Junts anuncia que votará ‘no’ a la amnistía si el PSOE no incluye todo el terrorismo y la alta traición

La ejecutiva de Junts acuerda que «no podrá votar a favor de la Ley de Amnistía» si no da garantías a los investigados por terrorismo y alta traición en el caso Tsunami y en el Voloh, ha informado la formación en un comunicado.

El partido que lidera Carles Puigdemont apunta que votará en contra si el PSOE no acepta cambios para blindar la norma ante posibles intentos de «boicot» por parte de «diversos estamentos judiciales».

Desde Junts han afirmado que «siempre ha defendido que la Ley de Amnistía debe incluir a todos y ha de ser de aplicación inmediata». «La propuesta de amnistía que se vota hoy no garantiza estos dos objetivos, sobre todo vista la deriva de diversos estamentos judiciales para boicotear la ley y dejar a muchos independentistas fuera», ha apuntado el partido independentista en el documento que ha difundido para defender su postura.

Junts ha explicado que siguen abiertos a negociar «hasta el último minuto para introducir cambios para alcanzar estos objetivos». En todo caso, los independentistas han aclarado que si las exigencias para incluir a todo el terrorismo y la alta traición «no se aceptan, Junts no podrá votar a favor de la ley».

La ejecutiva del partido se ha reunido este martes por la mañana de forma telemática para hacer seguimiento de las negociaciones con el PSOE, que aseguran que continúan abiertas.

El pleno del Congreso llevará a votación esta misma tarde la proposición de Ley de Amnistía, y en el caso de que no supere esta votación, la ley volvería a la Comisión de Justicia. El organismo debería de volver a redactar otro dictamen y enviarlo de nuevo al pleno del Congreso de los Diputados.

Esta decisión ya la había insinuado esta mañana el que fuera secretario general del Junts Jordi Sánchez cuando ha dicho que consideraba «ilegítimas» las decisiones de algunos jueces de cara a poner trabas a la tramitación de la Ley de Amnistía.

El ex dirigente del partido había puesto en duda lo que «pasará esta tarde» cuando ha argumentado que «hay motivos de preocupación» porque «no se ha encontrado un punto de equilibrio» entre las pretensiones de Junts y lo que el PSOE estaba dispuesto a aprobar.

Caso Voloh

La causa que está investigando el juez instructor Joaquín Aguirre podría salpicar a Puigdemont con un delito de alta traición por haberse reunido, según consta acreditado en el sumario, con intermediarios rusos, entre los que está el empresario Nikolay Sadovnikov. Las citas tienen especial calado por la fecha en la que se producen: el día previo a la jornada que se pretendía proclamar la independencia de Cataluña.

El juez considera que existe «abundante documentación» que muestran «datos que identifican a personas y confirmarían las estrechas relaciones personales existentes». El independentismo, según el magistrado, podría haberse reunido con «los servicios secretos rusos y otros miembros influyentes de partidos políticos de la extrema derecha alemana o italiana con intereses en establecer relaciones de influencia política y económica con el gobierno de Catalunya, si este se independizaba de forma unilateral de España».

El delito de alta traición, en el que podría entrar los hechos que describe el juez, están tipificados con pena de prisión de seis a doce años, según el artículo 584 del Código Penal. Ese precepto legal castiga a todo «español que, con el propósito de favorecer a una potencia extranjera, asociación u organización internacional, se procure, falsee, inutilice o revele información clasificada como reservada o secreta, susceptible de perjudicar la seguridad nacional o la defensa nacional».

La redacción actual de la Ley de Amnistía también dejaría fuera de su aplicación los delitos de alta traición, por lo que esta norma no podría eliminar los crímenes asociados a estos tipos, y, por tanto, amnistiar a Puigdemont, si finalmente fuese imputado y condenado por ello.

Caso Tsunami

Otro de los casos que ha puesto en cuestión la aplicación de la Ley de Amnistía ha sido la causa que está instruyendo el juez Manuel García-Castellón. El magistrado investiga los presuntos delitos de terrorismo que podrían haber cometido los responsables de los Comités de Defensa de la República (CDR) y Tsunami, así como a al ex presidente Puigdemont y a la dirigente de ERC Marta Rovira.

El PSOE pactó con Junts unas enmiendas transaccionales en las que incluía los delitos de terrorismo dentro de los tipos amnistiados por la ley, excepto cuando se tratasen de crímenes cometidos «de forma manifiesta y con intención directa» y cuando «hayan causado violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario».

Después de ello, un auto del juez García-Castellón describió los actos que ocurrieron durante las protestas contra la sentencia a los políticos del procés, en los que fueron heridos policías, como «incompatibles con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución española, y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos». Un delito que, por tanto, se quedaría fuera de los hechos que amnistía la medida de gracia.

Uno de los argumentos que alegó el magistrado fue que «la gravedad de esta acción, la repercusión pública que tuvo y el notorio interés mediático que motivó la hospitalización de los agentes lesionados, llevó incluso a que el presidente del Gobierno en funciones en aquel momento, acompañado del ministro del Interior acudiera a visitarles al hospital donde permanecían ingresados».