La nueva Ley de Seguridad de Marlaska deja sin castigo a Podemos, ERC o Bildu por alentar disturbios

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana se ha pactado con Podemos por algo: para librar de responsabilidad de la formación morada cuando alienta disturbios o respalda ataques callejeros. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quiere modificar el artículo que regula la responsabilidad final por estos ataques callejeros y pretende dejar sin culpa alguna a quienes alimenten las movilizaciones ejerciendo “actos semejantes”. El cambio deja sin responsabilidad a Podemos cada vez que, desde sus redes sociales o con actos oficiales, respaldan actos que acaban en violencia.

El respaldo de la gente de Podemos, Bildu o ERC a los violentos en disturbios callejeros se ha convertido en un clásico. Cargos oficiales han llegado a cargar públicamente contra la Policía por hacer su función de controlar los disturbios en las calles. Pero, ahora, la reforma de la Ley de Seguridad de Ciudadana que prepara el PSOE de la mano de Podemos pretende generar un cortafuegos total, de manera que ninguno de esos actos pueda acarrear consecuencias penales para las formaciones que simpatizan o impulsan las movilizaciones.

El cambio que prepara Marlaska se centra en el artículo 30.3 de la Ley de Seguridad Ciudadana, la mal llamada ley mordaza. En ese artículo se señala que “a los efectos de esta Ley se considerarán organizadores o promotores de las reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones las personas físicas o jurídicas que hayan suscrito la preceptiva comunicación. Asimismo, aun no habiendo suscrito o presentado la comunicación, también se considerarán organizadores o promotores quienes de hecho las presidan, dirijan o ejerzan actos semejantes, o quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las mismas, por las manifestaciones orales o escritas que en ellas se difundan, por los lemas, banderas u otros signos que ostenten o por cualesquiera otros hechos pueda determinarse razonablemente que son directores de aquellas”.

El Gobierno quiere eliminar ahora de ese artículo la expresión «o ejerzan actos semejantes”. El resultado, tal y como han explicado fuentes policiales a OKDIARIO, es que “a partir de la entrada en vigor de ese artículo, en caso de ser aprobada la reforma definitivamente, en cualquier acto convocado por grupos violentos en el que se produzcan incidentes o alteraciones de la seguridad ciudadana (cortes de tráfico, etc.) y que no hayan tenido formalmente un comunicante ante la Delegación del Gobierno, no se podrá investigar la relación con quienes han realizado actos públicos o declaraciones semejantes que hayan alentado la movilización”. Las mismas fuentes señalan que el resultado es la “impunidad de los impulsores intelectuales, porque no se permitirá sancionar a quien, de manera evidente, pueda ejercer un liderazgo o dirección en ese acto, visible por los propios policías”.

Otra fuente policial señala que “sólo serían sancionables los organizadores o promotores formales, que se identifiquen en la comunicación que remitan a la Delegación del Gobierno antes de la manifestación. Si nadie la convoca formalmente, lo que se hace hasta ahora es identificar a quienes la UIP (antidisturbios de la Policía) detecta e identifica como líderes o promotores de facto, por su forma de dirigirse a los participantes”. La Policía puede hacerlo hasta ahora porque “esos cabecillas ocultos ejercen actos semejantes a los de un organizador formal y se les podía sancionar. A partir de ahora, impunidad”.

El ministro Fernando Grande-Marlaska, de hecho, sabe que la reforma de la mal llamada ley mordaza puede ser una bomba a efectos de control del orden público. Y lo sabe hasta el punto de que ha engañado a la Policía y, tras prometer a los representantes sindicales de los agentes una ronda de negociación previa a la definición de la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, la ha cerrado previamente y con Podemos.

Otro de los motivos de fuerte polémica en la reforma legal es la petición de la izquierda de tumbar la prohibición de grabar a los agentes en las manifestaciones y en el resto de actuaciones policiales. Los agentes pedían interlocución antes de tumbar un punto que sólo busca proteger a los policías de coacciones o venganzas posteriores sobre ellos mismos o sus familias. Marlaska había prometido negociar previamente con la Policía. Pero los agentes se han encontrado con la reforma en la prensa. Y con la promesa de permitir grabar a los agentes en boca de toda la izquierda.