Junts aprieta a Sánchez: le exige medidas para que el Supremo amnistíe la malversación de Puigdemont

La fuga de Carles Puigdemont ha supuesto un impulso para Junts, que aprieta en sus reclamaciones al Gobierno. El partido separatista quiere aprovechar su posición de fuerza y la debilidad de Pedro Sánchez para renegociar el acuerdo que facilitó la investidura con el apoyo de sus siete diputados. Pero, además, Junts centra sus exigencias en su principal ambición: que los jueces apliquen la Ley de Amnistía en toda su extensión, y esto afecta especialmente a Puigdemont. Sobre el ex presidente catalán pesa el delito de malversación, que el Tribunal Supremo ha declarado no amnistiable. Ésa es la razón de la orden de detención que se mantiene vigente y que obligaba a su arresto durante su permanencia en territorio español, algo que, como es sabido, no sucedió.

El Gobierno ya ha dado pasos para tratar de satisfacer las ambiciones de Junts. El ministro de Transportes, Óscar Puente, acusó este lunes al Tribunal Supremo de haberse «extralimitado» al rechazar aplicar la amnistía a Puigdemont por el delito de malversación, lo que implica que la orden de detención nacional contra el ex presidente catalán se mantenga activa. Puente, no obstante, matizó que el Gobierno «ha hecho lo que podía y lo que debía» y que ahora es turno de que los jueces hagan «lo que corresponde, que es interpretar las leyes con arreglo, sobre todo a su tenor literal».

Se trata de una cuestión compleja para el Ejecutivo socialista pero que tendrá que gestionar de cara a lo que resta de la legislatura. Los negociadores de la Ley de Amnistía trataron de pulir el texto de forma conveniente para que acogiese también el delito de malversación que se le atribuye a Puigdemont, pero el juez Pablo Llarena determinó que esa conducta no sería amnistiable en aquellos actos en los que hubiese existido propósito de enriquecimiento o cuando afectase a los intereses financieros de la Unión Europea. Según el magistrado, esto ocurriría precisamente en el caso de Puigdemont.

«Los actos de disposición del patrimonio de la Administración estuvieron radicalmente vinculados a un beneficio personal y tuvieron un marcado carácter patrimonial, habiendo permitido que los encausados obtuvieran determinados bienes y servicios sin disminución de su peculio o patrimonio», concluía Llarena en un auto emitido a comienzos de julio, en el que determinaba que los responsables del procés «endosaron sus gastos a la Administración autonómica, sin que la iniciativa respondiera a la satisfacción de ningún interés público. Y lo hicieron aprovechando sus responsabilidades en la Generalitat de Cataluña, no para proporcionar enriquecimiento a otras personas, sino para no tener que atender ellos el coste inherente a sus iniciativas personales».

Que Puigdemont sea amnistiado es una cuestión nuclear para Junts, que abordará en la próxima reunión de la mesa de negociación que quiere convocar con los socialistas. Una negociación que se celebra con un mediador internacional y fuera de España, habitualmente en Suiza. El tema estará sobre la mesa del próximo encuentro y, según las «decisiones» y «acciones» que tome el Gobierno de Sánchez con respecto a los jueces, el partido actuará en consecuencia.

El Ejecutivo, de entrada, tiene poco margen para ejecutar la amnistía sobre Puigdemont y otros casos que los jueces estimen que no se acogen a la ley, pero Junts descarga su responsabilidad en Pedro Sánchez. En el partido no han gustado las declaraciones de Félix Bolaños, el viernes, cuando -sobre la huida de Puigdemont- afirmó que «España es un Estado de derecho donde la ley se cumple y donde se han de cumplir los mandatos judiciales que emanan, en este caso, del Tribunal Supremo». En Junts condicionan ahora el pacto suscrito con el PSOE a que se aborde esta cuestión.

Acuerdo

Junts ya pasó de las palabras a los hechos hace escasas semanas, cuando dio un serio aviso a los planes de Sánchez tumbando la aprobación de la senda de déficit que se votaba en el Congreso de los Diputados. Era el primer paso para la aprobación de los Presupuestos. Los separatistas hicieron valer así sus siete votos, claves para que el Ejecutivo pueda sacar adelante sus iniciativas. Ese golpe se producía mientras PSOE y ERC avanzaban en su negociación para la investidura de Salvador Illa, un pacto que no ha gustado nada a Junts. El partido de Puigdemont avisa que su apoyo no es gratuito y que negociará ley a ley, lo que somete a Sánchez a una debilidad permanente.

El acuerdo con Junts recoge aún varias carpetas de enorme relevancia, como la del «reconocimiento nacional». En este ámbito, «Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución», mientras que «el PSOE defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña». Queda aún por ver cómo se materializa.