Junts quiere que la Ley de Amnistía recoja que el separatismo «no cometió actos de terrorismo»

Junts quiere, sí o sí, que los investigados en la causa de Tsunami puedan beneficiarse de la Ley de Amnistía, pese a estar imputados por un delito de terrorismo. Es el caso, entre otros, de Carles Puigdemont. Con el PSOE cerrado en banda a amnistiar todos los delitos de terrorismo, como propone Junts a través de una enmienda, los separatistas se abren a mantener ese capítulo tal como está, pero con un añadido en la exposición de motivos que sentencie que el separatismo «no cometió actos de terrorismo». Aunque eso contradiga a un juez como Manuel García-Castellón.

La proposición de Ley de Aministaía fue registrada el pasado mes de noviembre tras una agónica negociación entre el PSOE y Junts. Se formalizó con una redacción al dictado de los de Puigdemont. El texto original contemplaba perdonar los delitos de terrorismo cometidos en el marco del proceso independentista, si bien excluía expresamente los casos en los que ya hubiera sentencia firme. Pero llegó un temor sobrevenido a los pocos días de ser presentada la proposición de Ley de Amnistía: la causa abierta por García-Castellón. Y este paso del juez les ha llevado a mover ficha.

Junts, según se recoge en una de las enmiendas que ha presentado en la tramitación parlamentaria, quiere que sean amnistiables todos los actos de terrorismo perpetrados en el contexto del procés, también en los casos donde ya haya recaído sentencia firme. Por eso, según fuentes de los junteros consultadas por este periódico, los negociadores de ambos partidos se centran ahora en añadir un párrafo en la exposición de motivos que aclare que ningún acto en el marco del procés puede ser considerado terrorismo. Ello para blindar una posible futura sentencia.

En el Partido Socialista tienen decidido que «los delitos graves», como los de terrorismo, «han de estar exceptuados de la amnistía». Dicen en Ferraz que eso es «una línea roja» que no están dispuestos a traspasar. Pero acogiéndose a la argumentación de que «no es comparable» el terrorismo de ETA o el del yihadismo con los actos de Tsunami, que verbalizó el propio Pedro Sánchez en diciembre, los socialistas se abren a aclarar que no hubo actos terroristas durante el procés. Es un híbrido entre lo que pide Junts y lo que está dispuesto a aceptar el PSOE, y que blindaría a los investigados por terrorismo.

En el partido que sustenta al Gobierno recuerdan que la piedra clave de la normativa europea sobre terrorismo es la directiva 2017/541 -que sustituyó a decisiones marco anteriores-, la cual establece la obligación de los estados miembro no sólo de perseguir los actos de terrorismo sino de castigarlos.

No obstante, se acogen a esta misma normativa comunitaria para apreciar una ampliación del objeto de la amnistía, por cuanto abarcaría a más casos y más personas -aunque sin concreción actual-.

Calificación del delito terrorista

Este texto recoge que se consideran delito de terrorismo los «atentados contra la vida de una persona que puedan tener resultado de muerte o contra la integridad física de una persona, el secuestro o la toma de rehenes, destrucciones masivas de instalaciones estatales o públicas, sistemas de transporte, infraestructuras, el apoderamiento ilícito de aeronaves y de buques, la fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro o utilización de explosivos o armas de fuego, químicas, biológicas, radiológicas o nucleares inclusive», entre otras cuestiones. «Nada de esto se hizo durante el procés», indican en Junts.

Fuentes del partido independentista explicaban este jueves en los pasillos del Senado que continuarán negociando con el PSOE, con la esperanza de que sus aportaciones sean finalmente aceptadas. Versión que confirmaban desde el Partido Socialista. Los de Junts dejan claro que no se levantarán de la mesa porque su objetivo es poder «blindar» la ley para que alcance a todas las personas que ellos consideran que deben ser amnistiadas, y para que sea de aplicación inmediata en cuanto entre en vigor.

Desde el PSOE, su portavoz, Patxi López, garantizó también que seguirán teniendo abierta la vía de diálogo, pero remarcó que, para su partido, la ley ya está «bien armada y bien reforzada» con las enmiendas aprobadas este jueves. El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, insistieron en que su línea roja era mantener el capítulo relativo al terrorismo tal como está. Sin descartar otras posibles modificaciones aunque afecten a este delito.