Marlaska engaña a la Policía: le prometió negociar la nueva ley de seguridad y la ha cerrado con Podemos

El ministro Fernando Grande-Marlaska ha vuelto a engañar a la Policía, como ya hiciera con su incompleta equiparación salarial. Había prometido a los representantes sindicales de los agentes una ronda de negociación previa a la definición de la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, la mal llamada por la izquierda ley mordaza.

El motivo no era otro que el hecho de que la izquierda reclama, entre otras cosas, tumbar la prohibición de grabar a los agentes en las manifestaciones y en el resto de actuaciones policiales. Los agentes pedían interlocución antes de tumbar un punto que sólo busca proteger a los policías de coacciones o venganzas posteriores sobre ellos mismos o sus familias. Marlaska había prometido negociar previamente con la Policía. Pero los agentes se han encontrado con la reforma en la prensa. Y con la promesa de permitir grabar a los agentes en boca de toda la izquierda.

La aprobación de la reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, pactada por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos va a infligir un daño grave e irreparable a la operatividad policial, de salir adelante en los términos conocidos hasta la fecha. Se trata de la opinión de uno de los grandes sindicatos policiales, la Confederación Española de Policía (CEP).

Este y el resto de grandes sindicatos policiales, de hecho, habían sido convocados a una ronda negociadora con el ministro del Interior entre el 11 y el 18 de noviembre para definir los puntos de la reforma. Grande-Marlaska ha engañado a la Policía y los agentes se han encontrado con los principales puntos de la reforma de la ley plasmados y pactados ya con Podemos.

“La iniciativa llega en el peor de los momentos, precisamente por el aumento de incidentes violentos relacionados con los llamados “botellones” y los comportamientos incívicos vinculados a esta forma de ocio en la que se ocupa el espacio público y se produce la ingesta de alcohol.

En este sentido, hay que recordar que estas aglomeraciones han derivado en algaradas callejeras y cargas policiales en Madrid (el 15 de septiembre y 2 de octubre, por ejemplo, con 46 detenidos) o municipios como San Sebastián, Zaragoza, La Laguna o Noja, en este último caso con 600 asistentes y 18 detenidos”, destaca CEP.

La reforma de esta norma, efectivamente, parece pensada únicamente para una parte de la ciudadanía. Y es que olvida en su articulado el deber de proteger los derechos de todos, empezando por los de aquellos que ven su vida alterada por comportamientos incívicos de quienes van a encontrar en esta reforma un mensaje equivocado de impunidad.

Un ejemplo concreto de este riesgo se ha plasmado, efectivamente, en el punto que propone limitar la responsabilidad de los incidentes en una manifestación o concentración únicamente a los organizadores o promotores, retirando del articulado la opción de sanción a quienes ejerzan actos similares a ellos. Con este cambio, cualquier persona o colectivo que no convoque formalmente un acto público -o lo haga desde el anonimato de las redes sociales- pero que se dedique a impulsar incidentes o comportamientos sancionables quedará impune.

Catálogo de sanciones

El mismo mensaje, ciertamente peligroso para la seguridad ciudadana, se transmite cuando se elimina del catálogo de sanciones la obstaculización de vías públicas con mobiliario urbano, contenedores, neumáticos u otros objetos, de tal forma que estos actos de gravedad podrán producirse sin reproche administrativo. Más impunidad para quien decida alterar la convivencia pacífica del resto de la sociedad.

Por otra parte, llama poderosamente la atención que se haya reactivado este proyecto normativo por mera cuestión de “agenda política y no por cuestiones técnicas o jurídicas, sobre todo teniendo en cuenta el perjuicio que provocará en los derechos profesionales de los policías nacionales y del resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Sólo así puede entenderse la supresión del apartado que hace sancionable la captación de imágenes de miembros de las FCSE cuando ello suponga un peligro para los policías, sus familias u operaciones en curso”, señala el sindicato policial.

Esa reforma “pone en la diana del señalamiento en redes a más de 200.000 funcionarios de los diferentes Cuerpos policiales, a los que ahora se podrá acosar y hostigar con material videográfico. Esta medida es innecesaria, injusta, temeraria y ha generado una amplia e irreparable preocupación entre los profesionales de la seguridad pública, a los que se sitúa, por conveniencia de la aritmética parlamentaria, ante un escenario de riesgo personal y familiar”, concluyen los policías.