociar con los entes municipales. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, cuyo partido ostenta un ministerio en la coalición, es una de las ediles que se han pronunciado de forma más crítica con la decisión del Ministerio de Hacienda de gestionar los sobrantes de los municipios.

Montero, esta semana, tiene previsto cogerse unos días libres de descanso. Los pasará, junto a su familia, en su Andalucía natal. Sin embargo a finales de semana y principios de la otra, cuando el Consejo de Ministros se volverá a reunir de nuevo, la ministra de Hacienda espera tener ya adelantado un nuevo marco de acuerdo con las corporaciones locales que permita rectificar el pacto actual. Solo así el Gobierno se garantizaría evitar un nuevo ridículo perdiendo una votación en el Congreso con el voto en contra de diputados que forman parte del propio Ejecutivo.

Las prisas para zanjar este asunto, más allá de la voluntad de hacer correr el dinero que los ayuntamientos han ahorrado gracias a su buena gestión, y que ahora piden poder utilizar para hacer frente a la crisis social y económica derivada del coronavirus, recaen en que Montero quiere que todos los esfuerzos de su departamento se centren ahora en la elaboración de un proyecto de ley de Presupuestos que no está siendo fácil de cuadrar. Las malas expectativas económicas y la insistencia de Podemos de expandir el gasto dibujan un rompecabezas que no encaja.