Junts amenaza a los jueces con «consecuencias penales» si no acuden a las comisiones de ‘lawfare’

El independentismo aprovecha la pasividad del Gobierno en la defensa de los jueces para elevar sus amenazas al Poder Judicial, a quien acusa de hacer política con sus procesos. El portavoz de Junts, Josep Rius, ha amenazado a los jueces con «consecuencias penales» si no acuden a las comisiones de lawfare que se constituirán en el Congreso de los Diputados. El portavoz del partido de Carles Puigdemont, cuyos siete diputados convirtieron a Pedro Sánchez en presidente, asegura que esas comparecencias son «de obligado cumplimiento, y en caso contrario puede haber las consecuencias penales previstas actualmente».

El político secesionista ha explicado que esta aclaración viene después de que algunos jueces estén buscando una vía para «eludir» su presencia en las comisiones de investigación. El portavoz del partido del fugado Puigdemont ha aclarado que esas comisiones de investigación estudiarán «la actuación de la cúpula judicial, y podrán citar a algunos jueces, algunos de los más activos en la guerra sucia contra el independentismo».

Con esta declaración, Junts persigue la presencia de jueces y políticos en las comisiones de investigación en relación con el lawfare, abiertas con el apoyo del PSOE tras acordarlo en el pacto para investir a Pedro Sánchez.

Señalamiento en el Parlament

El independentismo ya había iniciado varias comisiones en el Parlament catalán en las que citaron a jueces y políticos que, finalmente, no comparecieron ante la Cámara autonómica. Sus ausencias motivaron una denuncia de la mesa del Parlamento regional contra los ausentes: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el juez del Tribunal Supremo encargado de controlar judicialmente al CNI, Pablo Lucas; y varios ministros del Gobierno.

Esta denuncia venía fundamentada en el Reglamento de la Cámara autonómica. En su artículo 68.3 se explica que «si la persona convocada desatiende, voluntariamente, el requerimiento de comparecer ante una comisión de investigación, la Mesa del Parlamento debe dar cuenta de ello al Ministerio Fiscal, a efectos de sustanciar la responsabilidad penal que pueda corresponderle». Sin embargo, acabó siendo archivada por la fiscalía.

«Personas indecentes»

La declaración sobre las comisiones de lawfare ha llegado escasos días después de que la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, vertiese ataques contra los jueces que han sentenciado en causas vinculadas con el procés. La política secesionista dijo desde la tribuna de oradores sin que interviniese la presidenta del Congreso que «en un país normalizado democráticamente, una serie de personas indecentes deberían de ser cesadas y juzgadas». Acto seguido, señaló directamente a «Espejel, Lesmes, Llarena, Lamela y tantos otros», a los que describió como «togados franquistas».

Nogueras también se refirió, con nombres y apellidos, a periodistas concretos y los acusó de «fabricar o difundir falsas pruebas». «Ana Rosa Quintana, Mauricio Casals, Ferreras», dijo la compañera de partido de Puigdemont en el Pleno en el que se tomó en consideración la proposición de ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. Josep Rius ha censurado los «ataques recibidos» contra ella desde la cúpula judicial.

«Ataque personal en el Parlamento»

El Poder Judicial se pronunció duramente contra estas palabras de Nogueras. En primer lugar, fue el presidente en funciones del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, el que denunció en un comunicado «el ataque personal en el Parlamento al anterior presidente del Tribunal Supremo, a un presidente de Sala y a dos magistrados del tribunal». Un hecho del que decía que «carece de precedentes y no se corresponde con los requisitos mínimos de la separación de poderes en un Estado de Derecho». El mensaje llegó de la mano de la cancelación de la reunión entre Marín y el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, se pronunció en esa línea durante el acto de entrega de los Premios del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. La cabeza del órgano de gobierno de los jueces pidió a los políticos que dejasen de «minar la confianza de los ciudadanos en la Justicia» y que «rebajen la tensión». «Déjennos en paz», sentenció Guilarte.