El Supremo frena al Gobierno: no admitirá la querella de Sumar contra el CGPJ por rechazar la amnistía

El Tribunal Supremo no admitirá la querella de Sumar, partido en el Gobierno, contra los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por supuesta prevaricación administrativa. Y es que esta querella «no goza de un mínimo sustento jurídico», los socios de Pedro Sánchez la han tramitado con «el único objetivo de atacar, una vez más, a los jueces desde el Ejecutivo», señalan fuentes consultadas.

El partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz ha presentado una querella en el Alto Tribunal contra los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se mostraron críticos con la Ley de Amnistía pactada por Pedro Sánchez y Carles Puigdemont y el acuerdo que hablaba de lawfare o persecución judicial con fines políticos. Uno de los partidos que forman parte del Gobierno de España arranca así su persecución al Poder Judicial y lo hace contra los vocales que votaron a favor de ese texto y contra el presidente interino, Vicente Guilarte, que votó en blanco.

Concretamente, Sumar ha llevado a cabo acciones legales contra Guilarte y los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz, María Ángeles Carmona y Wenceslao Olea. La formación de Yolanda Díaz considera que llevaron al CGPJ a cometer una «inaceptable intromisión» en la función legislativa del Congreso, al autorizar y participar en el pleno extraordinario que aprobó la citada declaración institucional.

Así, el grupo parlamentario de la vicepresidenta segunda acusa a los jueves de cometer un delito de prevaricación administrativa. Pero esta querella no tiene recorrido judicial alguno. Los promotores de la misma ni siquiera han mostrado atención al delito tipificado en el artículo 404 del Código Penal, que dice así: «A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años».

Los miembros del Gobierno querellantes deberían haberse percatado de que la declaración del CGPJ contra la amnistía de Pedro Sánchez no era una resolución judicial, requisito indispensable para poder acusar de dicho delito a una autoridad.

Guilarte pide «rebajar la tensión»

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha criticado la querella de Sumar contra él y nueve vocales de este órgano por su acuerdo contra la amnistía a implicados en el proceso de independencia de Cataluña. Vicente Guilarte lamenta que sea «una maniobra política que no tiene mucho sentido y si lo que estamos es intentando buscar fórmulas de pacificación, de consenso y de renovación» del CGPJ, pues «no empezamos bien». Así, ha agregado: «Estamos intentando bajar la tensión y estas actitudes, yo creo que no van a ningún sitio».

Bolaños se desmarca

Por su parte, el nuevo ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha distanciado de la querella de Sumar. El estrecho colaborador de Sánchez aspira a «tender puentes» en esta nueva etapa y quita valor al movimiento de la vicepresidenta Díaz. Desde la cartera de Justicia, dice, hará «el mayor esfuerzo posible» para renovar el CGPJ tras 5 años caducado y lo hará con el «máximo diálogo».

Bolaños, que este mismo viernes se reúne con Guilarte, ha dejado claro que presentar esa querella es una decisión de una fuerza política «que no es el PSOE», a pesar de que se trata de uno de los miembros del Gobierno de coalición.

El PP critica el «desgobierno»

Por su lado, el PP, en palabras de su vicesecretaria de Políticas Sociales, Carmen Fúnez, considera que la querella de Sumar contra los vocales del CGPJ es un ejemplo del «desgobierno» que hay en España con Pedro Sánchez y ha enfatizado que Sumar formar parte del Ejecutivo y, por lo tanto, es el Gobierno quien promueve esa querella.