Ley de Amnistía

García Ortiz entra al choque con los fiscales del ‘procés’ y les ordena amnistiar la malversación

Como adelantó OKDIARIO, Álvaro García Ortiz corrige a los fiscales del procés

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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este viernes un escrito en el que defiende la aplicación total de la Ley de Amnistía, incluyendo al delito de malversación que se le atribuye al ex presidente catalán Carles Puigdemont y a otros líderes del procés. Como adelantó OKDIARIO, el máximo responsable del Ministerio Público quiere someterles y desprecia los argumentos de los fiscales, que sostienen que la propia Ley de Amnistía y las directivas europeas impiden amnistiar aquellos delitos que hubiesen atacado los intereses financieros de la Unión Europea.

García Ortiz ha firmado este documento tras recibir, el miércoles, un informe de los fiscales del procés en el que se oponían a aplicar la norma al delito de malversación. «Procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de algunos de los encausados», argumenta el fiscal general en el escrito.

García Ortiz también señala que los fiscales del Supremo «han anticipado el planteamiento de una discrepancia» con la postura de la Fiscalía General (artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal) «sin conocer previamente el contenido de la orden o instrucción ni los argumentos en que ésta se fundamenta».

Los cuatro fiscales del Tribunal Supremo se manifestaron en contra de amnistiar la malversación, argumentando que los encausados actuaron con ánimo de lucro y que su conducta afectó a los intereses financieros de la Unión Europea.

En su informe, los fiscales Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno avisaron a García Ortiz que, si no estaba de acuerdo con su criterio y consideraba que se debía aplicar la Ley de Amnistía a dichos encausados, debería «ordenarlo por escrito de manera motivada y fundada».

Los cuatro fiscales adelantaron que, si el fiscal general proponía por escrito aplicar la amnistía a la malversación del procés, invocarían el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para elevar el asunto a la Junta de Fiscales para que se pronunciasen sobre ambas posturas. Cabe recordar que el fiscal general tiene el poder de hacer valer su criterio tras escuchar a este cónclave, tal y como establece el Estatuto.

Sin embargo, los fiscales del procés señalaron que, si García Ortiz -tras la Junta de Fiscales- impone la aplicación de la amnistía, ellos no firmarán dicho decreto, sino que deberá hacerlo el propio fiscal general u otro fiscal designado por él. Aunque consideran que no es posible amnistiar la malversación del procés, los cuatro fiscales sí ven viable aplicar la norma a los delitos de desobediencia y desórdenes públicos relacionados con el proceso independentista catalán.

Fuentes fiscales subrayan que el fiscal general del Estado, tal y como establecen los artículos 22.2 y 25 del Estatuto del Ministerio Fiscal, ha ordenado a los fiscales del procés que respondan a las providencias de los jueces del Supremo, en el sentido de que los delitos objeto de imputación y condena se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.

«Confusión»

La orden del fiscal general considera que estos fiscales confunden en su informe el «ánimo de lucro» que exige el delito de malversación con el «enriquecimiento personal de carácter patrimonial» de aquellos hechos que la Ley de Amnistía considera no amnistiables.

El perjuicio patrimonial para la Administración, resultado del delito de malversación, no es equiparable al «enriquecimiento personal de carácter patrimonial», enfatizan desde el equipo de García Ortiz.  En otro dardo a los cuatro fiscales, García Ortiz sostiene que los hechos no produjeron una afectación directa a los intereses financieros de la Unión Europea.

Los cuatro fiscales deberán responder ahora por escrito, tal como exige el Estatuto, si acatan la orden del fiscal general o invocan el artículo 27 que conllevaría la celebración de la Junta de Fiscales de Sala el próximo martes, tal como se informó este jueves.

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