Moncloa reconoce que la ley de paridad es un anuncio electoral de Sánchez que ya no da tiempo a aprobarse

La ley de paridad «no se podrá aprobar esta legislatura». En estos términos, y con esta claridad, reconocen en el Gobierno que el anuncio de Pedro Sánchez no es más que una estrategia electoralista de cara al Día de la Mujer que se celebra este miércoles, 8 de marzo, y en plena pugna con sus socios de Podemos para abanderar la bandera feminista. De hecho, el PSOE avisó a los morados de lo que iba a anunciar Sánchez horas antes que lo dijera en un acto de partido. Sin conversación previa ni demasiada lealtad institucional. Este martes, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno, Sánchez vetó a la ministra de Igualdad, Irene Montero, para dar los detalles del anteproyecto e hizo que fuera la vicepresidenta Nadia Calviño la que capitalizase el anuncio. Antes la había vetado de la redacción de la norma.

Y es que lo que aprobó este martes el Consejo de Ministros es un anteproyecto de ley. Ahora, los cinco ministerios implicados -Presidencia, Interior, Justicia, Trabajo y Hacienda- tendrán que emitir un informe, algo que tarda aproximadamente un mes. Con estos documentos, el Gobierno ya podrá dar luz verde al texto como proyecto de ley. A partir de ahí, será el turno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de Estado y el Ministerio Fiscal, que también tendrán que dar su opinión al respecto. Aunque no hay un plazo habilitado lo normal es que estos organismos tarden otro mes, por lo que hasta mediados de mayo -en plena campaña electoral y sin actividad legislativa- no podrá llegar al Congreso.

Los proyectos de ley remitidos por el Gobierno irán acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos. La Mesa del Congreso ordenará su publicación, la apertura del plazo de presentación de enmiendas y el envío a la comisión de Igualdad que será la encargada del debate de las enmiendas antes de que el pleno apruebe o no definitivamente la norma. Unas enmiendas que los grupos parlamentarios tendrán que presentar, en un escrito dirigido a la presidenta de la Mesa de la comisión Carmen Calvo, en un plazo de 15 días. Esto, según fuentes parlamentarias, ya sitúa el calendario a la vuelta de las vacaciones. Justo antes de la disolución del Congreso y el Senado. 

Por término medio, un proyecto de ley tarda unos cinco meses desde que el Consejo de Ministros lo envía al Parlamento hasta que, aprobado definitivamente por el Congreso, sancionado y promulgado por el Rey y publicado en el BOE, se convierte en ley. Teniendo en cuenta que agosto y parte de septiembre no son hábiles a nivel parlamentario, y a principios de octubre se disolverán las Cortes, Sánchez no podrá dar luz verde a su proyecto de obligar a empresas y partidos políticos a tener los mismos hombres y mujeres en cargos de relevancia.