El CGPJ reactiva el amparo a García-Castellón y apunta al ex secretario de Estado de Justicia del PSOE

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) va a reconsiderar su decisión de paralizar la petición de amparo que formuló el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, frente a las calumnias realizadas contra él. El magistrado se sintió cuestionado por el ex secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez; la portavoz del Govern, Patricia Plaja; y amplió su denuncia a Gabriel Rufián tras sus ataques en el Congreso. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, ha comunicado en el Pleno de este jueves, ante todos los vocales, que estudiará esta petición en la próxima Comisión Permanente. Estas mismas fuentes señalan que Rufián podría beneficiarse de su inviolabilidad como diputado, pero Tontxu Rodríguez no ya que no es parlamentario. Ninguno de los denunciados han presentado alegaciones y ya ha expirado el plazo para que pudieran hacerlo.

El pasado 16 de noviembre, el juez Manuel García-Castellón pidió amparo al órgano de Gobierno de los jueces. Tontxu Rodríguez le acusó de querer «influir» en la negociación para la investidura de Sánchez y Patricia Plaja señaló que a los que les toca impartir justicia «buscan no sólo condicionar negociaciones políticas, sino castigarlas, prevaricando». A los ataques de Rodríguez y Plaja se sumaron las palabras de Gabriel Rufián en las que acusó a García-Castellón de formar parte de una «guerra judicial» contra el independentismo para favorecer al PP y Vox.

Tras escuchar estas declaraciones, García-Castellón redactó un escrito  dirigido al CGPJ pidiendo amparo. El juez señaló en dicho documento que sufre «una perturbación» en su independencia «en la medida que, quien afirma lo anterior, es el titular de la Secretaría de Estado de Justicia, órgano a quien corresponde, entre otras funciones, las de apoyo y cooperación con la Administración de Justicia o la promoción de los Derechos Humanos en el ámbito de competencias del Ministerio». Manuel García-Castellón también remitió un escrito a la Fiscalía General del Estado al considerar que las afirmaciones difundidas podrían suponer la comisión de un delito de calumnia con publicidad.

En un primer momento, el CGPJ admitió a trámite esta petición, aunque después la paralizó, ya que García-Castellón envió una exposición razona al Tribunal Supremo para que asumiera la causa Tsunami. El principal motivo de este movimiento es que en la investigación existen imputados aforados como Carles Puigdemont o Ruben Wagensberg que deben ser juzgados por el Alto Tribunal. Fue entonces cuando los vocales apostaron por paralizar el expediente temporalmente y esperar a la respuesta del Supremo. Los miembros del CGPJ argumentaron que sólo se puede amparar al juez si está instruyendo la causa en el momento que se produce el amparo.

Inviolabilidad

Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que Gabriel Rufián se verá beneficiado a la hora de resolver la petición por la inviolabilidad que conlleva su cargo de diputado. El artículo 71 de la Constitución Española señala que los parlamentarios gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. De este modo, al pronunciar Rufián sus palabras en el Congreso de los Diputados, éste puede manifestarse libremente.

Caso contrario es el de Tontxu Rodríguez que no goza de esta inviolabilidad, ya que no es parlamentario electo. Rodríguez dejó su puesto como senador para ser el número dos de la ex ministra de Justicia Pilar Llop durante la última legislatura. Ahora, tras el traspaso de carteras ministeriales entre Llop y Bolaños, Rodríguez ha sido cesado del cargo para ser sustituido por Manuel Pineda.

Comisión Permanente

Tal y como adelantó OKDIARIO, es la primera vez que este CGPJ abrirá una causa para estudiar las injerencias de los miembros del Gobierno en el Poder Judicial. Será tarea de la Comisión Permanente abordar esta petición. Esta comisión la componen en la actualidad; el presidente Vicente Guilarte; los magistrados Carmen Llombart, José Antonio Ballestero y Mar Cabrejas; y juristas de reconocida trayectoria como Pilar Sepúlveda, Roser Bach y María Ángeles Carmona. Los siete vocales serán los encargados de estudiar la petición de García-Castellón en la siguiente reunión convocada.

Según ha podido saber este periódico, el órgano de Gobierno de los jueces va a incoar un procedimiento de amparo y dará traslado a las partes implicadas. Los plazos que se barajan no son urgentes, puesto que los vocales prefieren esperar a que el Supremo delibere si asume o no la causa Tsunami que lleva años instruyéndose en la Audiencia Nacional. De hecho, aunque esta semana el CGPJ tenía sobre la mesa resolver este asunto, la decisión ha sido aplazada.

El fundamento del amparo tiene como objetivo garantizar la independencia del juez en las decisiones que debe adoptar sobre el procedimiento en curso. Esta petición judicial se recoge en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en el que se considerarán actuaciones inquietantes o perturbadoras para un juez «las declaraciones o manifestaciones hechas en público y recogidas en medios de comunicación que objetivamente supongan un ataque a la independencia judicial y sean susceptibles de influir en la libre capacidad de resolución».

Además, este texto también señala que el Ministerio Fiscal podrá promover las acciones pertinentes en defensa de la independencia judicial. No obstante, el amparo se trata de una vía con escasos efectos prácticos que tan sólo podrían derivar en una llamada de atención a los denunciados.