La Justicia investiga una nueva vía de financiación del PSOE en Cataluña en el ‘caso Acuamed’

El Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional ha empezado a investigar una nueva vía en el caso Acuamed. Una vía que apunta a un presunto caso de financiación ilegal del PSOE en Cataluña. Los hechos que se investigan se centran en las actuaciones del ex diputado del PSC y ex alcalde de Flix, Antoni Sabaté.

OKDIARIO publicó ya la denuncia de Arcadio Mateo, imputado en el caso, que señaló ante el juez la inacción de la Fiscalía y la Abogacía del Estado a la hora de investigar, entre otras cuestiones, “el contenido de la reunión solicitada por el senador del PSC-PSOE Joan Sabaté», y ello, pese a que está próximo el plazo de «10 años desde los hechos que hoy se describen y documentan», periodo en el que se activaría la prescripción”.

Acuamed se encuentra en el foco de investigación de la Justicia y de la Guardia Civil por una posible financiación ilegal del PSOE en época de José Luis Rodríguez Zapatero. La Justicia sigue la pista de 22 millones de euros destinados a publicidad electoral que benefició al PSOE y la UE ha llegado a reclamar la devolución de 217 millones de euros en ayudas destinadas a Acuamed -coordinadora del plan de obtención de agua por medio de desaladoras-. Pero el ex director general de Acuamed e imputado en el caso, Arcadio Mateo, explicó en su declaración del 19 de febrero de 2020 ante el juez, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, su reunión del 5 de marzo de 2012 en la que el antiguo senador socialista Joan Sabaté le informó de sus gestiones, teóricamente no remuneradas por Acuamed, para lograr que el proyecto de descontaminación química del embalse de Flix fuera exitoso.

Arcadio Mateo apuntó a la comisión de posibles irregularidades relacionadas con la obra de Flix (Tarragona), hechos que no habían producido ninguna diligencia de investigación, ni por la Fiscalía Anticorrupción, representada por la Fiscal Inmaculada Violan, ni por la Abogacía del Estado, las dos únicas acusaciones existentes en la instrucción que se realiza desde 2016.

En esa denuncia se aportó documentación sobre la contratación en 2011, realizada como persona física, por Antoni Sabaté, con el objeto de realizar un extenso servicio de coordinación, apoyo logístico y relaciones institucionales en el ámbito de la Cuenca Hidrográfica del Ebro y cuencas internas de Cataluña, cuya responsable, como Subdirectora de Construcción era, en aquellas fechas, Gracia Ballesteros.

Los trabajos de Antoni Sabaté

A raíz de esta denuncia, el Magistrado García-Castellón solicitó a Acuamed la documentación relativa a la adjudicación a Antoni Sabaté del contrato de coordinación, apoyo logístico y relaciones institucionales y especialmente, toda la documentación relativa a los trabajos realizados y pagados por Acuamed. Esta documentación fue entregada en el Juzgado por la empresa de aguas el 24 de mayo. Sin embargo, no se ha aportado por parte de Acuamed documentación alguna relativa a los trabajos realizados por Antoni Sabaté.

Hay que recordar que Gracia Ballesteros fue una de las tres denunciantes del llamado caso Acuamed -investiga a la ex cúpula de esta empresa pública por supuestamente favorecer a determinadas constructoras inflando los precios de las obras- y que acabó imputada por hacer lo mismo que denunció.

Ballesteros, de hecho, ha sido investigada por modificar supuestamente las puntuaciones de una adjudicación para favorecer a una determinada empresa, Contratas Vilor. La acusación de la Fiscalía sobre Ballesteros se basa en que, junto a su empleado Vicente Botella, manipularon a finales de 2013 y principios de 2014 el concurso de adjudicación de ‘Trabajos de implantación del Plan de Emergencia de la balsa de regulación del Río Belcaire 0B/02/13’ para «que la adjudicataria de esta obra -tal y como finalmente ocurrió- fuera, entre las tres sociedades que se presentaron al concurso, la empresa Contratas Vilor», como señalan la documentación puesta a disposición judicial.

Pero no se trata de las únicas cuestiones en investigación, o pendientes de serlo, a juicio de Arcadio Mateo. A lo largo de más de tres años, Mateo denuncia que ni la Fiscalía Anticorrupción, ni la Abogacía del Estado, prácticamente han investigado los pagos fijos mensuales de 5.833 euros a la empresa Bassat Ogilvy por servicios de «asesoría en comunicación» y de 9.700 euros fijos mensuales a la Fundación privada Institut Cerdàpor servicios de «asesoría y acompañamiento continuo en el proceso de posicionamiento local».

Según indica la versión de Arcadio Mateo en su escrito, fueron 15.533 euros fijos mensuales, pagados durante años bajo control de Gracia Ballesteros y Azahara Peralta, denunciantes del caso Acuamed, que escondidos como tablestacas (un tipo de pantalla) de la obra, nunca han sido investigados. Y, además, ahora se une la posible prescripción de la adjudicación, el caso del destacado dirigente del PSC de Tarragona Antoni Sabaté, que dejó de cobrar sus servicios dos meses antes de la visita al Director General de Acuamed del senador socialista Joan Sabaté.