El policía imputado por el ‘caso Nicolay’ fustiga a periodistas y jueces como «liberado» del sindicato CEP

El inspector Rubén Eladio López Martínez, número dos del ex comisario Martín Blas en la unidad de Asuntos Internos de la Policía, expulsado por la juez de la investigación del ‘caso Nicolay’ y, más tarde, imputado por un delito de retardo en la administración de justicia, ha conseguido un destino de «sindicalista liberado» en el sindicato Confederación Española de Policía (CEP). Desde su nuevo cargo, el agente policial colabora con la Plataforma x la Honestidad y el diario Público en una campaña de desprestigio contra periodistas, magistrados y compañeros del CNP.

Rubén Eladio, al margen de su situación judicial, se enfrenta a un expediente disciplinario abierto por la Dirección General de la Policía por su condición de imputado, que queda pendiente del resultado final del procedimiento penal.

Hasta que se produzca esa sentencia, el sindicalista Rubén Eladio seguirá percibiendo el mismo salario que disfrutó en su último destino y beneficiándose de los complementos de producción y de las oportunidades de ascenso.

El inspector de confianza de Martín Blas es un profesional con poco recorrido en la Policía: nacido en 1975, ingresó en el Cuerpo a una edad tardía, en marzo de 2009, cuando ya había cumplido los 34 años, por lo que tan sólo lleva en ejercicio ocho años. Su padre es un inspector jefe jubilado de Gijón y uno de sus hermanos también es funcionario del CNP.

Según un ex alto cargo de la Policía, Martín Blas y Rubén Eladio han provocado en los últimos años un daño irreparable a la institución policial: “En sus investigaciones en Cataluña y Andorra, en la comisión judicial del ‘caso Nicolay’, en las informaciones aparecidas en los medios de Roures, en el caso Gao Ping contra policías que luego fueron absueltos, en sus relaciones con el CNI, en todo el escándalo que algunos diseñaron contra el ex ministro Jorge Fernández y ahora contra Zoido, otra vez con Público y una asociación fantasma de por medio», declaró.

Indisciplina ante la juez

Otra fuente de un sindicato policial manifestó que la corta experiencia de Rubén Eladio puede explicar el desliz que motivó su imputación por un delito de retardo en la administración de justicia. La decisión además fue adoptada por la propia juez que tutelaba su trabajo como responsable de la comisión judicial.

«Es un grave delito que atenta los principios básicos del buen policía, al vulnerar el código deontológico. La primera obligación de un profesional es cumplir con la Administración de Justicia. Es algo que se aprende en la Academia. La orden de una juez está por encima del deber de obediencia al mando”, aseguró a OKDIARIO la misma fuente sindical.

El sindicato policial CEP, donde Rubén Eladio ocupa un despacho en la Plaza de Carabanchel de Madrid, tiene su origen en la Asociación de Mandos de Policía Uniformada (AMPU) que, en 1986, cambió la M» por una «N» y se transformó en la Asociación Nacional de Policía Uniformada, dando entrada a todos los agentes del CNP. Más tarde, se fusionó con el SPPU y dio lugar a la actual Confederación Española de Policías.

La magistrada Pilar Martínez Gamo, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, que instruye el sumario del ‘caso Nicolay’, que contiene seis piezas separadas, imputó en octubre pasado al policía Rubén Eladio por hacer caso omiso a sus órdenes de cierre de la investigación. El funcionario policial era el responsable de la comisión judicial constituida por el anterior titular del Juzgado, Arturo Zamarriego, para dirigir las pesquisas de la causa contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como ‘El Pequeño Nicolás’.

Rubén Eladio, según la juez, había retrasado la entrega del último informe policial contraviniendo sus órdenes para que la instrucción sumarial siguiera abierta y así perjudicar a algunos de los encausados. La magistrada le había solicitado un informe sobre la relación de documentos policiales del sumario para darlo por concluido pero Rubén López dilató de manera voluntaria su entrega.

Tal fue el descaro y el desacato del inspector hacia la magistrado que la titular del Juzgado ordenó a la unidad policial adscrita a los Juzgados de la Plaza Castilla que registrara las dependencias donde trabajaba Rubén López y su equipo para retirar toda la documentación relacionada con el caso Nicolay. Los agentes, finalmente, se llevaron ordenadores y documentos.

Con anterioridad, el 14 de julio de 2017, la magistrada había acordado la disolución de la comisión judicial que había sido nombrada dos años. En su arranque, durante la instrucción del juez Zamarriego, el responsable de la misma fue el comisario Martín Blas que estuvo en comisión de servicios hasta su jubilación en abril pasado.

OKDIARIO publicó ayer que la Plataforma X la Honestidad (PLxH) ha emprendido desde su web oficial una campaña de desprestigio hacia la juez del ‘caso Nicolay’. La asociación acusa a la magistrada de prevaricación mientras califica de héroe al policía Rubén Eladio López Martínez.

Al mismo tiempo, la PLxH ha emprendido acciones penales contra el grupo de periodistas que más se ha significado en la lucha contra la corrupción en los últimos 35 años. La Asociación ha activado desde su web oficial y del diario Público un crowfunding en Internet para destinar los fondos recaudados a la defensa del policía Rubén Eladio.

Tal decisión, desvelada ayer por este diario, ha sorprendido a los sindicatos policiales que entienden que tendría que ser la Confederación Española de Policía (CEP) la que debería arropar legalmente a su sindicalista “liberado”. Sobre todo, si es cierto de que ha sido apartado de manera irregular de la investigación del caso Nicolay, que ha sido  represaliado por el titular del Ministerio del Interior y que está siendo perseguido por una supuesta trama periodística por investigar la corrupción, como mantiene la PLxH con la anuencia del propio Rubén Eladio.