Sánchez pacta con el PNV buscarle empleo a los etarras y que cumplan las penas «en medio abierto»

El acuerdo entre los Gobiernos de Pedro Sánchez e Iñigo Urkullu para el traspaso de la competencia penitenciaria al País Vasco ya está cerrado. Pero, es más, el plan del PNV para los presos etarras pasa por un régimen generoso que opte por el cumplimiento de las penas en “medio abierto” y hasta con un plan de reinserción basado en la búsqueda de empleo para los condenados por pertenencia a la banda asesina.

El plan no tardará en ponerse en marcha en el momento en el que el Gobierno vasco reciba la competencia penitenciaria: en principio, el próximo mes de marzo. Y Pedro Sánchez está ya al corriente.

El nuevo esquema penitenciario que se aplicará desde ese momento a los etarras ha sido definido por la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal. Y los pilares de ese nuevo esquema se basan en dar «un paso más en la construcción de Euskadi” por medio de la “reinserción” de los etarras, según ha explicado ya a sus equipos políticos.

Artolazabal quiere, según su propio programa de actuación, “reforzar el carácter resocializador de las prisiones”. Y para ello pretende que los etarras se beneficien de “prácticas restaurativas y el acceso a los derechos sociales”. Entre estas prácticas figuran los encuentros acelerados entre los criminales y las víctimas para poder avalar un supuesto arrepentimiento de los etarras e iniciar la senda urgente de su excarcelación.

Pero hay más, hasta que llegue ese momento, el Gobierno del País Vasco pretende poner en marcha tres líneas estratégicas: en primer lugar, la potenciación de “las penas y medidas en medio abierto”; en segundo lugar, la construcción de una “red de reinserción vasca que ofrezca una atención individualizada intensiva”; y, por último, la “orientación del internamiento penitenciario hacia la reinserción”.

O, dicho de otro modo, se prepara ya un cumplimiento de las penas en régimen abierto y medidas tendentes de inmediato hacia la reinserción de los miembros de la banda asesina.

La guinda a ese plan de ‘puesta en la calle’ urgente no es otra que la “reinserción” laboral. Un plan para buscar colocación en el mercado de trabajo de forma acelerada que permita a los etarras salir de la cárcel con un sueldo y, a ojos de las autoridades penitenciarias, en vías de reinserción.

«Boutiques y resorts de lujo para etarras»

El PP vasco ha alertado ya en diversas ocasiones de que esta situación se podía producir. El presidente de los ‘populares’ vascos, Carlos Iturgaiz, ha advertido desde hace tiempo de la posibilidad de que, con la transferencia de prisiones, las cárceles del País Vasco se conviertan «en boutiques y resorts de lujo para los criminales de ETA».

Por su parte, el Ministerio del Interior, comandado por Fernando Grande-Marlaska, no ha perdido el tiempo: ha acercado etarras a las cárceles vascas o próximas a toda velocidad para el que el plan de excarcelación en la práctica de etarras puede llevarse a cabo sin demora.

Una de las últimas decisiones de Instituciones Penitenciarias, de hecho, ha sido la autorización de acercamiento para cinco presos, entre los que figuran uno condenado por participar en el secuestro de José Antonio Ortega Lara y otro por matar a Fernando Buesa. Con estos traslados, el 55% del colectivo de presos etarras está ya a menos de 200 kilómetros de sus casas, según ha recordado la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

Instituciones Penitenciarias ha confirmado la progresión al segundo grado y el traslado de estos otros cinco presos de ETA, con lo que ya son 153 los acercamientos aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez desde junio de 2018, que se corresponden a 139 etarras, entre ellos 54 con delitos de sangre. Al País Vasco o Navarra se han autorizado 29, de los que 11 corresponde a la progresión al tercer grado y otros tres por enfermedad.
Entre los últimos acercados hay varios con condenas por atentados. Es el caso de Julen Atxurra Egurola, que deja el Centro Penitenciario Madrid VI-Aranjuez por el de El Dueso, en Cantabria. Fue condenado a 32 años de prisión por, entre otros delitos, ordenar y proporcionar el dinero y el material necesario para el secuestro de José Antonio Ortega Lara, según recuerda la AVT.

Además, hay que sumar 46 años de prisión por dos atentados frustrados contra una casa cuartel de la Guardia Civil y un agente de la Guardia Civil, en julio y agosto de 1986, respectivamente. Tiene otra condena de 28 años de prisión por su participación en el asesinato del agente de policía Julio Sánchez Rodríguez el 28 de octubre de 1986 en el barrio bilbaíno de San Adrián.

Cumplirá las 3/4 partes de la condena en abril de 2034. «A propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión madrileña, y por razones amparadas en la Ley de Protección de Datos, la Secretaría General ha resuelto su traslado a Cantabria y su progresión a segundo grado», informó Instituciones Penitenciarias.

A El Dueso se ha dirigido también a Raúl Ángel Fuentes Villota, en este caso desde el Centro Penitenciario Madrid V-Soto del Real. En 2015 el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia Nacional que le condenaba a 50 años de cárcel por intentar colocar una bomba en el coche de un policía nacional en Barakaldo (Vizcaya) en 1991. Además, cumple condena por tenencia de explosivos y tenencia ilícita de armas. Cumplirá las 3/4 partes de la condena en mayo de 2031.

Diego Ugarte López de Arcaute es otro de los etarras trasladados en los últimos días. Deja la cárcel de Granada por la prisión de Mansilla de las Mulas, en León. Cumple una condena de 30 años por homicidio, atentado, asociación ilícita, tenencia de explosivos, depósito de armas y municiones, y falsificación de documento público.

En 2005 fue condenado a 100 años y 9 meses de prisión por el asesinato del portavoz del PSOE en el Parlamento vasco Fernando Buesa y su escolta, Jorge Díez, cometido el 22 de febrero de 2000. Cumplirá las 3/4 partes de la condena diciembre de 2027.