Marlaska lanza a los separatistas contra De los Cobos al acusarle falsamente de usar fondos reservados

La respuesta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a restituir en su puesto al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos fue acusarle de estar detrás del uso de fondos reservados para la trama Kitchen. Un asunto por el que De los Cobos dio explicaciones como testigo ante la Audiencia Nacional en 2020 y fue exonerado de cualquier culpa, pero que ahora recupera el ministro del Interior como arma arrojadiza contra el coronel. Su señalamiento ha provocado una campaña separatista. Junts ha lanzado una batería de preguntas en el Congreso exigiendo conocer los detalles de esos supuestos fondos reservados irregulares y pidiendo a Interior que inicie un proceso contra el coronel. De los Cobos, mientras, estudia querellarse contra Marlaska por lanzar esa acusación, que luego matizó.

«¿Usted tendría confianza en aquellas personas que gestionaban los fondos reservados sin el debido control y permitieron con ese no control de los fondos reservados que se utilizaran para destruir pruebas para que el PP pudiera ocultar sus responsabilidades? En ese tipo de personas es, al menos, en las que este ministro del Interior no tiene, no ha tenido y no tendrá confianza». Así se despachó Marlaska en el Congreso al poco de conocer el fallo del Supremo que ponía en un aprieto a Interior, reconociendo que la destitución por pérdida de confianza de De los Cobos fue arbitraria y no se ajustó a derecho.

El señalamiento en la Cámara Baja contra el hombre que ha ganado el pulso judicialmente a Interior ya tiene consecuencias. La formación separatista Junts per Catalunya, presidida por el prófugo Carles Puigdemont, ha lanzado una serie de preguntas por escrito al Gobierno exigiendo una investigación a fondo sobre la figura de De los Cobos y ese aludido uso de fondos reservados para la trama policial denominada Kitchen que todavía investiga la Audiencia Nacional.

Las preguntas, registradas por el diputado Josep Pagés (Junts), piden que el Gobierno explique el conocimiento que tiene «acerca de la responsabilidad del Sr. Pérez de los Cobos sobre el uso de recursos y medios públicos, desde el cargo que ocupó como Director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, para fines ajenos al interés público».

No se queda ahí la cosa, ya que el señalamiento de Interior también ha espoleado a las fuerzas independentistas a exigir que estas acusaciones tengan consecuencias para el coronel depuesto. Desde Junts exigen conocer las «actuaciones procesales previstas en relación con el Sr. Pérez de los Cobos y otros responsables de la gestión de los fondos reservados con los que se financió la llamada Operación Kitchen, según afirmó el Ministro del Interior en sede parlamentaria».

Ahora, el Gobierno y el departamento que dirige Grande-Marlaska tienen que analizar estas preguntas y ofrecer una respuesta concreta a ambas. Y deberán hacerlo con suma cautela: De los Cobos estudia presentar una querella contra el ministro por esas acusaciones, de las que se retractó de forma parcial a posteriori.

En la diana

Cabe recordar que De los Cobos es una figura policial que genera especial inquina entre el separatismo. El coronel recibió en 2017 el encargo de coordinar la respuesta policial al referéndum ilegal del 1-O y su testimonio ante el Tribunal Supremo fue pieza esencial para que el proceso terminase con una condena a los políticos que organizaron la consulta. Está, desde entonces, en la diana del independentismo, que incluso festejó su purga. «Personaje siniestro y mentiroso», dijo entonces Puigdemont sobre De los Cobos. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, instó a que su destitución no era suficiente y que habría que «juzgarlo».

Pero la inquina no le llega a De los Cobos sólo desde el independentismo catalán, sino también del vasco. El coronel inició su carrera como guardia civil en el País Vasco, en unidades que luchaban contra ETA en los llamados años de plomo de la década de los 80. EH Bildu incluso ha registrado preguntas parlamentarias acusando a De los Cobos de haber participado en torturas a etarras. Es, por tanto, un declarado enemigo político de las fuerzas que sustentan al Gobierno de Sánchez en el Congreso.

Fondos Kitchen

El uso de los fondos reservados es el último de los argumentos que Interior ha puesto sobre la mesa para insinuar que la pérdida de confianza en el coronel no se produjo por negarse a entregar al Gobierno información sobre una causa judicial secreta -decretada así por una juez- que afectaba directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Se trataba, concretamente, de la causa sobre el 8M, que investigaba las posibles responsabilidades penales de la Delegación del Gobierno en Madrid y del Ministerio de Sanidad a la hora de permitir las marchas feministas del 8 de marzo de 2020, cuando el coronavirus se extendía con rapidez por toda España tal y como apuntaban numerosos informes que el Gobierno tenía sobre su mesa. Aquella manifestación se permitió, pero se prohibieron automáticamente las de días posteriores.

De hecho, Interior llegó a señalar también que la pérdida de confianza en De los Cobos se produjo cuando el sumario de la investigación acabó publicado en medios de comunicación en marzo -como en OKDIARIO- antes de que lo conociese el propio Gobierno. Los intentos infructuosos del Ejecutivo por conseguir información de la causa a través de De los Cobos terminaron con su destitución en mayo de ese mismo año. Más tarde, la palabra «filtración» también aparecería entre el argumentario de Interior para justificar la destitución, aunque, de nuevo, sin aportar prueba alguna.

En la Dirección General de la Guardia Civil, donde se sigue este asunto con máximo interés por las implicaciones que puede tener para la escala de mando del cuerpo, se da por sentado que Interior está allanando el camino -o intentándolo- de cara a una futura destitución de De los Cobos nada más asumir de nuevo el puesto en la Comandancia de Madrid. Y lo está haciendo, básicamente, sembrando dudas sobre su desempeño y la evaluación de méritos que realizó el PP para otorgarle la confianza de ese puesto.