Moncloa preocupada por el rechazo del Congreso al plan de ‘expropiación’ del superávit de los Ayuntamientos

La mayoría de los grupos de la oposición, representados en la comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, rechazó este lunes el acuerdo firmado entre Pedro Sánchez y Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, por el uso del superávit de los ayuntamientos. Un portazo a los planes de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que pone en alerta a Moncloa por la dificultad de alcanzar acuerdos con la vista puesta en los Presupuestos Generales del Estado.

Montero, que este lunes defendió el pacto entre el Ejecutivo y la FEMP, muy cercana al PSOE, asegura que «no se le ocurre» otra manera de eludir la limitación constitucional al gasto público. La oposición acusa al Ministerio de Hacienda de «injerencia» en competencias municipales y «chantaje» a los ayuntamientos. Pese al acuerdo, que se logró con el apoyo únicamente de los representantes del Partido Socialista, los principales partidos de la oposición avisan que «el consenso es inexistente».

Con el acceso a los más de 14.000 millones de euros en remanentes municipales por parte del Estado, el departamento que dirige Montero podría acceder a líneas de financiación de unos 5.000 millones. La derecha, por eso, se niega a que el Gobierno acceda a mecanismos de financiación extra por la vía municipalista. Moncloa se escuda en que el límite establecido al gasto público impide a los ayuntamientos gastar más de lo que ingresan y recurrir a sus superávits anteriores.

La solución para la utilización de estos fondos, según el Partido Socialista y Podemos, pasaría por una difícil reforma constitucional o transferencias especiales sin menoscabar la autonomía municipal. Si el déficit no se puede permitir, alegan, deberían ser fondos especiales los que deberían llegar a las arcas municipales. Una propuesta, la de las transferencias especiales, que no disgusta tampoco a los partidos nacionalistas.

Pero el rechazo de la comisión de Hacienda a los planes gubernamentales va mucho más allá de la utilización o no de los remanentes. En Moncloa lo ven como una declaración de intenciones de la oposición de lo que va a ocurrir este otoño con varias leyes, como la de los Presupuestos, o con el Consejo General del Poder Judicial, que debe renovarse.

En el Ejecutivo de coalición lamentan «la falta de voluntad para llegar a acuerdos» mientras recuerdan que «nosotros siempre apostaremos por el diálogo y la unidad». Socialistas y podemitas critican la actitud de los partidos de la derecha, principalmente del Partido Popular, «cuyo único objetivo es dinamitar este Gobierno e imposibilitar que pueda seguir gobernando».

La ministra, que al término del verano se ha volcado en intentar modificar el acuerdo alcanzado con la FEMP para lograr un apoyo más amplio a sus planes, no puede perder mucho más tiempo en esta negociación. Desde este martes, junto al número dos de la vicepresidencia segunda y responsable económico de Podemos, Nacho Álvarez, inicia los trámites para la elaboración del proyecto de ley de presupuestos.

Montero sigue con la idea de presentar las cuentas públicas en el Congreso este mes de septiembre. Cada vez es más difícil, por la lentitud de los trámites, pero ni ella ni su equipo renuncian a cumplir con los planes fijados desde que se formó el gabinete ministerial el pasado mes de enero. Solo presentando el proyecto en septiembre el Gobierno lograría acabar el año con unos nuevos Presupuestos operativos a 1 de enero de 2021.