La Policía busca sentar ante el juez a todos los empleados que compartieron el vídeo de Verónica

Que la muerte de Verónica Rubio no haya sido en vano y que sirva como ejemplo de las consecuencias legales y jurídicas que implica la difusión sin permiso de este tipo de imágenes íntimas. Ese es el objetivo de Interior, cuya investigación policial “va a llegar hasta el fondo” y alcanzará a todos aquellos empleados de Iveco que lo recibieron y reenviaron.

La Policía continúa investigando las circunstancias que rodearon a la difusión de un vídeo sexual en el que salía Verónica, la trabajadora de Iveco y madre de dos hijos que se suicidó el pasado sábado.

Las pesquisas actuales se centran en certificar el “envío cero” de las imágenes. Es decir, el terminal móvil del que partió el vídeo originariamente, y cuyo titular se enfrentará a una dura condena por un delito de descubrimiento y revelación de secretos (contemplado en el artículo 197.7 del Código Penal). Una ex pareja de Verónica, y supuesto protagonista de las imágenes, ya ha sido detenido y puesto en libertad. En su declaración ha negado estar detrás de la difusión del vídeo.

Sin embargo, la investigación que ha puesto en marcha el Cuerpo Nacional de Policía no acabará una vez se detecte el origen de la filtración. Agentes de la Brigada Central de Investigación Tecnológica se afanan en elaborar un “mapa de conexiones” que permita identificar a todos los usuarios que recibieron el vídeo y contribuyeron a su difusión reenviándolo a otros contactos.

200 trabajadores

Se calcula, según los datos que tiene la Policía, que el vídeo habría llegado a un total de 200 personas, y que estos habrían continuado su difusión. A partir de ahí, se pierde la pista. Pero la prioridad es determinar la participación de la veintena de usuarios que participaban en el chat para gestionar horarios en el que se originó todo.

Según fuentes policiales próximas a la investigación consultadas por OKDIARIO, para la ley actual es “casi igual de grave el que recibe ese vídeo íntimo y lo difunde que aquel que inicia la cadena”. De hecho, Interior tiene la intención de “convertir este caso en un ejemplo, que sea ejemplarizante para el futuro”.

Ante el juez

Por ello, las posibles consecuencias penales derivadas de la difusión de las imágenes no se limitarán al autor de ese “envío cero”, sino que se busca identificar a todos aquellos que han colaborado. “Y que sea un juez quien decida si han cometido algún delito de revelación de secretos o no” advierten estas fuentes.

En este punto de la investigación se habría detectado la presencia de las imágenes privadas –son varios los vídeos- en “alrededor de doscientos teléfonos” pertenecientes en su mayoría a empleados de Iveco, el entorno laboral de la joven en el que se inició la difusión masiva. Pese a que muchos están negando su participación, los agentes de Investigación Tecnológica pueden rastrear los terminales en busca de las huellas que deja el archivo, aunque este sea borrado.

Por otra parte, recuerdan las fuentes policiales consultadas, las labores de investigación serían más sencillas si “WhatsApp colaborase permitiendo el acceso a los servidores, donde queda registrado un historial y permite conocer el mapa de conexiones por el que discurrió el archivo”. Sin embargo, la empresa estadounidense no está abierta a colaborar por las implicaciones para el secreto de las comunicaciones de sus usuarios.