El juez manda al banquillo por Kitchen al jefe del sector podemita de la Policía: Martín-Blas

El magistrado le imputa delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, encubrimiento, contra la intimidad y obstrucción a la justicia

El comisario Martín-Blas también se vio envuelto por corrupción policial en el 'caso Nicolay'

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El comisario jubilado Marcelino Martín Blas, durante su comparecencia en el Parlament de Cataluña.

El juez de la Audiencia Nacional manda al banquillo de los acusados al ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional que representa al sector podemita del cuerpo, Marcelino Martín-Blas. El magistrado ha dictado apertura de juicio de Kitchen,  en el que se investiga el operativo policial montado para espiar al entonces tesorero del PP Luis Bárcenas y robarle información sensible del partido.

En un auto el magistrado incluye todos los delitos planteados por las acusaciones (Fiscalía, Abogacía del Estado, PSOE, Podemos y la familia Bárcenas) en sus respectivos escritos y que incluyen diversos delitos como descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, encubrimiento, contra la intimidad y obstrucción a la justicia. En el caso del PSOE, Podemos y de la familia Bárcenas, además, añaden los de organización criminal o asociación ilícita, entre otros.

Además del ex jefe podemita Martín-Blas, el juez también manda a juicio al ex ministro Jorge Fernández Díaz, a quien fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, al ex director adjunto Operativo Eugenio Pino, a los responsables policiales José Luis Olivera, José Angel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, Enrique García Castaño, Bonifacio Díez Sevillano, Andrés Manuel Gómez Gordo, al comisario jubilado y principal investigado en la macrocausa Tándem José Manuel Villarejo, así como al chófer de Bárcenas Sergio Ríos Esgueva.

Respecto de Olivera, Fuentes Gago y Díez Sevillano, para los que el fiscal había solicitado el sobreseimiento provisional, el instructor rechaza esta solicitud y pide al Ministerio Público que en el plazo de tres días formule escrito de acusación antes del juicio de la Kitchen o que renuncie al mismo,

La resolución acuerda imponer unas fianzas por responsabilidad civil de 120.000 euros para Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez y Eugenio Pino, así como de 100.000 euros para Villarejo y Sergio Ríos, de 20.000 euros para Andrés Gómez Gordo y 3.000 euros para el resto, excepto García Castaño, a quien se le fija en 2.000 euros.

‘Caso Nicolay’

El abogado de Francisco Nicolás aportó una grabación en el marco del caso de la Operación Nicolay que provocó un vuelco en la investigación. Este audio fue captado mientras se reunían en secreto el comisario Marcelino Martín Blas, un inspector de la Policía y dos agentes del CNI, el 20 de octubre de 2014.

En dicha grabación emitida por Telecinco, se puede escuchar la conversación de Martín Blas con los agentes del CNI. En primer lugar, el comisario muestra su preocupación por el teléfono «pinchado» de Francisco Nicolás, ya que sospechan que podría haber comprado otro móvil para que no se escuchen sus conversaciones: «Aguantad unos días la intervención a ver si contrata otro teléfono», afirma Martín Blas.

Los agentes del CNI le confirman que el teléfono intervenido «no se ha movido» de la calle donde supuestamente vivía Francisco Nicolás. «No sé si él ha salido o no. Pero el teléfono no se ha movido de ningún modo», aseguran. Martín Blas muestra su intención de intentar intervenir otro teléfono: «Vamos a aguantar a ver si le localizamos otro teléfono. Vamos a intentar nosotros la intervención. Casi seguro que nos la niegan y nosotros, llegará un momento que ya no podamos más».

«Lavar pruebas»

El hecho más grave de la conversación se produce cuando Martín Blas se refiere a su intención de intentar «lavar pruebas» presuntamente falsas del caso Nicolás, ante el temor de haber sido descubiertos. Éste afirma textualmente: «vamos tan pronto como podamos. Para lavar lo que…». Los agentes del CNI le interrumpen: «Nosotros lo que se pueda». Martín Blas prosigue: «Es algo que yo entiendo que se puede hacer antes del lunes que viene».

De estas grabaciones, se concluiría presuntamente que el CNI tenía intención de prorrogar escuchas telefónicas al Pequeño Nicolás, el comisario Martín Blas quería intervenir otro terminal telefónico y lo más preocupante, la supuesta manipulación de pruebas por ambas partes.

Ratificado por un juez

Martín-Blas decidió emprender una guerra en los tribunales contra OKDIARIO por informar sobre sus presuntas prácticas corruptas, pero todas las denuncias, querellas o demandas interpuestas contra este medio las ha perdido.

En una de esas frustradas batallas judiciales, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el archivo de la querella que el ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, y su ex número dos, el inspector Rubén Eladio López, interpusieron contra OKDIARIO, su director, Eduardo Inda, y varios profesionales de este periódico.

En el auto del que fue ponente el magistrado Joaquín Delgado Martín, la Sección Segunda señaló que aunque algunas de las noticias publicadas por OKDIARIO pudieran incluir «expresiones con componentes exorbitantes o destemplados, lo cierto y verdad es que no concurren indicios suficientes de que las informaciones objetos de este proceso excedan del contenido del ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de comunicación».

El comisario jubilado Marcelino Martín Blas y el inspector Rubén Eladio López habían llevado ante los tribunales varias informaciones y editoriales publicados en OKDIARIO entre 2015 y 2017, así como distintas intervenciones de su director, Eduardo Inda, en televisión.

Una «crítica destemplada o ácida»

En su querella, Martín Blas sostenía que OKDIARIO puso en marcha una «campaña de difamación» contra él con el objetivo de «matarle informativamente» y apartarle de la investigación del llamado caso Nicolay.

Al respecto, la Audiencia Provincial recordó que con frecuencia se entremezclan en cualquier texto periodístico elementos propios de la libertad de expresión (que tiene por objeto «la expresión de pensamientos, ideas y opiniones», incluyendo creencias y juicios de valor) con otros propios de la libertad de información, que persigue «comunicar y recibir libremente información sobre hechos que puedan considerarse noticiables».

 

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