Rajoy convocará el Debate de la Nación cuando se normalice la situación en Cataluña

Mariano Rajoy convocará el debate sobre el estado de la nación cuando se «normalice» la situación en Cataluña, según confirman fuentes de La Moncloa.

La intención del Gobierno es que ese debate se celebre durante este año, si bien no acelerará la convocatoria y esperará a que eche a andar el nuevo gobierno catalán. Por el momento, no hay fecha cerrada.

En el Ejecutivo entienden como prioritario que el escenario político en Cataluña se aclare y condicionan también a ello el trabajo parlamentario. De hecho, la crisis catalana es, en gran parte, la responsable de la parálisis de la legislatura, que va camino de convertirse en una de las menos productivas, legislativamente hablando, de la democracia.

El último debate de la nación se celebró en 2015. Rajoy lo centró en su mayor parte en defender la gestión económica de su Gobierno y en destacar como la «gran medida de la legislatura» el haber «evitado el rescate». También arremetió contra la herencia de los socialistas que, dijo, llevaron al país a una «pesadilla» y en alertar contra las «pociones mágicas» de, sin mencionarlo, Podemos. Muy criticado por la oposición fue el escaso tiempo que dedicó a hablar de la corrupción, limitándose a enumerar las leyes aprobadas para ponerle coto, como la reforma de la ley de partidos políticos y de su financiación o la del Código Penal.

El Gobierno no tiene obligación de convocar este debate, aunque se han convertido en una costumbre parlamentaria. Su celebración-desde 1983- se rige por el Reglamento del Congreso y, en concreto, por los artículos 196 y 197, que determinan el procedimiento: el Gobierno remitirá al Congreso una comunicación para su debate, «que se iniciará con la intervención de un miembro del Gobierno, tras la cual podrá hacer uso de la palabra, por tiempo máximo de quince minutos, un representante de cada Grupo Parlamentario».

Los miembros del Gobierno podrán contestar a las cuestiones planteadas de forma aislada, conjunta o agrupadas por razón de la materia. Todos los intervinientes podrán replicar durante un plazo máximo de diez minutos cada uno. Terminado el debate, se abrirá un plazo de treinta minutos, durante el cual los Grupos Parlamentarios podrán presentar ante la Mesa propuestas de resolución.

La Mesa admitirá las propuestas que sean congruentes con la materia objeto del debate. Las propuestas admitidas podrán ser defendidas durante un tiempo máximo de cinco minutos. El Presidente podrá conceder un turno en contra por el mismo tiempo tras la defensa de cada una de ellas. Las propuestas de resolución serán votadas según el orden de presentación, salvo aquellas que signifiquen el rechazo global del contenido de la comunicación del Gobierno, que se votarán en primer lugar.

 El PSOE y la reforma de la Constitución

En 2015, por ejemplo, los grupos presentaron 105 propuestas de resolución, de las temáticas más variadas, de las que se aprobaron una veintena.

Entre ellas, la propuesta de reforma federal de la Constitución-con reconocimiento de las singularidades de algunas comunidades autónomas y la renovación del sistema de financiación autonómica- que los socialistas presentaron por primera vez ante el pleno y que fue rechazada, por la mayoría absoluta del PP.

Sí fueron aprobadas las quince presentadas por los ‘populares’-como la reforma de la ley  tributaria para un mayor control sobre los grandes defraudadores o una ley de «segunda oportunidad», para facilitar la reestructuración de la deuda de familias y empresas-y tres de CiU, sobre medidas de regeneración democrática y fomento de la economía productiva. Los independentistas aprovecharon ya entonces para reclamar la República catalana, a propuesta de ERC. Los convergentes, por su parte, reclamaron una negociación política sobre el futuro de Cataluña, criticando la suspensión de la ley de consultas por parte del Tribunal Constitucional.

Una oportunidad, según La Moncloa

En La Moncloa asumen que la crisis catalana centrará la mayor parte del debate. Pero Rajoy lo ve también como una buena oportunidad para explicar su gestión y destacar los retos hacia los que quiere enfocar la legislatura. Más allá de los pactos por la Educación o las pensiones, el Gobierno pretende promover una ley de cambio climático y transición energética, promover un mayor esfuerzo en investigación y desarrollo y reforzar la proyección del español, como el mismo presidente enumeró este lunes en la reunión de la Junta Directiva Nacional. Aunque el principal objetivo seguirá siendo la creación de empleo y la recuperación económica.

Podemos registró este jueves una proposición no de ley para exigir formalmente a Rajoy que convoque el debate, que consideró una «obligación democrática» del presidente del Gobierno.

El partido de Pablo Iglesias quiere cargar contra el Ejecutivo por cuestiones sociales, como la situación de los dependientes, y plantear un debate «que aborde los problemas reales del país», más allá, dijo Iglesias, de las «banderas» en Cataluña.