Mas acepta crear ya el DNI y el pasaporte catalán

Artur Mas
El presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas. (Foto: GETTY)

El president de la Generalitat en funciones, Artur Mas, ha aceptado la creación de un DNI y pasaporte catalán en cuanto se conforme el nuevo Govern. El documento que Junts pel Sí ha presentado a la CUP, para sacar adelante la investidura de Mas y que sienta las bases de una república catalana refleja la creación de un DNI y una tarjeta ciudadana de servicios que incluye sanidad, transportes o transacciones con la Administración. También se crearán pasaportes y visados. «Habrá que adoptar decisiones políticas sobre cuestiones como la edad obligatoria para tener la tarjeta, el periodo de validez o los requisitos para ser el titular”, recoge el documento de 61 páginas.

Entre las propuestas realizadas por Junts el Sí también se encuentra la creación inmediata de 15 ‘embajadas’ nuevas de la Generalitat, un servicio de espionaje, garantizar la reproducción asistida «a todas las mujeres lesbianas y a las mujeres sin pareja masculina», acordar la titularidad y gestión del Archivo de la Corona de Aragón, la creación de un nuevo Ministerio de Exteriores catalán, el salario mínimo de 1.000 euros o la formación de los funcionarios «para el nuevo Estado catalán”.

Mas acepta estas medidas llamadas de “desconexión” que se implantarán inmediatamente después de la constitución del Gobierno. Se debe regular, indican en el documento, la gestión de los residuos nucleares y la creación de un banco público catalán. La coalición de Artur Mas defiende «la integración del personal de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado —Policía Nacional y Guardia Civil— que prestan sus servicios en el territorio de Cataluña y crear cuerpos nuevos». Así como “delimitar el territorio y preparar acuerdos con los estados limítrofes”.

«Respecto a la restitución de la soberanía, habría que acordar la subrogación de convenios, la gestión de las fronteras del Estado, el traspasos de funcionarios y organismos, y aspectos clave en cuanto al sistema energético, la cuenca del Ebro o el espacio radioeléctrico, entre muchos otros”, subrayan.

Junts pel Sí apuesta por negociar todos los bienes materiales que España administra actualmente en Cataluña y ponen como ejemplo infraestructuras tales como carreteras, puertos y aeropuertos e inmuebles, «así como los bienes que España tiene en el extranjero y que son compartidos y los bienes económicos y financieros, que incluyen los activos (fondos de la Seguridad Social, fondos de compensación, etc.) y los pasivos (deudas de Cataluña avaladas por España y deudas de España que podrían corresponder a Cataluña), entre otros”, apostillan.

Entre las principales novedades en las diferentes materias destaca el “cero desahucios”; la Renta Mínima de Inserción (RMI), que Mas recortó en 2011 y ahora se ampliará el presupuesto de 200 a 270 millones de euros para cubrir el 100% de solicitudes; que sólo podrán trabajar para la Generalitat los hospitales públicos y concertados que no tengan ánimo de lucro o la llamada “monitorización” que consiste en fiscalizar y auditar la acción de gobierno, de manera que si antes de verano la CUP cree que el Govern no cumple con los compromisos tendrán la posibilidad de forzar su relevo con una moción de confianza.

Parece que a Mas le ha pasado desapercibida la imposición de los cuatro presidentes. Para que su candidato sea presidenciable, Junts pel Sí ha propuesto una “presidencia coral”. Es decir, la formación propone que el Govern no lo lidere un “presidente autonómico” sino una “presidencia diferente”, que Romeva definió como “de transición”, formada por cuatro personas, que, según ha explicado, serán presidentes de las diferentes comisiones de Gobierno. Es decir, una forma de restarle poder a Mas en sus funciones y tener a quienes vigilen sus actuaciones de cerca para, en caso de no estar de acuerdo, poder intervenir.

La coalición de Mas deja «en suspenso» la tramitación de BCN World y abre la puerta a la nacionalización de ATLL diciendo que la futura Constitución catalana tendrá que señalar si la gestión del agua debe ser pública.

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