Interior desconoce el impacto psicológico que provoca en las víctimas el acercamiento de etarras

El Gobierno de Pedro Sánchez ha acelerado en las últimas semanas el acercamiento de presos de ETA, coincidiendo con la negociación con Bildu de los Presupuestos Generales del Estado. Enfrentarse a esa situación es un duro golpe para las víctimas. Sin embargo, desde el Ministerio del Interior se reconoce que no disponen de informes sobre el impacto psicológico que esas cesiones a los proetarras suponen para los familiares. Las asociaciones  de víctimas de ETA sí realizan esas evaluaciones.

Así concluye Interior, a través de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, en una resolución por el Portal de Transparencia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO. En concreto, se preguntaba al departamento de Fernando Grande-Marlaska por los «informes de impacto psicológico sobre las víctimas en los acercamientos de presos de ETA realizados desde el 11 de noviembre a la actualidad».

En estas semanas, Interior ha autorizado el traslado de decenas de presos de la banda, algunos con delitos de sangre y con un especial simbolismo, como el asesino del matrimonio Jiménez Becerril. Otro de los acercados es un mítico de la banda y jefe de ‘comandos’, Kantauri, a quien se le atribuye, entre otros, el asesinato de Fernando Múgica, el secuestro de Ortega Lara o el atentado en el que resultó mutilada Irene Villa.

Interior resuelve, sin embargo, que no se dispone de informes «y se desconoce de su existencia». 

Un total de 121 traslados

Según datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), desde la llegada de Pedro Sánchez al poder, en junio de 2018, el Gobierno ha autorizado 121 traslados, que corresponden a movimientos de 108 etarras, de los cuales, 33 tienen delitos de sangre. 

La asociación alertó este jueves de que, con el ritmo actual, en cuatro meses todos los presos de ETA habrán sido trasladados a cárceles de Madrid y de la zona norte de España, recurriendo muchos de ellos a «cartas proforma de supuesto perdón». Las víctimas reprochan al Gobierno que no se les exija a los etarras ni arrepentimiento ni tampoco colaboración con la Justicia.

Asimismo, según han sostenido en una reunión con representantes del Partido Popular, «Bildu no puede ser tratado como un interlocutor político más, por lo que hay que aislarles políticamente hasta que condenen la violencia de ETA y reconozcan que no tuvo ninguna justificación». La asociación ha entregado a los ‘populares’ más de 200 indicios que tienen recopilados para la ilegalización de Bildu. Además, se pide la creación de una fiscalía específica y la reforma del Estatuto de la Víctima, así como que «se prohíban las convocatorias en la calle que tengan por objeto el recibimiento u homenaje a condenados por delitos de terrorismo».

Entre tanto, la negociación de las cuentas del Estado ha consolidado el papel de Bildu como interlocutor legitimado para el Gobierno socialcomunista. La formación de Arnaldo Otegi ha apoyado los Presupuestos Generales, que la pasada semana superaron su trámite en el Congreso de los Diputados y que, como es previsible, estarán listos a finales de año.

Desde Bildu, sin embargo, se avisa al Gobierno de cuáles son sus pretensiones, que pasan por un cambio en la política penitenciaria y en la cuestión territorial.

«República vasca»

Con respecto a lo primero, ya han advertido de que los acercamientos llegan tarde y son insuficientes, porque el objetivo es la liberación de los presos de ETA, empezando por aquellos que padezcan enfermedades graves y los que hayan cumplido la mayoría de la condena. En este punto, los proetarras cuentan con el respaldo de Podemos que, en distintas iniciativas, ha apoyado esta histórica reivindicación de los de Otegi.

Por otro lado, la formación vasca insiste en el ‘derecho a decidir’ y en su ambición por llegar a la «república vasca». 

Arnaldo Otegi expone sin tapujos que ese es su objetivo, como manifestó en un acto reciente, coincidiendo con el Día de la Constitución. 

El PSOE, por su parte, incluye a Bildu entre los «valientes y patriotas» que permitirán a Pedro Sánchez sacar sus primeras cuentas públicas dos años y medio después de llegar al poder. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, situó además a la formación proetarra en la «dirección del Estado».

Desde Bildu se avisa de que serán «muy exigentes» para que el Gobierno cumpla «lo que dice que quiere hacer», como, entre otros asuntos, «avanzar en la plurinacionalidad».

El partido aprecia una «ventana de oportunidad» en su alianza con el Gobierno que, sostienen, «dice que quiere hacer cosas diferentes, dice que quiere avanzar en la plurinacionalidad o dejar de mirar a los intereses de las élites para empezar a mirar a los ojos de los ciudadanos».