La ONU denuncia que la repatriación de los menores impulsada por Marlaska viola el derecho internacional
Naciones Unidas ha denunciado este domingo que la repatriación a Marruecos de los menores que entraron ilegalmente a Ceuta «viola el derecho internacional».
Así se ha pronunciado el organismo internacional a través de su responsable especializado en derecho humanos de los inmigrantes, Felipe González.
En sus redes sociales, González ha señalado que «devoluciones sin haber completado procedimiento de determinación del interés superior del niño violan el derecho internacional».
La repatriación de los menores se inició el pasado viernes, promovida por el Ministerio del Interior. Las salidas se están llevando a cabo en grupos de 15, excepto los considerados «vulnerables», sin que se haya concretado qué características concurren en esos casos.
La Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación para conocer las condiciones en las que se están llevando a cabo estas repatriaciones.
Los menores han sido sacados del pabellón Santa Amelia y trasladados hasta la frontera del Tarajal, la que cruzaron entre los días 17 y 18 de mayo ante la pasividad de las autoridades marroquíes.
Una vez que son entregados a Marruecos, «lo que se ha acordado con el Gobierno marroquí es que ellos serán los encargados de buscar a las familias de los menores, y en el caso de que no fuera posible quedarían en un centro de acogida» de Marruecos, han señalado fuentes de la Delegación del Gobierno.
La devolución de inmigrantes menores no acompañados está recogida en un convenio bilateral con Marruecos, pero desde su última revisión en 2012 no se había activado.
Crisis en la coalición
Las repatriaciones han provocado una nueva crisis en el Gobierno de coalición.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha criticado que lleva «meses» pidiendo a Interior «trabajar un protocolo de reagrupación familiar de niños y niñas que migran solos», sin recibir, ha asegurado, «ninguna respuesta al respecto».
Belarra ha avisado de que «cualquier proceso de reagrupación familiar debe contar con un protocolo que incluya entrevistas individualizadas a los niños», así como «el conocimiento pormenorizado por parte de la Fiscalía del procedimiento».