Ataques a jueces

Ofensiva del Gobierno y sus socios contra el juez de Tsunami: «Tiene una obsesión política»

La vicepresidenta Ribera afirma que el juez tiene "querencia por pronunciarse en momentos políticos sensibles"

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Gonzaga Durán

El Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios ha iniciado una ofensiva contra el juez Manuel García-Castellón, que investiga el caso Tsunami y defiende que se investigue por delito de terrorismo.

La vicepresidenta Teresa Ribera ha acusado este viernes al juez de «tener querencia por pronunciarse en momentos políticos sensibles», en alusión a las negociaciones del PSOE con los separatistas para que salga adelante definitivamente la Ley de Amnistía, que permitió la investidura de Pedro Sánchez. «Tiene cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno frente a lo que por lo demás suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros  dentro del ejercicio de ese Poder Judicial», ha esgrimido.

Ribera ha acusado también a García-Castellón de «inclinarse siempre en una misma dirección». «Nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles», ha reiterado en una entrevista a La Hora de La 1 de TVE. La ministra no ha descartado que se trate de un caso de lawfare, la supuesta persecución judicial por motivos políticos que defienden los independentistas.

Moncloa ha intentado quitar hierro al asunto tras las declaraciones de la vicepresidenta tercera del Gobierno atacando a juez del caso Tsunami. «El Gobierno respeta la separación de poderes y la independencia de los jueces», han expresado fuentes gubernamentales. Sin embargo, han precisado que «el Gobierno siempre respeta las decisiones del Poder Judicial aunque, en ocasiones, no comparta algunas de ellas».

Fuentes de Moncloa destacan que «en el caso Tsunami, las decisiones del magistrado fueron recurridas por el fiscal del caso, por lo que la consideración jurídica de los hechos ocurridos como terrorismo están pendientes de recurso ante la propia Audiencia Nacional» y añaden que «ese debate jurídico se resolverá por los órganos judiciales», cuestionando así nuevamente al juez.

Ataque

Los socios separatistas del Gobierno también se han lanzado en tromba contra el juez de Tsunami, y sostienen que el magistrado tiene «una obsesión política» con el objetivo de «incriminar al independentismo de terrorismo».

Así lo ha asegurado la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta. «Su objetivo es incriminar al independentismo, a ERC, a Junts, a Marta Rovira y al presidente Carles Puigdemont como terroristas», ha sostenido este viernes en una entrevista concedida a La Hora de La 1 de TVE.

El juez García-Castellón desestimó este jueves el recurso presentado por la Fiscalía  contra su decisión de enviar la causa sobre Tsunami Democràtic al Tribunal Supremo para que se investigue por un presunto delito de terrorismo a Carles Puigdemont, a la dirigente de ERC Marta Rovira y a otras diez personas, al tiempo que mantiene que los hechos fueron terrorismo. Por ello, ERC y Junts han incluido en sus enmiendas a la Ley de Amnistía que la norma incluya también a los posibles condenados por estos delitos.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, acusa directamente a García-Castellón de «trabajar para el PP». «Salvó a Cospedal de la Kitchen, a Esperanza Aguirre de la Púnica, sacó a Ignacio González de la cárcel, archivó la causa contra el rey, nunca supo quién era M.Rajoy, ha abierto 20 causas contra Podemos y ha imputado por terrorismo a Marta Rovira por una manifestación. Pero no digas que trabaja para el PP que le estás faltando el respeto a no sé quién», ha señalado en un mensaje colgado en las redes sociales.

Por su parte, el diputado de Bildu Jon Iñarritu aboga por «desactivar» con la Ley de Amnistía «todos los intentos desesperados de la extrema derecha judicial de seguir emponzoñando». «El señor García-Castellón insiste en explicar a toda la ciudadanía qué es el lawfare aplicado en Cataluña ante tal despropósito, es imprescindible que la futura Ley de Amnistía desactive todos los intentos desesperados de la extrema derecha judicial de seguir emponzoñando», ha asegurado.

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha celebrado también que el Gobierno de Sánchez ataque al juez del caso Tsunami. «Es una buena noticia que el PSOE se sume a la denuncia del sector reaccionario del poder judicial que se ha saltado todos los principios democráticos para perseguir adversarios. García Castellón, uno de sus máximos representantes, fue denunciado por Podemos por prevaricación», ha sostenido.

«Prevaricación»

El PP ha calificado de «gravedad extrema» las afirmaciones de Ribera. «Es de una gravedad extrema que una vicepresidenta del Gobierno insinúe que hay jueces que prevarican en su toma de decisiones», lamentan los populares.

Fuentes de Génova destacan que «el sanchismo asume el discurso independentista de que la Justicia no es imparcial y Ribera pone voz a los que dicen que en España hay lawfare».

«Duele ver al Gobierno de nuestro país recitar el argumentario independentista, desprestigiando de paso nuestro sistema democrático. Cada vez cuesta más diferenciar las declaraciones que hacen los dirigentes del PSOE de aquellas que hacen los de ERC o Junts», aseguran desde la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo.

Fuentes internas del PP recuerdan que desde el PSOE «no cuestionaban la imparcialidad del juez García-Castellón cuando instruía el caso Púnica, el caso Lezo o el caso Kitchen». «Queremos saber si el ministro de Justicia o la ministra de Defensa, jueces de profesión, opinan como Ribera. Su silencios y el de Sánchez confirmarían que el PSOE ya no cree en aquellos estamentos de la Justicia española en la que no haya un juez o magistrado elegido directamente por el presidente del Gobierno», destacan los populares.

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