Sánchez no consideró prioritaria hace un mes la ley de paridad que ahora impone a las empresas

El Gobierno no consideró que la ley para imponer la paridad en el Consejo de Ministros y los consejos de administración de las empresas fuese una prioridad para este año. De hecho, el plan anual normativo para 2023, que se aprobó el pasado 31 de enero, ni la menciona. La iniciativa fue anunciada por sorpresa este fin de semana por Pedro Sánchez, sin consultárselo siquiera a sus socios de Podemos, pese a corresponderles la competencia en materia de Igualdad. El anteproyecto de ley ha sido aprobado en el Consejo de Ministros este mismo martes, víspera del 8M.

La iniciativa llega en plena cascada de revisiones de condenas a agresores sexuales por la Ley del sólo sí es sí, y tras semanas de intenso debate entre los socios de coalición para su reforma. Hasta el momento, más de 700 delincuentes sexuales se han visto beneficiados por esta norma, que ha provocado ya más de 70 excarcelaciones. Con esta propuesta para la «paridad», Sánchez pretende enarbolar su perfil de líder feminista, una bandera que disputa a sus aliados de coalición.

Medidas

En el ámbito político, la nueva norma modifica la legislación electoral y establece la obligatoriedad de las llamadas «listas cremallera», candidaturas integradas por personas de uno y otro sexo ordenadas de forma alternativa. Además, ningún sexo tendrá una presencia inferior al 40% de los puestos del Consejo de Ministros. En la Administración General del Estado, los órganos superiores y directivos de cada ministerio deberán incorporar también una representación equilibrada en los próximos cinco años.

La norma se extenderá también a distintos ámbitos de la sociedad civil, especialmente al empresarial. El número de mujeres no podrá ser inferior al 40% del total de los miembros de los consejos de administración de las sociedades cotizadas y de las grandes empresas no cotizadas (aquellas con más de 250 trabajadores o una cifra de negocios superior a los 50 millones de euros). La representación equilibrada deberá cumplirse también en las juntas de gobierno de los colegios profesionales y en los tribunales, jurados y órganos colegiados constituidos para otorgar premios o condecoraciones de la Administración General del Estado.

Polémica

La nueva ley ha provocado distintas reacciones políticas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ironizado con cambiar el género de sus consejeros.

«Si es necesario, yo mañana lo que puedo hacer a través de la autodeterminación de género es irme con mi vicepresidente, que puede ser mi nueva vicepresidenta, y con mi consejero de Justicia, que se convertirá en mi nueva consejera», afirmó Ayuso este lunes. De esta forma, añadió, «tendremos a Enriqueta López y a Enriqueta Ossorio y a lo mejor así gestionamos mejor o solucionamos mejor la vida de los madrileños».

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha respaldado estas declaraciones.

«A veces es importante utilizar la ironía», ha respondido este martes, incidiendo en que la Ley Trans, que recientemente ha entrado en vigor, «se contradice con el planteamiento de la Ley de paridad que hace el Gobierno».

«Habrá que ver cómo esas dos realidades tan distintas sobre sexo y género van a confluir en esa ley de paridad. Esa cuestión la tendrá que resolver el Gobierno», ha advertido Gamarra, quien ha valorado que la observación de Ayuso está «muy bien traída en relación a lo que significa el cambio de la Ley Trans y la autodeterminación de género».

Cabe recordar que esta norma permite el cambio de sexo en el registro sin necesidad de aval médico ni someterse a un tratamiento hormonal durante al menos dos años, como ocurría hasta ahora. Los mayores de 16 años podrán solicitar ese cambio libremente, entre los 14 y los 16 necesitarán estar asistidos por sus progenitores y entre los 12 y los 14 precisarán de la autorización del juez. En cualquier caso, si existen desacuerdos entre los padres y el menor, se nombrará un «defensor judicial».