El PNV y los separatistas catalanes se unirán para exigir a Sánchez más financiación y soberanismo
El PNV y los separatistas catalanes harán frente común este lunes para exigir el asalto a la Constitución a través de la moción de censura de Pedro Sánchez. Los nacionalistas vascos mantendrán conversaciones con los catalanes para terminar de fijar puntos comunes que reclamarán al secretario general del PSOE como condición indispensable para apoyar su moción de censura contra Mariano Rajoy. Y esos puntos se basarán de forma prioritaria en exigir al líder socialista una voladura pactada y paulatina de la Constitución. Esas condiciones harán chirriar el PSOE hasta el punto de convertir la moción en toda una ruleta rusa.
Pedro Sánchez no ha debido evaluar muy bien su moción antes de anunciarla. Y es que ni Ciudadanos –por la parte constitucionalista– ni PNV, ERC ni JxCAT por la nacionalista-separatista parecen estar dispuestos a hacerle fácil su hipotético y pretendido camino hacia La Moncloa.
Los nacionalistas vascos han sido los impulsores de este frente común. Lo cierto es que el PNV no quiere apoyar a Pedro Sánchez y le exigirá apoyar el avance soberanista de País Vasco en su moción contra Rajoy y, aunque no restan importancia a la sentencia por el ‘caso Gürtel’, creen que el PSOE debe comprometerse a cuestiones políticas decisivas para ellos antes de respaldar la moción.
Por ello, el PNV negociará el lunes con los separatistas catalanes la definición de una serie de exigencias para saber cuál va a ser con exactitud el planteamiento de Pedro Sánchez respecto al País Vasco y Cataluña sus aspiraciones políticas. Allí fijarán el grado de exigencia de apoyo al soberanismo en ambas comunidades.
Entre ellas se encontrará el avance hacia consultas pactadas, hacia una mejora del régimen económico en Cataluña que le acerque al del País Vasco, y la determinación de un paquete de inversiones mínimas garantizadas en cada territorio.
Hay que recordar que PNV acaba de presentar su proyecto de Estatuto con una consulta de autodeterminación. Y que ha condicionado la aprobación de los Presupuestos al compromiso del PP de retirar el artículo 155 en Cataluña tras la gobernabilidad de Quim Torra.
Pero eso era la exigencia de pasado al PP. Si ahora hay proyecto nuevo, el PNV considera que el supuesto nuevo Ejecutivo comienza de cero y tiene que decir qué es lo que ofrece. Y puesto que para lograr beneficios económicos se fían más de Rajoy, Sánchez tendrá que hacer su oferta en el campo político: en el del apoyo a un proceso soberanista dialogado.
ERC y JxCAT ya han dejado claro por su parte que van en la misma senda: quieren que Sánchez pida perdón a Quim Torra por llamarle Le Pen y xenófobo. Quieren igualmente una “solución” para lo que denominan “presos políticos”: es decir, excarcelar a los golpistas. Y quieren igualmente el compromiso de negociar una consulta pactada y concedérsela.
Y estas posturas serán un duro contratiempo para Sánchez, que se ha comprometido en la presentación de su moción a formar un Gobierno de plena y total defensa de la Constitución Española. Y que, en caso de cabalgar de nuevo a lomos de exigencias separatistas, tendrá en contra a buena parte de su propio Comité Federal, donde barones comandados por Susana Díaz siguen esperando vengarse de él.
Los catalanes, además, no le harán fácil el encaje con el resto de formaciones. Y es que, como ya ha adelantado Marta Pascal, coordinadora general del PDeCAT, la formación independentista no votará junto a Ciudadanos en la moción de censura propuesta por el PSOE. “Los votos de PDeCAT son incompatibles con los votos de C’s”. “Nuestros votos no son compatibles con una fuerza política que la semana pasada se vestía de largo, de nacionalista, de ultranacionalista, y lo hacía con una gran bandera española detrás y cantando un gran himno”, afirma Pascal.
También ha declarado que el partido tendrá que posicionarse ante la posible candidatura del líder socialista, Pedro Sánchez, después que haya pasado “algunos días insultando” al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y apoyara la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.