El Gobierno ataca al juez de Tsunami: «Tiene querencia por pronunciarse en momentos políticos sensibles»

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha atacado al juez del caso Tsunami, Manuel García-Castellón, por pedir que se investigue por un presunto delito de terrorismo al ex presidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont. «Tiene querencia por pronunciarse en momentos políticos sensibles», ha afirmado Ribera, en alusión a las negociaciones del PSOE con Junts y ERC para que salga definitivamente adelante la Ley de Amnistía que permitió la investidura de Pedro Sánchez.

«Yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se estaba pronunciando este juez, que como digo nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles», ha sostenido la también ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Así se ha mostrado Teresa Ribera al ser preguntada sobre que el juez García-Castellón haya desestimado el recurso presentado por la Fiscalía  contra su decisión de enviar la causa sobre Tsunami Democràtic al Tribunal Supremo para que se investigue por un presunto delito de terrorismo en la causa a Puigdemont, a la dirigente de ERC Marta Rovira y a otras diez personas, al tiempo que mantiene que los hechos fueron terrorismo.

La vicepresidenta tercera del Gobierno ha defendido que es «muy importante» respetar «la separación de poderes como uno de los principios fundamentales de la convivencia y la Constitución», incluyendo al Poder Judicial, para acto seguido atacar al juez del caso Tsunami. «Hay algunas personas que ostentan esa representación institucional del poder judicial que tiene cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno frente a lo que por lo demás suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio de ese Poder Judicial», ha esgrimido este viernes en una entrevista a La Hora de La 1 de TVE.

Además, Teresa Ribera cuestiona al juez de la Audiencia por su criterio político y porque «siempre tiene mucho acierto en la sensibilidad de las fechas». «Debe explicar su pronunciamiento. Corresponde esperar a ver qué es lo que ocurre», ha apostillado.

Preguntada sobre si lo considera un caso de lawfare, como denuncian los separatistas, Ribera ha señalado que es «capital» entender que no sólo importa el ejercicio del Poder Judicial, sino también «las formas y las motivaciones».

«Pero también esa valoración de oportunidad sobre el momento en que salen a la luz estas informaciones es relevante», ha recalcado la vicepresidenta tercera del Ejecutivo en alusión a la tramitación parlamentaria de la Ley de Amnistía que el PSOE pacto con lo separatistas a cambio de sus votos para la investidura de Pedro Sánchez.

«Nitidez de los indicios»

El juez Manuel García-Castellón rechazó el recurso de la Fiscalía contra su decisión de proponer al Tribunal Supremo que impute a Carles Puigdemont por un presunto delito de terrorismo. En su auto, negó que estuviese aprovechando la situación del debate sobre la Ley de Amnistía para imputar a Puigdemont y acusó a la Fiscalía de dejación de funciones.

«Debe reflexionarse sobre el hecho singular de tener que insistir ante al órgano que tiene por misión ‘promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad’, sobre la contundencia, cantidad y nitidez de los indicios que permiten sostener la calificación inicial por delito de terrorismo», señaló en su escrito, al tiempo que rechazó también el recurso contra la imputación de Marta Rovira y otras diez personas.

El magistrado defendió que la investigación «se ha afianzado la tesis inicial que calificaba los hechos como delito de terrorismo», tanto para incluir al prófugo Puigdemont en un posible delito de terrorismo. «La gravedad de los delitos que, en este momento se vislumbran, la clara afectación que estos tuvieron a los intereses generales, y a estructuras económicas esenciales del Estado, los daños concretos que se causaron a los perjudicados y las graves lesiones sufridas por las víctimas del delito, no solo exigen su esclarecimiento promoviendo la acción de la justicia, sino que además exige, en defensa de la legalidad, que la instrucción y enjuiciamiento se efectúe por el órgano judicial que ostenta la competencia objetiva y funcional para ello, que en este caso sería de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, como se señala en la Exposición Razonada que se pretende desactivar», esgrimió García-Castellón.