García Ortiz confiesa que filtró los datos del novio de Ayuso pero rechaza que el TSJM le investigue
El fiscal general del Estado asume que dio la orden para escribir la nota de prensa
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, confiesa que filtró los datos del novio de Isabel Díaz Ayuso, pero rechaza que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid investigue la filtración que podría incardinarse en un presunto delito de revelación de secretos al difundir datos privados sobre una inspección fiscal. Álvaro García Ortiz ha presentado esta mañana un escrito ante el TSJM en el que asume la responsabilidad última de la publicación de la nota de prensa. Además, concluye que el Tribunal Superior de Justicia madrileño carece de competencia para investigar los hechos relativos a la difusión de la citada nota, ya que su publicación no se hubiera producido sin su previa autorización e instrucciones «expresas y directas».
El TSJM abrió hace tan sólo unas semanas una investigación por revelación de secretos a raíz de una querella interpuesta por el ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y la pareja de Ayuso, Alberto González Amador. Los magistrados vieron que la difusión de un escrito a los medios podría incardinarse un presunto delito y decidieron llamar a declarar los fiscales involucrados. Los fiscales tienen previsto declarar ante el juez el próximo jueves.
Sin embargo, las órdenes de difundir esta nota aclaratoria sobre el novio de Ayuso vinieron de arriba y apuntan a Álvaro García Ortiz, que ya ha asumido que fue él quien tuvo la responsabilidad última en la difusión de la nota. El fiscal general responde al magistrado instructor que había requerido a la Fiscalía Provincial información sobre «quién fue la persona física concreta que intervino en la decisión de hacer público dicho comunicado de prensa y el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado».
Previamente, el fiscal general ya asumió la responsabilidad de la nota de prensa en un acto institucional celebrado en la sede de la Fiscalía el pasado 15 de abril. Esta declaración, que se dirigía a zanjar especulaciones sobre su «notoria e imprescindible participación en la emisión de la nota de prensa», ya fue aportada a la causa que se sigue en el TSJM por el fiscal superior encargado del procedimiento.
«No añade nada que no se hubiera publicado»
Ahora, lo hace de forma oficial y fuentes de la Fiscalía General señalan que su objetivo es «proteger a las y los fiscales de Madrid -tanto de la Fiscalía de la Comunidad como de la Fiscalía Provincial- y a la Fiscalía en su conjunto». Álvaro García Ortiz reitera que la nota se emitió «para poner fin a un bulo y amparar a un compañero y extraordinario Fiscal» y para cumplir con la obligación de la Fiscalía de ofrecer información veraz a la ciudadanía. Asimismo, Álvaro García Ortiz recuerda que la citada nota no añade nada que no se hubiera publicado previamente en diversos medios, en algunos casos citando fuentes cercanas al novio de Ayuso.
A juicio del jefe del Ministerio Público resulta «cuando menos sorprendente» que sean exclusivamente los integrantes del Ministerio Fiscal los investigados judicialmente por estos hechos. Como consta en el escrito remitido al TSJM, la Fiscalía considera que es un hecho cierto que en aquellos momentos los correos electrónicos que el letrado de la persona investigada había enviado a la dirección genérica de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid «circulaban ya -sin contención alguna- por las redacciones de varios medios de comunicación».
«Cuestionar la actuación de los fiscales encargados de la persecución de acciones criminales o a su jefatura provincial o autonómica por el mero hecho de desarrollar su función constitucional y legal, cuando no existe indicio alguno respecto a su participación en la filtración de una denuncia por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental ni en la difusión de los correos electrónicos intercambiados con la defensa del presunto defraudador, es algo que como fiscal general del Estado -cúspide de un órgano de relevancia constitucional integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, que tiene como misión la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público (art. 124.1 CE)- no puedo consentir ni tolerar», asegura Álvaro García Ortiz en el escrito en el que asume la responsabilidad sobre la difusión de un escrito aclaratorio sobre el novio de Ayuso.