El Poder Judicial muestra su «repudio» a las comisiones para el ‘lawfare’ autorizadas por Sánchez

La constitución de dos comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados con el visto bueno de Pedro Sánchez ha provocado una nueva declaración oficial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para mostrar «repudio» a esas iniciativas para buscar «responsabilidades» de los jueces. En particular, PSOE ha pactado con Junts comisiones parlamentarias sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017 y sobre la llamada operación Cataluña.

De esta forma, este martes, la Comisión Permanente del CGPJ ha insistido en su rechazo a las referencias al lawfare. Además, avanza que seguirá muy vigilante del desarrollo de esas comisiones de investigación en la Cámara baja. Todo para asegurar la defensa de la independencia judicial.

Los vocales de esta institución del gobierno propio de los jueces ha decidido repetir el comunicado aprobado por este mismo órgano el pasado 9 de noviembre, en el que manifestaba su frontal rechazo a la constitución de esas comisiones parlamentarias que puedan desembocar en la tipificación de responsabilidades derivadas de supuestos casos de lawfare institucional.

El acuerdo se ha llevado a cabo en un encuentro extraordinario impulsado por los vocales José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona y Carmen Llombart después de que la Mesa del Congreso de los Diputados haya aprobado la creación de las dos comisiones de investigación citadas.

El texto ha salido adelante gracias el voto de calidad del presidente del CGPJ en funciones, el vocal Vicente Guilarte, después de que este y las vocales Roser Bach y Mar Cabrejas expresaran su apoyo al texto. Por su parte, los vocales que han tomado inicialmente la iniciativa –José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona y Carmen Llombart– han votado en contra y han realizado un voto particular por entender que el acuerdo es insuficiente y requería ser más extenso. La vocal Pilar Sepúlveda ha votado en blanco.

El comunicado aprobado el pasado 9 de noviembre a la vista del texto del acuerdo suscrito por el PSOE y Junts decía: «Ante las inadmisibles referencias, que lo son tanto semántica como sustantivamente, al lawfare –judicialización de la política– contenidas en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts con la finalidad de facilitar la investidura y, especialmente, frente al anuncio de la eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación que puedan llegar a determinar lo que ambiguamente se denominan ‘responsabilidades’ derivadas, precisamente, de advertirse situaciones de lawfare, nos hacemos eco y compartimos el frontal rechazo a tales iniciativas, en línea con lo ya manifestado por la totalidad de las asociaciones judiciales».

«Tal repudio se funda, de manera muy justificada, en la evidencia de que ello implica potencialmente someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros Tribunales que, por otro lado, entendemos se produjeron de forma plenamente acorde con la legalidad entonces enjuiciada. Por todo ello, la iniciativa apuntada implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes. La continuidad de tal iniciativa parlamentaria, de llegar a materializarse, determinaría nuestra más frontal oposición a través de los cauces legalmente establecidos», agregan.

Por último, remarcaban el «apoyo real y no meramente nominal a todos los órganos del Poder Judicial con ocasión de las futuras actuaciones que puedan llevar a cabo en el marco de la legalidad en cada momento, vigente garantía última de los derechos y libertades de todos nuestros ciudadanos».

Voto particular

Al entender que el texto original se queda corto, tres vocales han elaborado un documento adicional en el que citan varias referencias clave. Lamentan que Carles Puigdemont, un prófugo de la justicia tal como recuerdan, amenace en un medio de información europea a los jueces comparando la inclusión del término lawfare en el acuerdo con el PSOE con la cabeza de caballo en la película El Padrino, la saga sobre la mafia de Francis Ford Coppola. «El término lawfare es como la cabeza de caballo en El Padrino: es una advertencia de que hablamos en serio», dijo el ex presidente catalán.

Igualmente afean que Sánchez en sus recientes manifestaciones en televisión, confirma, cuando se le pregunta, la existencia de lawfare en España, del que incluso pone supuestos ejemplos. «O las no menos explícitas del ministro de transportes quien, ante la pregunta de si existían casos de guerra jurídica en nuestro país, ha respondido tajantemente: «Esto es como las meigas; uno puede no creer en ellas, pero haberlas haylas». Casos de ‘lawfare’ sin duda hay en este país. Y negarlo es un gesto de cinismo. Yo creo que el Poder Judicial tampoco puede agarrarse al corporativismo y decir que no hay casos de ‘lawfare’ en España porque los hay, los ha habido y están demostrados».

«Este conjunto de declaraciones, las comisiones de investigación en fraude de ley, o el planteamiento de sorprendentes querellas conforman y preparan un inadmisible e injustificado clima de agitación y propaganda contra jueces y magistrados que, sin embargo, se han limitado a aplicar, con las garantías propias de un juicio justo según los más más altos estándares del Estado de Derecho, leyes, como el vigente código penal, aprobadas por las Cortes Generales nacidas de la Constitución Española», zanjan los vocales.