Rajoy acepta hablar de la reforma de la Constitución pero aplicará ya el 155 si hay independencia

El presidente del Gobierno está dispuesto a abordar una reforma de la Constitución para dar respuesta a la crisis catalana, siempre y cuando esa reforma cumpla varios preceptos: que sus límites queden bien definidos y que se realice con el máximo consenso y siempre en el marco de la legalidad. 

Los acontecimientos en Cataluña no han variado el discurso de Rajoy, porque, en realidad, eso siempre es lo que ha mantenido. Aunque sí habrían acelerado sus plazos. El jefe del Ejecutivo no contemplaba esa reforma como prioridad de la legislatura, pero ahora sí aceptaría una solución negociada, a la que es difícil que se acojan los independentistas. El marco sería, previsiblemente, la comisión para la revisión del modelo territorial que, a propuesta del PSOE, se aprobó hace unos días en el Congreso, y que echará a andar en las próximas semanas.

En la reforma a la que está dispuesto Rajoy, no obstante, no tiene cabida el concepto de ‘plurinacionalidad’ que defienden los socialistas ni cualquier otro asunto que pueda comprometer la soberanía nacional. Aunque sí podría acoger cuestiones relativas al sistema de financiación o la definición de competencias.

El  jefe del Ejecutivo ya anunció este mismo domingo su disposición al diálogo y a convocar al resto de fuerzas parlamentarias para «reflexionar», dijo, sobre un «futuro juntos» sobre Cataluña. No hay fecha definida para ese encuentro que servirá, sobre todo, para sondear la actitud del PSOE, muy crítico con la actuación del Gobierno ante el referéndum ilegal.

La oferta de diálogo y reforma no evita, en cambio, que Rajoy esté dispuesto a actuar con mano dura contra los independentistas si, en los próximos días, consuman-como parece-su rebelión al Estado de Derecho. El presidente del Gobierno activará el artículo 155 si, como este domingo anunció el presidente catalán, Carles Puigdemont, en los «próximos días» se declara la independencia. La medida-que apenas requiere de un trámite de cinco días y de una mayoría absoluta en el Senado, con la que cuenta el PP-permitiría suspender la autonomía, total o parcialmente, si la declaración se consuma. En paralelo, las autoridades secesionistas serían inhabilitadas de sus cargos, con Puigdemont y Oriol Junqueras a la cabeza.

La salida política completa la maquinaria de actuaciones policiales y judiciales que, en los últimos días, han ido encaminadas a desbaratar el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.

El presidente ya trasladó a Sánchez y Rivera su intención de aplicar ese artículo tras el 1-O, como avanzó OKDIARIO, si los independentistas seguían adelante con la hoja de ruta. A Rajoy sí le gustaría contar con el respaldo de las dos fuerzas constitucionalistas, algo que no está del todo claro. Aunque Rivera se ha mostrado más partidario, Sánchez ha insistido este domingo en una solución «política» y basada en el «diálogo».

Los próximos días serán, pues, determinantes. La duda ahora está en saber qué día maneja Puigdemont para llevar la independencia al Parlament. La Cámara catalana celebra su primer pleno este mismo miércoles y, de acuerdo a la Ley de Transitoriedad-anulada por el Constitucional-el plazo para la proclamación sería de 48 horas tras la victoria del ‘sí’ en referéndum.