El juez acusó por terrorismo a Tsunami tras el pacto PSOE-Junts en contra de lo que dice el Gobierno

El juez de la Audiencia Nacional instructor del caso Tsunami, Manuel García-Castellón, elevó al Tribunal Supremo su exposición razonada, en la que desvelaba que veía terrorismo en los actos de esa organización violenta independentista. El juez emitió esta exposición razonada después de que se firmara el pacto entre PSOE y Junts que aseguró la investidura de Pedro Sánchez.

Frente a las afirmaciones de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, acusando al magistrado de tener «cierta querencia» a realizar pronunciamientos judiciales en «momentos políticos sensibles», cabe destacar que no ha sido así. Transcurrieron exactamente 5 días entre la investidura de Sánchez en el Congreso y la elevación de la exposición razonada al Tribunal Supremo, en la que García-Castellón solicitaba la imputación del ex presidente catalán Carles Puigdemont.

Ribera ha cargado públicamente este viernes contra García-Castellón por pronunciarse «siempre en una misma dirección». Posteriormente, fuentes oficiales del Ejecutivo han reafirmado que «en el caso Tsunami, las decisiones del magistrado fueron recurridas por el fiscal, por lo que la consideración jurídica de los hechos como terrorismo están pendientes de recurso ante la propia Audiencia».

Por su parte, otras fuentes recuerdan que García-Castellón ha sido particularmente duro con el Partido Popular. Ha investigado hechos ligados a casos como Púnica, Lezo o Kitchen. Sumarios que han provocado terremotos de alta magnitud en Génova. En estos casos, la izquierda no entró a valorar los tiempos o la dirección de las decisiones.

Además de la exposición razonada por terrorismo, que llegó días después de la investidura, García-Castellón se ha pronunciado esta semana siguiendo los tiempos judiciales.

Este jueves desestimó el recurso en el que la Fiscalía se mostraba contraria a elevar el caso Tsunami al Supremo. Se da la circunstancia de que García-Castellón estaba temporalmente fuera del caso durante las últimas semanas con motivo de la tramitación de la recusación del independentismo contra él. Durante estas semanas, ha sido María Tardón quien ha ejercido de forma interina como juez responsable de la instrucción para temas urgentes. Una vez que la Sala tumbó la recusación de García-Castellón, el magistrado retomó el caso y desestimó el recurso de la Fiscalía. Cabe recordar que ese recurso contra el escrito judicial sí fue un movimiento rara vez visto, ya que lo habitual es recurrir en otros momentos procesales.

Las declaraciones de Ribera han desatado fuertes críticas en la Audiencia Nacional, entre todas las asociaciones de jueces –excepto la de Jueces y Juezas para la Democracia– y en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha emitido una declaración institucional para mostrar su «profundo rechazo».

«Estas manifestaciones son contrarias al principio de lealtad institucional, al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de derecho consolidado e integrante de la Unión Europea», han destacado los jueces.

«Nunca es buen momento»

En el seno de la Audiencia Nacional recuerdan que no instruir la causa sí sería «prevaricar» y afean que se busque aplicar la amnistía de «forma preventiva». «Los tiempos de la política no son los de la Justicia» y, casualmente, para los políticos nunca es buen momento si la resolución o decisión judicial no les gusta, remarcan.

Varias de estas voces insisten en que cuando un fiscal presenta un recurso hay plazos concretos para dar respuesta por parte del juzgado. La resolución de García-Castellón se produjo en tiempo y después de que la Sala de lo Penal tumbara el incidente de recusación que registró Josep Lluis Alay, mano derecha de Puigdemont.

«Ya está bien»

Los tiempos de ese auto, para la Audiencia Nacional, son «totalmente normales». La resolución de la Sala levantando esa recusación llegó el 15 de enero y no faltaba ninguna por resolver, por lo que el juez tenía que pronunciarse sobre el recurso del fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo.

«Es impresentable, ya está bien», afirma una de las fuentes para desvelar, a continuación, que hay mucha intranquilidad por la deriva que está tomando este tema. En todo caso, para calmar las aguas, han decidido no elevar la escalada de tensión.

En noviembre, el CGPJ estudió amparar a García-Castellón ante las críticas del que fuera secretario de Estado de Justicia Tontxu Rodríguez. El numero 2 de Pilar Llop acusó a García-Castellón de querer influir en las negociaciones de la amnistía. También se unieron a la cacería Gabriel Rufián y Patricia Plaja, altos cargos de ERC. El órgano de gobierno de los jueces esperará a la decisión del Supremo, de acoger o no la causa, para pronunciarse. El Alto Tribunal espera los posicionamientos de las partes para decidir.