Marlaska rechaza un reconocimiento especial para los policías que lucharon contra ETA

El Ministerio del Interior descarta reconocer de manera especial a los policías destinados en el País Vasco o Navarra, como reclaman varios sindicatos representativos del cuerpo. En una respuesta por escrito en el Congreso de los Diputados -a una pregunta del Partido Popular- el departamento de Fernando Grande-Marlaska cierra la puerta a reconocer un «distintivo de permanencia en el Norte», una reclamación simbólica para los policías que más activamente lucharon contra la banda terrorista ETA. El Ejecutivo señala que «no está prevista ninguna actuación al respecto».

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) remitió hace meses una carta a Grande-Marlaska en la que se pedía este distintivo.

«Consideramos que después de una ardua y sacrificada labor por parte de la Policía Nacional, con muertos, heridos, miedo y presión social, nuestro colectivo no ha recibido el justo reconocimiento por parte de este Gobierno, ni tampoco de los anteriores, y mucho nos tememos que quedará en el olvido el paso de miles de policías nacionales y sus familias por el País Vasco y Navarra, viviendo, especialmente durante los años «más difíciles» en una obligada clandestinidad, sin poder relacionarse con la sociedad, vigilando a quién caminaba a sus espaldas, quiénes eran sus vecinos, quiénes eran los amigos de sus hijos, observando a diario los bajos del vehículo y provocando en muchos casos el conocido como ‘síndrome del norte’», argumentaba el sindicato en una dura misiva.

En la carta reclamaban al Ministerio «el reconocimiento de la labor desarrollada en forma de ingreso en la Orden del Mérito Policial con distintivo blanco» y, además, instaban «a la creación de un distintivo específico que refleje el haber prestado servicio en el Norte» y que «servirá de reconocimiento a una labor de unos años que esperamos no se repitan nunca más». La medida, consideraban, debería ser «extensible» a los agentes ya jubilados o en segunda actividad.

Recientemente, el Partido Popular de Navarra, tras una reunión con representantes de este sindicato, se comprometió a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez ambas medidas para policías destinados en esta comunidad.

«La situación de la Policía Nacional en nuestra comunidad ha sido durante años muy difícil. No han podido llevar una vida con normalidad, ni tener determinados contactos sociales. Desde el PPN su reconocimiento nos parece fundamental», señaló la senadora ‘popular’, Amelia Salanueva.

Más acercamientos

Al tiempo que niega estas reclamaciones de los policías, el Gobierno sí cede en las ambiciones de Bildu mediante los acercamientos constantes de miembros de ETA. El pasado viernes, otros cinco etarras fueron trasladados a cárceles próximas al País Vasco o Navarra.

Entre ellos se encuentra Jon Kepa Preciado Izarra, miembro del sector más duro de ATA (Amnistía Ta Askatasuna), y defensor de la violencia como «arma revolucionaria». Preciado Izarra fue condenado a 377 años de cárcel por intentar el asesinato de la que fuera teniente de alcalde en Portugalete, Esther Cabezudo. Además, fue condenado a 54 años de prisión por colocar un artefacto explosivo en la parte trasera del edificio de la empresa Iberdrola y a otros 9 años por colocar un coche bomba junto al edificio que alberga a la hacienda foral vizcaína y la sede de Antena 3, entre otros.

Desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, en junio de 2018, se han autorizado 168 traslados, correspondientes a 144 etarras. La mayoría se han llevado a cabo en los últimos meses, coincidiendo con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, y la consideración, por parte del Gobierno, de Bildu como interlocutor legitimado para las negociaciones.

En estos meses, además, se ha incrementado de manera vertiginosa el acercamiento de presos con delitos de sangre. Hasta 62 etarras beneficiados por el Gobierno tiene un historial sanguinario.

Entre ellos se encuentran algunos referentes de la banda terrorista, como José Javier Arizcuren Ruiz, alias Kantauri, jefe de los «comandos ilegales» de ETA, considerado autor material de una quincena de asesinatos y quien ordenó matar a Fernando Múgica.

Kantauri fue trasladado en noviembre desde la cárcel de Murcia a la de Logroño, además de lograr una progresión a segundo grado. Ello, pese a que aún no ha cumplido las tres cuartas partes de su condena. En su historial sanguinario figura además el haber ordenado matar a Don Juan Carlos, y asimismo se le considera autor del atentado que mutiló a Irene Villa y a su madre.

Cataluña

Por su parte, desde JUPOL y JUCIL llevan tiempo reclamando a Interior que declare Cataluña como Zona de Especial Singularidad, basándose en los mismos criterios que usaron para hacerlo con el País Vasco y Navarra.

Desde este colectivo señalan el ataque, acoso y odio que sufren los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la región catalana a raíz del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Esa declaración conlleva ciertos incentivos, como un complemento económico o días de permiso. Según las agrupaciones, esto permitiría reducir las peticiones de traslados de agentes a otras regiones y se conseguiría un servicio continuado en esta región para defender la legalidad.

También reclaman la misma consideración para el Campo de Gibraltar por el impacto del narcotráfico.