La nueva Ley de secretos oficiales permite a Sánchez ocultar con quién y a dónde viaja en el Falcon

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en segunda vuelta el proyecto de Ley de Información Clasificada. Entre otros asuntos, la ley habilita al Consejo de Ministros, en exclusiva, a determinar qué informaciones podrán ser clasificadas como «secreto» de Estado. Ello supone que asuntos comprometedores para el Ejecutivo de Pedro Sánchez y que siempre ha tratado de blindar, como sus viajes en Falcon, podrán permanecer ocultos.

En concreto, la norma permite que el Consejo de Ministros declare una información de «alto secreto» o «secreto», alegando algunas razones, muy genéricas, como la defensa nacional, la seguridad pública, la seguridad y capacidad de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad… o cualquier otro ámbito cuya salvaguarda requiera de la más alta protección. Y esto, en consideración de Pedro Sánchez y sus ministros.

Hasta ahora, el Gobierno venía amparándose en la Ley de Secretos franquista, de 1968, para no dar información sobre los viajes en Falcon, los acompañantes del presidente o, incluso, la contaminación de la aeronave oficial.

La afición de Sánchez por el Falcon es conocida. Recién llegado a La Moncloa, llegó a volar en el avión militar para acudir a un concierto de The Killers, su grupo favorito, en Castellón, lo que provocó una recordada polémica. Además, ha aprovechado el avión presidencial para desplazarse a mítines del PSOE por todo el país.

El Gobierno ha venido reiterando, a sucesivas preguntas, que la Ley de Secretos Oficiales hasta ahora vigente señalaría que tanto los informes sobre movimientos de aeronaves militares como los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidas a la misma «deben tratarse como materia clasificada con el máximo grado de protección». En realidad, la ley nada dice sobre esta cuestión.

Moncloa ha llegado a blindar también como información «clasificada» y con el «máximo grado de protección» el impacto del Falcon en la contaminación.

Atendiendo a lo genérico de la nueva ley, Sánchez podrá blindar como secreto prácticamente cualquier asunto que considere. Por ejemplo, sus vacaciones en La Mareta. El presidente socialista también se ha negado a revelar sus acompañantes en los palacios de los que disfruta durante sus días de descanso.

Límite de 45 años

La próxima Ley de Información Clasificada establece además un límite de 45 años para desclasificar automáticamente documentos de alto secreto, por lo que se podría hacer pública información sobre el intento de golpe de Estado del 23-F si la norma se aprueba a finales de este año, «salvo que afectara a la seguridad nacional y la defensa».

En el caso de la documentación de secreto, el límite para hacerla pública será de 35 años con prórroga de 10 años más. Para la documentación clasificada como confidencial tendrá que estar desclasificada en un plazo entre 7 y 9 años, sin posibilidad de prórroga, y para la información restringida será un plazo entre 4 y 5 años, sin posibilidad de prórroga.

El ministro Félix Bolaños ha interpelado veladamente a los socios de Gobierno para que apoyen esta norma y ha señalado que si la tramitación parlamentaria fuera «rápida» la ley podría estar en el BOE en el último trimestre de este año.

«Si fuera así, estoy hablando de una hipótesis, lógicamente los apoyos parlamentarios hay que trabajarlos y hay que conseguirlos, pero entraría en vigor en el último trimestre de 2026. Es decir, incluiría el año 1981 y anteriores, por lo que entraría el año del 23-F», ha añadido.

Eso sí, ha insistido en que esa información se desclasificaría automáticamente «salvo que algo afectara a la seguridad nacional y la defensa». También se levantaría el secreto de los años anteriores y de la dictadura, recordando que «siempre y cuando no se valore que haya alguna causa superior de seguridad nacional o de defensa que hace recomendable que siga clasificado algún documento».

En ese caso, además de hacerlo de oficio, lo pueden pedir personas que tengan interés profesional o personal y, si hay algún tipo de discrepancia entre el solicitante y la administración, será la sala tercera de los contencioso administrativos del Supremo quien tome la decisión definitiva, tal y como ha detallado Bolaños.

Del mismo modo, la norma introduce un régimen sancionador administrativo para quien desvele información clasificada, con sanciones que van desde los 30.000 euros en los supuestos menos graves a los 2,5 millones de euros en los más graves. Un régimen de sanciones que Bolaños ha calificado como «proporcional».

El ministro será la máxima autoridad en materia de información secreta. De él dependerá, por ejemplo, la llamada Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, restando así competencias a Defensa.