La cuestionada instrucción de la DANA deja a la juez en manos del CGPJ y con una querella en el aire

La decisión del fiscal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de oponerse a la imputación del expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tal como solicitaba la juez, deja a la magistrada que instruye las diligencias previas del caso, la titular de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, en una situación muy complicada. Porque se produce en un momento en que la magistrada ha sido objeto de varias quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y está pendiente de que el propio TSJCV admita a trámite una querella contra ella y su marido, el también juez Jorge Martínez Ribera, por hasta seis posibles delitos. Además, también está pendiente la reapertura de una segunda querella contra la propia magistrada y su marido. La primera, es la presentada por el abogado Rubén Gisbert. Y la segunda, la del colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias, que ha solicitado reabrir la causa presentada en su día. 

Por si todo ello fuera poco, la propia juez ha  inadmitido el recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto dictado el 2 de marzo por ella misma, que rechazaba admitir, a su vez, la recusación, formulada por seis víctimas de la DANA personadas en la causa, contra ella misma y, en consecuencia, la nulidad de la causa a raíz del escándalo destapado por OKDIARIO, que probó cómo el marido de esta, el magistrado Jorge Martínez Ribera, interrogaba en primera persona a los afectados, amén de dar instrucciones durante el juicio.

La situación es delicada para la juez, a la espera de que la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ adopte una decisión definitiva en torno a la imputación o no de Carlos Mazón en la causa de la DANA. El mantra de instrucción intachable se desvanece. Porque una de las acusaciones particulares, la liderada por Rubén Gisbert, ha presentado una querella contra la instructora y su marido, el también juez Jorge Martínez Ribera, por la intromisión de este último en la instrucción del caso.

Además, una de las defensas, la que dirige el abogado José María Bueno, también ha acusado a la magistrada de efectuar una investigación prospectiva contra Carlos Mazón. Es más, Bueno ha advertido al TSJ en su escrito de alegaciones, que la magistrada ha llevado a cabo una investigación «claramente prospectiva». Este abogado y la defensa que dirige, además, ya insistieron a la instructora en Sala de que una parte significativa de las preguntas que estaba haciendo y permitiendo resultaban prospectivas respecto al entonces presidente de la Generalitat. 

Bueno, además, ha presentado una queja contra la juez que más tarde ha ampliado ante el Consejo General del Poder Judicial, al igual que el abogado de Salomé Pradas y que el colectivo Manos Limpias. No obstante, el Consejo aún no ha resuelto esas quejas a pesar del tiempo transcurrido y de que su decisión es importante para el devenir de la causa. Además, el abogado de Emilio Argüeso, en su día, solicitó y obtuvo el amparo del Colegio de Abogados de Valencia frente a la instructora.

Tanto Bueno, en su calidad de defensor de Emilio Argüeso, como la defensa de Salomé Pradas han solicitado al Alto Tribunal que decrete el sobreseimiento libre de la causa y que, en caso de no hacerlo, sea el TSJCV el que asuma toda la causa.