García Ortiz impone a los fiscales su posición a favor de la amnistía total por sólo dos votos

La Junta de Fiscales ha aprobado este martes pedir la aplicación total de la Ley de Amnistía a todos los delitos del procés en el Tribunal Supremo. En una sesión de alto voltaje, la cúpula del Ministerio Público ha informado sobre su posición ante el plazo de 5 días que ha abierto el juez Pablo Llarena para valorar levantar o no la orden de detención contra Carles Puigdemont. Ahora, el fiscal general, Álvaro García Ortiz, tendrá que apartar a los cuatro fiscales contrarios al borrado completo de los delitos para designar a otro miembro de la carrera fiscal que se haga cargo del caso. Un total de 19 miembros, entre los que se encuentra García Ortiz, han apoyado que se aplique la amnistía frente a los 17 restantes que han dicho que no a su propuesta y salvo una abstención.

Tras una votación ajustada, la Fiscalía traza las líneas maestras sobre cómo aplicar la Ley de Amnistía. Tras las discrepancias entre el fiscal general, Álvaro García Ortiz, y los fiscales del Tribunal Supremo, se ha celebrado este cónclave durante toda la mañana. Los fiscales del procés se oponían a perdonar la malversación en el caso del expresidente catalán Carles Puigdemont.

García Ortiz sostiene que, tras la entrada en vigor de la ley, es necesario amnistiar todas las conductas involucradas en los procedimientos y levantar las medidas cautelares, incluyendo la orden de detención contra Puigdemont. En contraste, los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena ven inapropiado amnistiar la malversación atribuida a Puigdemont y otros, argumentando que estas acciones afectaron los intereses financieros de la UE, lo cual las excluye de la amnistía según la ley.

Los fiscales defendían que Puigdemont y otros encausados desviaron fondos públicos para ejecutar un proyecto inconstitucional. García Ortiz, por su parte, decía que la malversación del procés puede ser amnistiada porque no implicó un enriquecimiento personal. Ambos coinciden en que es viable perdonar la desobediencia y los desórdenes públicos.

Fuentes fiscales auguraban un debate ajustado y se centrará en analizar las dos posturas para responder al juez instructor del procés. La Junta de Fiscales no abordará otros casos amnistiables, como el del grupo violento Tsunami o el presunto desvío de fondos para el 1-O, que están pendientes de sentencia en el Tribunal de Cuentas y de una posible cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Nuevos fiscales

Tal y como adelantó OKDIARIO, el fiscal general ha anunciado que será su número 2, Ángeles Sánchez Conde, y el fiscal jefe de lo Penal del Supremo, Joaquín Sánchez-Covisa quienes se encarguen de presentar el informe de la Fiscalía en respuesta a las providencias de 11 de junio de 2024 tanto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, como del juez Pablo Llarena.

«Estos dos fiscales se hacen cargo de la causa, en cumplimento de las previsiones del artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, coincidente con la voluntad de Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno de ser relevados la misma», ha señalado el Ministerio Público en una nota remitida a los medios. 

38 fiscales

La cúpula de la Fiscalía la forman 37 fiscales más García Ortiz. La reunión ha arrancado a las 09:30 horas. Una pequeña parte ha asistido a la cita de forma telemática, por videoconferencia. Se ha registrado un receso a media mañana.

De los 37 convocados, 17 pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación cercana al fiscal general, incluidas figuras como la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y las exjefas del Ministerio Público, Dolores Delgado y María José Segarra. Otros 9 pertenecen a la Asociación de Fiscales (AF), incluido el ex magistrado del Constitucional Antonio Narváez. Los 11 restantes no están afiliados a ninguna asociación, como el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón o su antecesor Manuel Moix. Además, 21 de los 38 fiscales que ha debatido este martes han sido designados en la etapa de Pedro Sánchez.

Fuentes fiscales subrayan que la Junta tiene carácter consultivo y que García Ortiz podrá ratificar su decisión independientemente de la postura de la mayoría. Los fiscales del procés ya adelantaron que, si García Ortiz decide aplicar la amnistía tras la Junta, ellos no firmarán el decreto, dejando esa responsabilidad al fiscal general o a otro designado.

Finalmente, serán los tribunales, y en particular el juez Llarena, quienes determinarán cómo se aplicará la ley de amnistía a los posibles beneficiarios, después de escuchar a la Fiscalía, a las defensas y al resto de partes, y su criterio puede coincidir o no con el del Ministerio Público.