Podemos presiona para que Sánchez quite el rango de Rey emérito a Juan Carlos en la ley de la Corona

Podemos se ha puesto manos a la obra en un plan para debilitar la imagen de la Monarquía en España y generar el mayor daño en la Jefatura del Estado a causa de la actual regularización fiscal de Juan Carlos I. Ese plan busca generar una imagen de que es la institución monárquica y la Jefatura del Estado la que tiene que dar explicaciones, y no la figura personal de Juan Carlos. Y ahora presiona al Gobierno para que la futura ley de la Corona fuerce la retirada del rango de Rey emérito a Juan Carlos, lo que es considerado, por el partido morado, como la asunción oficial, haya o no haya condena judicial, de que Zarzuela ha vivido en una órbita imperante de fraude.

Podemos ha iniciado una campaña de presiones de la que, por el momento, Moncloa, no quiere formar parte: la de lanzar el mensaje de que Zarzuela debe dar paso a la solicitud de retirada del rango de Rey emérito a Juan Carlos. Y todo ello, con la presión de que, si no lo hace, la futura ley de la Corona lo puede regular. El partido morado, de hecho, ya ha reclamado internamente al Gobierno que plasme esa retirada del rango de Rey emérito en la ley que prepara para regular la Corona. En las filas socialistas, no faltan seguidores de esta iniciativa, pero la versión oficial, por ahora, es la de que «esa es una decisión que debe adoptar Zarzuela».

Los socialistas, de hecho, caminan en este asunto entre dos aguas: la de la tendencia ya natural de sus bases -contraria a la Monarquía- y la del Gobierno, que sabe que vestir oficialmente el traje de ser contrario a una institución y pilar de nuestra democracia y de nuestro sistema político significa pasar a igualarse con Podemos. Esa falta de diferenciación puede hacer crecer al partido morado por la pérdida de los votos que aún aglutina el PSOE procedentes de votantes no radicales.

Las presiones de Podemos se dirigen no sólo al ámbito político y del propio Gobierno, sino también de la opinión pública, donde buscan provocar un debate que lleve a la Casa del Rey a mostrar un punto de debilidad y de asunción como propio del comportamiento del Emérito Juan Carlos.

Todo ello sucede en el contexto de la regularización fiscal presentada por el Rey emérito por medio de una declaración voluntaria ante Hacienda por importe de 678.393,72 euros, incluyendo intereses y recargos. Don Juan Carlos quiere regularizar así su situación fiscal en España. Y, para ello, su abogado ha presentado una declaración ante la Agencia Tributaria. En estos días, Hacienda ha analizado el escrito para decidir si acepta dicha regularización o solicitaba aclaraciones, así como el importe definitivo a pagar por el Rey emérito.

Según ha informado ya en un comunicado el despacho del abogado Javier Sánchez-Junco, que ejerce la defensa de Don Juan Carlos, éste le ha dado instrucciones «para que haga público que ha procedido a presentar ante las autoridades tributarias competentes, una declaración sin requerimiento previo, de la que ha resultado una deuda tributaria, ya satisfecha, por importe de 678.393,72 euros incluyendo intereses y recargos».

Tarjetas bancarias con fondos opacos

El pago guarda relación con el uso por parte de Juan Carlos I y de algunos de sus familiares de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krauseno. Como se recordará, el caso del uso de estas tarjetas está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo.
El uso de las tarjetas se produjo entre 2016 y 2018, cuando Don Juan Carlos había abdicado y perdido la inmunidad.

En noviembre, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dictó un decreto mediante el cual la Fiscalía del Tribunal Supremo asumía una nueva investigación sobre el Rey emérito que había sido iniciada por Anticorrupción. Se investiga a Juan Carlos I, a la Reina Sofía y a otros miembros de la familia del Rey  por el uso de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que ninguno de ellos figuran como titulares. Los Reyes Don Felipe y Doña Letizia no aparecen entre los beneficiados de estas tarjetas opacas. Tampoco la Princesa de Asturias ni la Infanta Sofía.

Los movimientos en las cuentas citadas corresponderían a los años 2016, 2017 y 2018, es decir, son posteriores a la abdicación de Juan Carlos I, y, por ello, quedarían fuera de la inviolabilidad de la que éste gozaba hasta dicha fecha. Según la Fiscalía General del Estado, al superar incrementos de renta no declarados por encima de los 120.000 euros, podrían constituir delito fiscal.

En medio de esta polémica, una información publicada por OKDIARIO ha revelado ya que Manuel Levín, responsable de Discurso y Análisis Político de Podemos, ha admitido públicamente en una charla telemática el plan a medio plazo del partido de Pablo Iglesias. Levín reconoció en esa intervención que el electorado no va a premiar a la formación morada su gestión en el Gobierno estos meses. Por ello, los de Iglesias tienen orden de aplicar un plan para atacar a la Monarquía y tratar de insuflar ilusión a sus votantes con una «nueva república».

Este estrecho asesor de Pablo Iglesias desveló en la charla ‘Imaginar la España Republicana’, organizada por la Escuela Popular Paulo Freire, vinculada a Podemos, que tienen «muchas dudas de que un relato electoral exitoso en las próximas elecciones sea el de decir que ‘nos tienes que votar porque mira qué bien lo que hemos hecho en el Gobierno’».

«La gestión va a quedar vinculada a un momento de pesadilla colectiva por el Covid-19. Es decir, vete tú a decirle a alguien dentro de dos o tres años que ‘tienes que votar Podemos porque fue bonito lo que hicimos en 2020’, eso nadie lo va a comprar», añadió en esa charla. Manuel Levín admitió que «2020 es un año que todo el mundo desea que acabe, es un año terrible para la memoria colectiva y así va a quedar».