Las 5 claves de la regularización fiscal de Juan Carlos I con Hacienda

El Rey emérito Juan Carlos I ha procedido a una regularización fiscal del dinero utilizado por él, y varios miembros de su familia, procedente presuntamente de la donación de un amigo. Tal como informó su letrado, el monarca ha pagado 678.393,72 euros al fisco. OKDIARIO explica cuáles son las claves para que el emérito no deba responder ante la Justicia del uso y disfrute de más de un millón de euros cuya procedencia es, cuanto menos, opaca. Así, cinco son las preguntas clave para saber por qué el padre del actual Rey de España verá como la investigación que mantiene abierta la Fiscalía General del Estado terminará en un archivo.

¿En qué consiste una regularización fiscal?

Una regularización fiscal consiste en que el contribuyente, en este caso el emérito, sepa que ha cometido un fraude o que ha cometido una irregularidad y que, una vez lo sabe, decida actualizar su declaración fiscal con Hacienda. Una vez la persona decide realizar dicha regularización, si la cuota defraudada supera los 120.000 euros por año fiscal, para no tener que responder ante la Fiscalía, deberá ponerse al día de forma previa a recibir una notificación o bien del fisco, o bien del Ministerio Público. En el caso del monarca emérito, su letrado ha decidido regularizar el dinero de las tarjetas ‘black’ de las que disfrutó tanto él, como varios miembros de su familia, para evitar que la investigación que la Fiscalía General del Estado mantenía abierta pudiera desembocar en una imputación por delito fiscal, que conllevaría hasta cinco años de prisión.

¿Por qué se regulariza sin delito?

Cualquier español que se encuentre en esta situación puede acogerse al Artículo 305.4 del Código Penal que dice: «Se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias».

El mismo artículo añade que «los efectos de la regularización prevista en el párrafo anterior resultarán aplicables cuando se satisfagan deudas tributarias una vez prescrito el derecho de la Administración a su determinación en vía administrativa. La regularización por el obligado tributario de su situación tributaria impedirá que se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda tributaria objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación tributaria».

¿Está a salvo el emérito?

En un principio, y si Juan Carlos I ha regularizado todo lo defraudado, no debería temer en el plano del delito fiscal. Pero otro cantar es la procedencia de ese dinero opaco, ya que la Fiscalía podría intentar demostrar si lo que en realidad hubo fue un blanqueo de capitales. El problema del Ministerio Público es poder demostrar que el dinero de los fondos utilizados por el monarca, no fueron un regalo de su amigo, el millonario mejicano Allen Sanginés-Krause, que se canalizó a través del coronel Nicolás Murga, sino que tenían una procedencia ilícita.

¿Cuánto le ha costado?

En el caso del emérito, y teniendo en cuenta que lo ha realizado con el Impuesto de Donaciones, lo que ha tenido que abonar, habida cuenta que han transcurrido más de 30 días desde la recepción del dinero, es un principal más los intereses. Y a eso hay que añadir un recargo del 20% de sanción administrativa por no haber liquidado dentro del plazo legal dicho impuesto. Finalmente, el dinero que ha pagado ha sido un total de 678.393,72 euros, lo que implica que el dinero total utilizado supera el millón de euros.

¿Salva al resto de implicados?

La última pregunta, y no baladí, es si la reina Sofía, la infanta Elena, y los nietos de Juan Carlos I están a salvo del uso y disfrute de ese presunto dinero B, o si los investigadores pueden plantearse que sea una segunda donación. La respuesta es sí, porque lo usuarios de dichas tarjetas no sabían que el dinero tuviera una procedencia no regularizada. Aunque, por otro lado, todos ellos están admitiendo que el dinero es una segunda donación, pero como el dinero utilizado es entre varios miembros de la familia, en ninguno de los casos, supera la cuota de 120.000 euros por persona que implicaría un delito fiscal, no deberán responder ante la Fiscalía.