Piden 84 años para tres mandos de los Mossos por acoso: «Les voy a cortar el cuello con un hacha»

Humillaciones, castigos físicos, vejaciones y comentarios por parte de los mandos acosadores: «Les voy a cortar el cuello con un hacha a todos y cada uno». Ese es el clima laboral que han soportado durante años cinco mossos de la unidad de élite ARRO de Tarragona. Fruto de esta situación, el próximo mes de junio, dos sargentos y un inspector de los Mossos se sentarán en el banquillo para hacer frente a una petición de 84 años de cárcel. En todo este tiempo, el Gobierno de la Generalitat ha ignorado a las víctimas, costea la defensa de los acusados, promete que pagará las indemnizaciones en caso de resultar condenados y les ha dispensado de depositar 84.000 euros de fianza.

Después de pasar por un infierno laboral y personal que se ha prolongado durante catorce años, todos los denunciantes sufren secuelas que van desde ansiedad hasta depresiones e incluso la baja por incapacidad permanente. Una larga lista de especialistas médicos están citados a testificar en la vista oral para examinar las repercusiones de los hechos que arrancaron en 2009.

Según el escrito de acusación de cuatro de las víctimas, todo arrancó tras los graves incidentes ante la sede de la Consejería de Agricultura en Reus el 24 de octubre de 2009. La manifestación del sindicato Unió de Pagesos desembocó en graves altercados y todos los mossos de los ARRO acabaron lesionados, algunos de gravedad. Algunos de los heridos se quejaron por conducto oficial de los errores del sargento en la planificación del operativo que casi termina con el linchamiento de los policías.

Aunque en una reunión posterior con el intendente máximo de los Mossos en Tarragona, los mandos admitieron los «errores manifiestos de planificación», la suerte estaba echada para los demandantes.

A partir de este momento, los sargentos dejaron de asignarles horas extraordinarias reduciendo su sueldo mensual, les prohibieron usar prendas de abrigo en el servicio a la intemperie durante horas, les humillaron delante del resto de compañeros y les denegaron todos los permisos de asuntos propios.

El escrito de acusación recuerda que los presuntos acosadores sometían a las víctimas a pruebas físicas de gran exigencia durante el periodo de rehabilitación de las lesiones graves e, incluso, intervenciones quirúrgicas que habían sufrido mientras trabajaban. «Se les impedía que siguieran con su rehabilitación, se les impedía que cobraran la productividad», cuenta el escrito, revelando que otros mossos (un cabo lo hizo) indignados por lo que ocurría dieron parte a sus superiores y se les castigó cambiándolos de unidad.

En ese ambiente de opresión, unos se vieron obligados a cambiar de unidad y de destino con sus familias, otros sufrieron bajas por depresión, pero las denuncias prosperaban. Fue precisamente a partir del impulso judicial al caso, cuando «los mandos se dedican a intentar provocar situaciones que justifiquen castigos o la expulsión de las víctimas de la unidad».

La entrada en escena de la División de Asuntos Internos (DAI) en 2013 supuso un cambio a peor para las víctimas. La llamada por algunos agentes «policía política» de los Mossos, se posicionó del lado de los mandos y expedientaron a las víctimas. Entre tanto, los presuntos acosadores ocupaban el tiempo en cuestionarle a las víctimas las veces que iban al baño cuando estaban de servicio o como cuenta el escrito: «Difundir rumores sobre su estado físico y mental o sobre una supuesta rebeldía hacia los mandos», para conseguir aislarlos. Los testigos relatan que los mandos hablaban abiertamente de que no pararían hasta expulsarlos del cuerpo. Entre tanto, les echaban de las reuniones de su unidad, no les dejaban participar de las tareas comunes e incluso en el escrito figura cómo uno de los mandos llegó a decirle a un cabo que «le iba a cortar el cuello con un hacha».

Finalmente, el inspector ahora procesado citó uno por uno a los cinco mossos en su despacho. Luego les abrió un expediente a cada uno por faltarle gravemente al respeto en esas reuniones. El inspector no sabía que cada agente había grabado la reunión, ahora está acusado de falsificar y alterar documentos públicos.

En total, la acusación de cuatro de los mossos víctima del acoso pide 20 años de prisión para cada uno de los dos sargentos procesados por los delitos de lesiones y contra la integridad moral. Al inspector se le solicitan 44 años de prisión por alteración de documentos, lesiones y contra la integridad moral. También piden 33.000 euros de indemnización para cada una de las cuatro víctimas.