Podemos pidió la nacionalización temporal de los hospitales privados aprovechando el estado de alarma

Podemos quiere usar el estado de alarma para sus paranoias estatalistas particulares. Ha reclamado más poder en sus ministerios sociales en plena negociación del plan unificado de lucha contra el coronavirus, y también ha pedido más dinero por la vía de los Presupuestos. Todo ello, justo cuando no se sabe qué puede pasar con los Presupuestos y cuando es evidente que España cabalga hacia una crisis económica por el avance del virus.

Pero, si eso está ya fuera de lugar en medio de una epidemia como la que vive España, el partido morado ha reclamado, además, el control absoluto de la sanidad privada aprovechando los poderes del estado de alarma. Y lo ha hecho pese a que la sanidad privada está al servicio de la salud pública por ofrecimiento propio desde el primer día.

La escena se ha completado con el hecho de que la petición se ha efectuado a través de su propio líder, Pablo Iglesias, presencialmente en el Consejo de Ministros extraordinario, al que ha acudido sin mascarilla, pese a estar oficialmente en cuarentena por el positivo de su mujer y ministra, Irene Montero.

Iglesias ha sacado a pasear sus sueños comunistas en plena epidemia y mientras los españoles buscan en el Gobierno un liderazgo que corte el brutal avance de la enfermedad.

Y lo ha hecho olvidando que, por ejemplo, el conocido como Plan 102 de la Comunidad de Madrid -denominado así por sumar 102 hospitales- ha incluido desde el primer día de la lucha contra el coronavirus a todos los hospitales privados bajo un mando único de la Consejería de Sanidad de Isabel Díaz Ayuso. De hecho, lo hicieron mientras Podemos y el PSOE llamaban a concentrarse a la población en la manifestación del 8-M. Y mientras que el Gobierno aseguraba que el avance de la enfermedad estaba “bajo control”.

Pero Iglesias piensa en su plan de nacionalización de actividades estratégicas, como la sanidad. Y pretende, con este fin, que la sanidad privada empiece a notar su afán controlador, más allá de las necesidades de la población, que cuenta ya con las camas, UCIs, médicos, enfermeros y demás medios humanos y económicos de la sanidad privada al servicio de salvar vidas y combatir el coronavirus.

De hecho, el Consejo de Ministros extraordinario que debía aprobar este sábado el decreto del estado de alarma ante la crisis del coronavirus se ha alargado mucho más de lo previsto por las tensiones internas del Gobierno y de ellos, a su vez, con sus respectivos socios de investidura, especialmente, ERC y PNV. Y, socio o no socio, de las exigencias de Quim Torra.

A las dos del mediodía Pedro Sánchez tenía previsto comparecer y una hora más tarde suspendió por un tiempo de media hora la reunión debido a las diferencias entre los ministros. Podemos, con Pablo Iglesias a la cabeza pese a su cuarentena, pidió más poder de forma generalizada, e Íñigo Urkullu y Quim Torra pusieron el grito en el cielo ante el decreto de estado de alarma por considerarlo un 155 encubierto.

Los ministros comunistas quieren que el Gobierno se haga con el control de las empresas privadas y los comercios que puedan ayudar a mitigar la crisis del coronavirus en nuestro país. Lo han hecho invocando el artículo 128 de la Constitución, que permite al Ejecutivo poner a disposición de los recursos públicos los bienes y materiales privados.

En el borrador que se ha filtrado a lo largo de la mañana, el Gobierno ha anunciado que, en cualquier momento, los ministros del Interior y Sanidad, Fernando Grande-Marlaska y Salvador Illa, podrán hacerse con el control central de ambas competencias, transferidas parcial o totalmente a las autonomías. En declaraciones a Radio Euskadi, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ya ha mostrado su oposición a esta medida. Lo mismo que ha hecho el Govern de Torra. Los dos presidentes regionales, los únicos con competencias en materia de Interior y Seguridad, han llamado a Moncloa repetidas veces para mostrar su rechazo a la medida.